En medio de discusión por la nueva penitenciaría de alta seguridad que construirá el Gobierno en Santiago, la conductora de CNN Chile Radio se refirió a la desconfianza que tienen los vecinos sobre las medidas de mitigación que ha señalado el Ejecutivo para alivianar el impacto del recinto.
Los vecinos de los tradicionales barrios Rondizzoni, Beauchef y Yarur no quieren que construyan una nueva cárcel de alta seguridad cerca de sus casas.
La verdad es que cualquiera de nosotros rechazaría una construcción de este tipo en nuestro entorno, pero el Gobierno ahora insiste en su prerrogativa de la ampliación del complejo carcelario de Pedro Montt y que surgió como una carta bajo la manga tras la serie de crímenes de los últimos días.
El Gobierno se ha comprometido con medidas de mitigación, que los vecinos saben que no van a llegar o no tienen razones para creer que vayan a llegar. Hace 20 años, con la construcción de la primera cárcel de alta seguridad, se les comprometió mejorar el entorno, construir un bandejón central que aislaría en alguna medida el penal de las casas.
El bandejón hoy día es una ruina. Es espacio para el comercio informal, para los peloteros. A pesar por algunos esfuerzos por limpiar y ordenar, el bandejón es una ruina. Se comprometió también como medida de mitigación el traslado del ingreso de la ex Penitenciaría que pasaría de tener la puerta acá en Pedro Montt a la Avenida Centenario, que es el primer tramo de la calle Isabel Riquelme, que conecta con la Ruta 78. Sin embargo, ese compromiso tampoco se cumplió.
¿Por qué creerían entonces los vecinos en el compromiso actual de mitigar que promete este Gobierno? No hay nada que genere más desconfianza en la ciudadanía que las promesas incumplidas. Cuando un grupo de la sociedad es afectado por una infraestructura que supuestamente beneficia a muchos otros miembros de esa sociedad, lo mínimo es compensar.
Pero eso no ha ocurrido en el barrio ‘penal y judicial’, como lo llamó el Gobierno. Tampoco ocurrió en Tiltil, con la serie de basurales que coparon esa localidad, y se convierten en zonas de sacrificio sin esperanza ni futuro.
No es culpa de las autoridades actuales las promesas incumplidas de autoridades anteriores, se podría decir, pero es el Estado el que debe hacerse cargo de sus incumplimientos más allá de los gobiernos de turno.
Se hace urgente el establecimiento de una mesa de trabajo, pero que sea efectiva, entre los gobiernos, la municipalidad -que pasó como espectadora de esta decisión del Gobierno- y el propio Gobierno con compromisos claros y oportunos para cumplir las deudas pendientes y compensar adecuadamente a quiénes pagan los costos de vivir en el entorno de cuatro, y pronto cinco, penales que concentran el 20% de los reos del país.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
