"Este tipo de hechos siempre es dañino y más cuando ocurren con los municipios, la instancia política con la que más interactúa una persona en su vida diaria", comentó la conductora de Marca Registrada en su editorial.
$17 mil millones en déficit. Esa es sólo una de las conclusiones del informe de Contraloría sobre el Municipio de Viña del Mar. Informe final, porque ya a mediados el año pasado había hecho uno y dado la oportunidad de superar las objeciones iniciales. Se mantuvieron 56.
La Contraloría detectó, además, pagos indebidos a empresas como a la encargada del reloj de flores, a la cual se le cedieron plantas y $22 millones para ornato y retiro de escombros, cuando son gastos que la concesionaria debía solventar.
También se objetaron horas extras por trabajos nunca realizados. Los desembolsos por honorarios y horas extras suman el 15% del presupuesto municipal, mientras que no se destina ni el 5% a obras en Viña del Mar.
Hay casos de altos funcionarios que registraban cerca de 1500 horas extras al año, más de 100 en un mes, es decir, esas personas trabajaban más de 6 horas adicionales a su jornada diaria. Muy esforzados, ellos se amanecían en su escritorio día tras día.
La Contraloría envió al Ministerio Público los antecedentes y comenzó la elaboración de un sumario. Es cierto que tienen que ser los tribunales los que digan si la alcaldesa es o no responsable. Pero hay otro de los varios puntos del informe del ente contralor que es muy importante de mirar. Aquel en que señala que las cuentas públicas de 2015, 2016 y 2017 no dieron a conocer el déficit y que la información sobre el estado de las finanzas no era la verdadera.
El Contralor señala que la alcaldesa había sido advertida del déficit y que aún así no lo transparentó e incluso no fue considerado en la elaboración del presupuesto 2017.
Resulta especialmente grave, porque quiere decir que en la instancia en que la ciudadanía debe ser informada de la gestión del gobierno local, no se le dijo la verdad a los vecinos de Viña. Evidentemente así se crea una justificada desconfianza.
Este tipo de hechos siempre son dañino y más cuando ocurren con los municipios, la instancia política con la que más interactúa una persona en su vida diaria. La palabra la tiene ahora la alcaldesa y por supuesto los tribunales de Justicia.
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