La directora ejecutiva del SJM se refirió a la cifra histórica de personas que han ingresado al país por pasos no habilitados. "Son números bien dramáticos que nos tienen que preocupar y ocupar", sostuvo.
Un nuevo informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), realizado con datos de la Policía de Investigaciones (PDI), reveló que, entre enero y julio de 2021, 23.673 personas han ingresado al país por pasos no habilitados.
En conversación con CNN Chile, Waleska Ureta, directora ejecutiva del SJM, reconoció que esta cifra “es bastante dramática, ya que nos muestra un récord en los ingresos por pasos no habilitados este año”.
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La experta recalcó el hecho de que esta medición considera solo los primeros siete meses del 2021. “Ya estamos en más de 23 mil personas y el 2020, durante todo el año, cerramos en 16.900 personas aproximadamente”.
“Estamos hablando de mitad de año con un número mayor de ingresos (…) en comparación al 2020 que ya era la cifra más alta que teníamos históricamente. Entonces, son datos bien dramáticos que nos tienen que preocupar y ocupar“, añadió.
Crédito: Agencia Uno
Las crisis vividas en países como Venezuela y Haití han propiciado esta alta migración. “Estas personas migran forzadamente y eso es muy importante recalcarlo siempre, porque no es migrar por turismo o gusto, es porque en sus países se están vulnerando derechos o no se puede subsistir”, afirmó Ureta.
La directora ejecutiva del SJM explicó que en Chile existen diferentes instrumentos diplomáticos, tales como la Visa de Responsabilidad Democrática o la ley de refugio, que permitirían “tener una migración segura, ordenada y regular”. “Sin embargo, solo hay un 14% de otorgamiento de las visas“, dijo.
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“Nosotros no lo entendemos, porque se supone que la Visa de Responsabilidad Democrática tenía que ver con el tema venezolano (…) Tenemos instrumentos legales y diplomáticos que podemos usar como estas visas y la ley de refugio, pero no las estamos utilizando“, añadió.
Ureta enfatizó que “los ingresos por pasos no habilitados siguen existiendo y las expulsiones en aviones que se tienen planificados (…) tampoco resuelven el tema”. Para la experta, deben tomarse acciones desde el enfoque del derecho “con una política que acoja la crisis humanitaria que se está viviendo”.
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