En pocos meses llegará el plazo de vigencia de la ley de servicios básicos que obliga a las empresas a no cortar el suministro a sus clientes morosos, medida que fue aprobada en el marco de las dificultades por el COVID-19. Sin embargo, la industria de distribuidoras de estos servicios han planteado sus inquietudes respecto a la normativa y la deuda que estarían acumulando millones de chilenos. Además han afirmado estar disponibles para encontrar una salida a esta problemática que podría recaer en el bolsillo de los consumidores.
En agosto de 2020 se instaló la Ley 21.249, conocida como la Ley de Servicios Básicos, que prohíbe a las empresas distribuidoras cortar el suministro de clientes morosos, al menos hasta el 31 de diciembre de 2021. Esto, en el marco de las medidas de urgencia para enfrentar las complicaciones a causa de la pandemia por COVID-19.
Sin embargo, la fecha límite se acerca y hasta el momento no existe claridad respecto a cómo podría concluir la situación de las deudas acumuladas. En esa línea es que parlamentarios de oposición han planteado la posibilidad de que el Estado condone las deudas de las personas que no puedan pagarlo, situación que complica a la industria energética.
En ese contexto es que el director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, conversó con CNN Chile, detallando las consecuencias que la medida de urgencia ha tenido en el gremio y las posibles salidas que se consideran para abordar esta problemática.
“Estamos hablando del orden de 800 mil familias que hoy día son deudoras de dos o más meses de su cuenta eléctrica y con una deuda promedio que supera los 300 mil pesos. Cuando pensamos que una deuda promedio normalmente llega a los 20 mil pesos, estamos hablando de que el monto acumulado es muy sustancial para la realidad de una familia de consumo promedio”, aseguró el dirigente de las empresas distribuidoras.
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Castillo mencionó que debido a esto, la deuda general sería de “varios cientos de millones de dólares”. Sin embargo, apuntó a que el foco de la discusión tiene que ver con el hecho de “seguir cubriendo el problema con más deuda” por parte de los clientes, lo que estaría generando una “mochila para las familias más vulnerables, que va a ser muy difícil de cubrir”.
“Sin duda como industria hemos planteado nuestra disponibilidad para plantear las distintas alternativas. Lo que no creemos que sea posible es seguir extendiendo esta ley. Sabemos que el Senado ha planteado la necesidad de armar una mesa público-privada en la cual además participen los ministerios sectoriales, de forma tal de efectivamente poder enfrentar este problema, que es un problema ya a estas alturas no de carácter empresarial, sino de carácter social”, aseveró el director de la asociación.
En esa línea, Castillo aseguró que la deuda no ha afectado ni a sus inversiones ni a sus compromisos por ley como empresas distribuidoras. Sin embargo, destacó que la situación se ha cargado mayoritariamente hacia las empresas de distribución eléctrica, que representan “el 16% de la cuenta”: “es un peso que está muy cerca de ser intolerable para este grupo“.
Finalmente, el dirigente señaló que hasta el momento han sido muy pocas las personas que se han acercado a solicitar la repactación de su deuda, cuyo límite es fijado por ley pero que también puede ser definida por los propios clientes: “Cuando hay muchas prioridades en una familia, evidentemente aquella prioridad que no tiene una consecuencia en el corto plazo, va quedando muy atrás”.
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