La conductora de CNN Chile Radio analizó los alcances del millonario robo a la bodega de Brinks en Rancagua, que dejó en evidencia la descoordinación entre las instituciones policiales y persecutoras del Estado y una aparente mala gestión de previsión por parte de estas.
Un “choro canero” en el lenguaje de Lampa, es el líder del robo de $12 mil millones en efectivo desde la empresa Brinks en Rancagua. Hay 18 detenidos, entre ellos Jaime Beltrán Campos, que a pesar de ser un hombre joven tiene a su haber varias condenas y la autoría del asesinato de un vigilante de Prosegur en un asalto en 2015, hace 9 años, no se puede decir que el rubro es desconocido para este delincuente.
El gran golpe que dio la banda venía siendo seguido por la PDI o por lo menos informado a policías civiles, según reveló la propia institución en un comunicado de prensa emitido ayer.
En el marco del trabajo de campo por parte de oficiales, un integrante de la dotación policial de la Región del libertador Bernardo O´Higgins recepcionó antecedentes de un posible robo que afectaría a una empresa de valores de la zona, dice el comunicado que continúa aseverando que la PDI comenzó a chequear la veracidad de los antecedentes, pero que mientras se realizaba el trabajo investigativo se materializó este hecho delictual.
Si bien dicen haber puesto todos los antecedentes en manos del Ministerio Público, anoche en CNN Chile el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, informó que se abrirá una causa por omisión de denuncia y obstrucción de la investigación contra la PDI luego de enterarse, por la prensa, de que la institución policial contaba con antecedentes previos sobre el millonario robo ocurrido el 16 de agosto.
“Nos enteramos por la prensa. El director de la PDI se comunicó conmigo, pero después del comunicado”, dijo el persecutor regional, que anunció que la denuncia se radicará en la Fiscalía de alta complejidad.
Que se puede decir de este nuevo ejemplo de descoordinación entre las instituciones que persiguen delitos. El celo con el que actúa muchas de ellas llega hasta límites absurdos de no colaboración y si no fuese celo fue derechamente negligencia. En la era de la ciencia de los datos solo la falta de voluntad, o quizás otra cosa peor, puede explicar un desastre como este.
Una buena señal dentro de todo fue la baja del prefecto provincial de Cachapoal, el oficial de más alto rango que recibió la información y no la pondero adecuadamente, según la Jefatura Nacional.
Ahora lo que viene es que la Fiscalía y la PDI, que son órganos que trabajan todos los días en conjunto, una ordena, la otra ejecuta las órdenes, se enfrentarán en tribunales por este papelón.
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