La Defensora de la Niñez explicó que las modificaciones ingresadas ayer por el Ejecutivo proponen, entre otros puntos, eliminar una norma que condiciona el nuevo servicio a la existencia de una Ley de Garantías. Además, afirmó que se "bajan los estándares" para los organismos colaboradores de la nueva entidad.
En conversación con CNN Chile, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, se refirió al veto ingresado ayer por el gobierno al proyecto que reemplaza al Sename y señaló que “desde un inicio hemos sostenido que este nuevo servicio no constituye una reforma estructural, que era lo que se esperaba desde el punto de vista de los estándares internacionales”.
La abogada explicó que desde el organismo “teníamos esperanza en aquella indicación que hizo la comisión mixta y que condicionaba la vigencia de esta ley a la promulgación y publicación de la Ley de Garantía, una ley básica y central que nuestro país es el único país de la región no tiene”.
“Esta ley permite que este nuevo servicio pueda guiar y conducir sus actos sobre la claridad de los derechos garantizados para niños, niñas y adolescentes (NNA)“, explicó.
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La abogada explicó que el veto propone la eliminación de dicha norma transitoria. “Este servicio nuevo se inserta dentro de una lógica de sistema de garantías que, mientras no exista esa Ley de Garantías, no existe. Por lo tanto, estamos instalando un nuevo servicio en un sistema que hoy en día es inexistente“, detalló.
“Eso es lo primero pero también hay otras cosas que preocupan de este veto porque en definitiva lo que hacen es alterar significativamente el contenido de la ley“, afirmó Muñoz.
Otro de los aspectos a los que apuntó es al rol de los organismos colaboradores y aseguró que el veto “baja los estándares”. “Las exigencias que pone este proyecto son las mínimas, esperables y exigibles para que al menos tratemos de que las situaciones gravísimas de vulneración no se sigan reproduciendo”, dijo.
De este modo, señaló que entre las normas que se eliminarían se encuentra “la responsabilidad solidaria de las personas jurídicas que constituyen organismos colaboradores respecto de los daños y vulneraciones provocados a NNA”.
“También que todas las personas que se desempeñen en organismos colaboradores tienen una función pública, lo que implica que se les hace atribuibles, en caso de maltratos y vulneraciones, la posibilidad de aplicación de normas jurídicas como torturas”, añadió.
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Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
