"El tiempo corre y cada día que pasa es uno que se suma a la prescripción", comentó la conductora de Marca Registrada en su editorial.
Tráfico de influencias, cohecho, fraude al fisco, defraudaciones, financiamiento ilegal de campañas y asociación ilícita. Todos esos son los posibles delitos que, según reveló La Tercera, detectó la PDI en un informe de agosto del año pasado en el marco del caso tragamonedas.
Allanamientos, escuchas telefónicas y una causa que en el Ministerio Público apunta a la Asociación de Operadores, Fabricantes e Importadores de Juegos Electrónicos FIDEN y su relación con municipios, candidatos y otras autoridades.
En el informe de la PDI aparecen como posibles receptores o gestores de dinero o favores de la FIDEN políticos de diversas tendencias: Nelson Hadad, Carlos Tudela, Pablo Zalaquett, la diputada Erika Olivera y un Tucapel que para los investigadores sería Tucapel Jiménez.
Es la Justicia la que debe determinar la veracidad de estos antecedentes, pero son lo suficientemente graves como para que preocupe el estado de esta causa y el silencio que la rodea.
A pesar de que cuando el fiscal Roberto Contreras estaba a cargo, el Servicio Electoral recibió antecedentes de posibles delitos, el Servel no ha presentado querella y así el Ministerio Público está de manos atadas respecto de los delitos electorales. ¿Por qué? Porque esa fue una condición que puso el Parlamento cuando se hicieron las nuevas leyes de financiamiento político tras las causas Penta, SQM y otras.
El tiempo corre y cada día que pasa es uno que se suma a la prescripción, que en la nueva ley electoral es de 2 años a diferencia del resto de los delitos que normalmente prescriben tras 5 años. De nuevo ¿Por qué? Por que así lo decidió la clase política. O sea, o se presenta querella este 2019, o la impunidad gana una vez más.
Entre medio en el caso tragamonedas vimos una inconveniente remoción del fiscal Roberto Contreras que había avanzado muchísimo, tal vez demasiado, en esta causa. Ahora prima el silencio y al menos públicamente no sabemos de avances respecto de todos los otros delitos no electorales en que la Fiscalía sí puede perseguir antes de que prescriban.
En la primera ocasión en que se pone a prueba la nueva legislación de financiamiento de la política, como muchos temimos, no está dando el ancho. Pareciera confirmarse eso del gatopardo: cambiar todo, pero que en verdad nada cambie. Una vez más: tanto nadar, para morir ahogados en la orilla.
La defensa del mandatario aseguró que él fue víctima de acoso sistemático por parte de la mujer que, 10 años después de enviados los mensajes, presentó la denuncia en su contra.
