El Ministerio Público solicitó la formalización del Miguel Ángel Aguilera para el próximo mes de septiembre. Una decisión que fue valorada por Gustavo Toro, quien en conversación con CNN Chile enfatizó que "lo que trata de descifrar la Fiscalía es el negocio que se ha instalado en el municipio", con delitos como cohecho y lavado de activos.
Gustavo Toro (DC), actual concejal y candidato a la alcaldía de San Ramón, ha sido un actor clave en la denuncia que apunta contra el jefe comunal, Miguel Ángel Aguilera, por presuntas conexiones con el narcotráfico y delitos de corrupción. Factores que han llevado a que la Fiscalía solicite su formalización durante el próximo mes de septiembre.
En conversación con CNN Chile, Toro manifestó que “estamos muy conformes” con la decisión del Ministerio Público, y que esto demuestra que “no son hechos aislados, que el municipio se ha intervenido por la narcopolítica, donde hay hechos graves delictuales que incluso hoy día tiene figuras delictuales de crimen y que después de mucho tiempo ha sido comprobado”.
Por otro lado, el concejal manifestó que “desde que comenzamos la fiscalización ardua, hemos recibido distintos tipos de matonaje“, detallando que en un comienzo fueron funas, amenazas de muerte y “el hecho más grave fue en marzo, donde me hicieron una encerrona a las 9 de la noche en un club deportivo donde estaba los dirigentes del sector y percutaron cinco balazos“.
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“Ha sido una constante del último tiempo donde he tenido que recibir amenazas por parte de distintos actores, personas dentro del municipio que trabajan con el alcalde y también personas que están ligadas al narcotráfico”, aseveró.
Una situación que lo mantiene con “protección policial desde hace un par de meses”, pero que no ha provocado que disipe su intención de continuar indagando la materia, ya que “sabemos que lo que hoy día está en disputa es una cuestión tan importante que tiene que ver con la calidad de vida” de los habitantes de la comuna.
Según el candidato a la alcaldía, dentro de la causa de la cual es querellante se apunta a tres delitos en particular. “El primero tiene que ver con el lavado de activos, principalmente por el ingreso de dineros que no están justificados. La denuncia viene primero de la Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado, que presenta los antecedentes por al compra de su propiedad”, indicó.
A esto se suma el delito de cohecho. “Lo que nosotros estamos señalando es que hay contratos que son ilícitos. Uno de los grandes temas que ha tratado la Fiscalía, y donde también fue citado a formalizar el ex concejal José Miguel Zapata con la licitación de un paseo peatonal de la población La Bandera donde él siendo concejal se adjudicó con su empresa las licitaciones” por las que habría recibido dinero sin haber cumplido con el proyecto, dijo Toro.
“Lo que trata de descifrar la Fiscalía es el negocio que se ha instalado en el municipio de San Ramón”, y que se suma a los contratos irregulares a los que él apunta donde “hay gente que cumple labores administrativas con sueldos que superan el $1.500.000, gente que incluso no tiene preparación y solo 4to medio”.
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“El informe 181 en 2019 de la Contraloría es claro. En San Ramón se contrataron a más de 50 personas en 5 años y que tienen antecedentes graves. Hay dos personas que incluso tienen condenas por homicidio, y tienen cadena perpetua sin poder ocupar cargos públicos. Incluso personas que estaban cumpliendo condenas dentro de la cárcel y se les pagaba un sueldo”, señaló.
“El responsable número uno es Miguel Aguilera, quien comenzó este hecho histórico en Chile y que es la narcopolítica”, sentenció.
En cuanto a su carrera por conseguir el liderazgo del municipio de San Ramón, Toro indicó que “hay cierto temor, es inevitable no tener susto sobre todo por la familia. Tengo dos hijos pequeños, uno de 3 y otros de 6, pero ya estamos en esto, es una lucha y vamos a seguir adelante”.
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Por último agradeció al Ministerio Público porque “los antecedentes que he presentado dan motivo para un protección policial”, cuestionando los dichos de Aguilera quien “hace semanas dijo que esto era un montaje (…), pero la Fiscalía tiene datos para demostrar de forma fehaciente lo que ocurre y que es muy grave”.
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