La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de captura contra el ex presidente para que responda por los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. Actualmente, Morales se encuentra en Argentina, donde le fue concedido el estatus de asilado.
Para el expresidente de Bolivia, Evo Morales, la orden de aprehensión en su contra es “injusta, ilegal e inconstitucional”, y ha dicho, desde Argentina, donde le fue concedido el estatus de asilado, que seguirá en la lucha política.
La Fiscalía de Bolivia emitió esta semana una orden de captura contra el exmandatario para que responda por los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo.
¿Podría volver Morales a Bolivia ya sea en condición de extraditado o por voluntad propia?
Aquí algunas preguntas sobre la situación jurídica del expresidente de Bolivia en Argentina.
Tras un mes en México como asilado, el expresidente Evo Morales llegó a Buenos Aires el 12 de diciembre en calidad de asilado. Si bien el canciller argentino Felipe Solá dijo que ese mismo jueves se les concedería el estatus de refugiado, lo cierto se que ese proceso aún está en trámite, según el confirmaron a CNN en Español voceros de la Cancillería y del Ministerio del interior de Argentina.
Morales llegó al país junto con otros de sus exfuncionarios: entre ellos su exvicepresidente Álvaro García Linera; el excanciller Diego Pary y la exministra de Salud Gabriela Montaño.
El canciller Solá dijo entonces que un mes antes (cuando dejó su país) Morales solicitó asilo en Argentina, pero este le fue negado por el entonces presidente Mauricio Macri.
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La justicia boliviana emitió una orden de captura contra el expresidente Evo Morales por la presunta comisión de los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. Esto por el caso de los audios en los supuestamente el exmandatario, después de renunciar, discutía con un dirigente sindical cómo continuar con los bloqueos en Bolivia e impedir el ingreso de alimentos en diferentes puntos del país. CNN no ha podido confirmar ni la autenticidad del audio ni que la voz que se escucha sea la del exmandatario. Morales dijo que el video es un montaje con intención de hacerle un juicio político internacional.
Este miércoles, Morales dijo en una rueda de prensa que la orden de aprehensión en su contra “es inconstitucional y no procede” pues considera que él sigue siendo presidente de Bolivia y adelantó que habrá una “batalla judicial nacional e internacional”, sin detallar las acciones que tomará sobre la orden de aprehensión.
Morales renunció tras intensas protestas en medio de una polémica por el fraude electoral en las presidenciales de octubre de este año que lo dieron como ganador para su cuarto mandato.
El Gobierno de Áñez convocó a nuevas elecciones generales invitando a todos los partidos, pero estableciendo que Morales no se podrá presentar como candidato.
Es poco probable que Morales vuelva a Bolivia, al menos por el momento. Este miércoles en Buenos Aires, el expresidente dijo que permanecerá en Buenos Aires.
“Compañeros, dirigentes, autoridades, asambleístas vienen a visitarme y la mejor forma de operar sigue siendo desde Buenos Aires”, dijo Morales.
El martes el exmandatario había dicho que si no le permiten entrar a Bolivia buscará la forma de entrar a hacer campaña (para las presidenciales de 2020) y dijo que no tiene miedo de ser detenido, pues desde hace años ha enfrentado acusaciones en su contra.
Murillo dijo en CNN en Español que Morales tiene “una deuda” con Bolivia y que por tanto debe “rendir cuentas” ante la justicia y “pagar con cárcel” por los delitos que supuestamente ha cometido.
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Ahora bien, ¿será posible a través de medios legales?
La situación es compleja, y el mismo ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, lo reconoció en una entrevista con Fernando del Rincón, en CNN en Español.
“Obviamente va a ser un poco complicado poder detener a Evo Morales porque está en el vecino país de Argentina, pero podemos activar lo que se llama la extradición, extradición que el mismo señor Evo Morales ratificó en 2014, con el pueblo argentino”, dijo.
El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa Ponce, dijo en rueda de prensa este miércoles que la orden de aprehensión contra Morales fue entregada a la Policía, y que el país solicitará “la cooperación de la Interpol” en este caso, y que también pondrá dará a conocer esta orden judicial a la Cancillería de Argentina “para activar todos los mecanismos de cooperación interna”.
Y como el presidente de Argentina, Alberto Fernández, no reconoce a Jeanine Áñez como presidenta interina de Bolivia, esto podría complicar un eventual proceso de extradición de Morales.
Murillo dijo en CNN en Español que la solicitud a Interpol será para la captura de Morales.
Ahora bien, Argentina y Bolivia tienen un tratado de extradición, ratificado por el mismo Morales en 2014, que establece que no se concederá la extradición “si la persona solicitada por la Parte Requirente (es decir Bolivia) ostenta la condición de refugiado o asilado político en la Parte Requerida (Argentina) y el pedido de extradición proviene del país que motivó el refugio o asilo”.
Con ese estatus de asilado, o si bien se le concediera prontamente el estatus de refugiado, la protección contra la extradición es algo que la ley garantiza en los dos casos. Es decir que Morales no podría ser extraditado si existen “razones fundadas” para creer que están en riesgo su derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles.
Tanto los que han recibido la protección de refugio como quienes la han solicitado y están en el proceso, tienen la garantía de no ser devueltos a su país, ni rechazadas en la frontera del territorio, ni sancionadas por ingreso ilegal al país. De hecho, también se encuentra protegidos de la extradición, pues con solo presentar la petición para conseguir refugio se suspende cualquier decisión que la haya autorizado (en caso de que llegase a existir) y “cualquier procedimiento de extradición iniciado”.
La Convención de 1951 sobre el estatuto de los refugiados dice que ningún Estado que se acoja a esta podrá expulsar o devolver a un refugiado “donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas”.
Morales ha dicho en varias oportunidades que es víctima de persecución política por parte de sus adversarios políticos, pero Murillo ha negado que el Gobierno interino de Bolivia persiga al expresidente.
“Claramente al señor Evo Morales nadie lo está persiguiendo”, dijo Murillo en CNN en Español. “Él solo se ha metido en los problemas que se ha metido por condenar a un pueblo, por pedir que se ahogue a un pueblo, por pedir que se le quite la comida, que se cerquen las ciudades, que le corten todos los sumínistros para morir de hambre”.
Murillo agregó que el fiscal Lanchipa, que activó la orden de captura de Morales, fue un fiscal “puesto en el gobierno de Evo Morales. No es un fiscal puesto por nosotros”.
El expresidente perdería la protección si retorna voluntariamente a su país.
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Sí y no.
Aunque el pasado 12 de diciembre el canciller Solá aseguró que Evo Morales no podrá inmiscuirse en la política boliviana como parte de su compromiso como refugiado (aunque aún no tenga el estatus), lo cierto es que ni la ley local ni la Convención Internacional del Estatuto de los refugiados especifica este punto ni tampoco lo prohíbe.
Sin embargo, según ha dicho Morales en los últimos días, el expresidente seguirá siendo políticamente activo aún desde su lugar de asilo.
“Mientras tenga vida y el destino me acompañe voy a seguir en la lucha política por una Bolivia digna, soberana porque trabajamos y luchamos por los más humildes”, dijo Morales este miércoles.
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