La periodista conductora de CNN Chile Radio reflexionó sobre la decisión de la Dipres de revocar 7 mil millones de pesos al presupuesto del Ministerio Público.
Un niño de once años fue asesinado en una cancha de fútbol en Peñaflor. Recibió tres balazos de los diez que preliminarmente se dispararon.
Cuesta imaginar el dolor de esa familia y el drama que se ha desatado ante sus amigos y conocidos.
Si hay algo en lo que creo que podemos estar de acuerdo es que cuando un niño muere producto de la violencia, hemos fracasado rotundamente como sociedad.
Mientras tanto, el mundo político sigue debatiendo sobre normas de seguridad que no avanzan o avanzan muy poco, como las reglas del uso de la fuerza o el seguimiento de la ruta del dinero en el crimen organizado que tiene a los delincuentes armados hasta los dientes.
No solo no se avanza, sino que se retrocede, alegan en el Ministerio Público.
Debido a la recomendación del Consejo Fiscal Autónomo de recortar el gasto en el presupuesto del 2025, Hacienda le restó más de 7.000 millones de pesos a la Fiscalía.
Confusa señal del gobierno, confusa.
Independiente de la opinión que se tenga del organismo que archiva las causas sin avanzar en las investigaciones, que tiene un poder difícil de controlar, que ha tenido fiscales envueltos en casos de corrupción como Manuel Guerra, es un organismo clave en la persecución de los delitos.
Basta ver los resultados del Grupo ECOH de la Fiscalía Nacional, que es este equipo especializado contra el crimen organizado y los homicidios.
Que en un año muestra buenos resultados a la hora de resolver los crímenes y que seguramente va a trabajar en el esclarecimiento de la muerte de este niñito. El ideal es que los homicidios no se produjeran para lo que deben intervenir otros organismos de prevención.
Pero quitarle dinero a los sobrepasados fiscales parece un contrasentido. Hay incluso quienes ven una especie de venganza del mundo político por las investigaciones, precisamente contra figuras del mundo político.
Mientras tanto, y también en materia de seguridad, el gobernador Claudio Orrego cruza los dedos para que el gobierno ahora sí que sí implemente el uso de las pistolas no letales taser.
Su uso ya está aprobado en el país y el gobierno le dijo a fines del 2023 que entrarían en uso en marzo del 2024, después que entrarían en uso en septiembre del 2024. Así es que habrá que ver si ahora se atiende la urgencia de una vez por todas y se anuncia la anunciada y se inicia, digo, la anunciada marcha blanca.