La periodista y panelista de Tolerancia Cero destinó su minuto de confianza para abordar los resultados del informe del Poder Judicial a propósito del nivel de hacinamiento en los hogares de menores y el panorama general del Servicio Mejor Niñez.
La muerte de Lissette Villa (10 años) dentro del un centro del Sename, en 2016, causó conmoción nacional. Y derivó en la creación de un nuevo organismo, llamado Servicio de Mejor Niñez, en 2021, para que se diferenciara claramente del sename en el modo de tratar a los niños y niñas, restituirles sus derechos y garantizar su protección.
Pero la situación dista de haber mejorado de manera sustancial.
Lo dijeron informes de Contraloria, de la UDP, entre otros. Y un informe del Poder Judicial, conocido esta semana, reveló que los hogares de menores tienen un 40% de hacinamiento y advierte de la “crítica situación en la que se está atendiendo a un número significativo de niños, niñas y adolescentes, y las posibles consecuencias a las que se ven expuestos”.
Al hacinamiento se suma la situación critica de salud mental, severos daños en infraestructura, al menos 559 niños y jóvenes que presentan consumo de droga, y la descoordinación entre entes estatales que debieran proveer soluciones.
Tan dramático como todo aquello, el documento añade que 597 menores de edad “se encuentran en total abandono, sin un adulto de la familia nuclear o extensa que tenga presencia en su vida y pueda generar vinculación, para lograr el egreso”.
El informe concluye que muchos de los menores ingresados a residencias son expuestos física, psicológica y emocionalmente a una victimización y nuevos focos de vulneración, advirtiéndose la ausencia de planes de intervención.
Esto es una verguenza nacional.
Porque Justamente en el caso de niños y niñas en situación vulnerable, o sin adultos responsables en su vida, es el Estado el que debe cumplir su rol protector y garante de los derechos que se es han negado.
Y ocurre lo contrario.
Esta es una negligencia por parte del Estado que simplemente no se puede aceptar; una política pública con errores severos de diseño y de implementación, y que debiera estar en la prioridad para el gobierno, en particular para el ministerio de desarrollo social.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
