Mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes siguen enfrentando barreras y discriminación en los servicios de salud para acceder a la ley IVE. En conversación con CNN, Kelly, quien solicitó el aborto a las 3 semanas de gestación y se lo practicaron cuando tenía 10 con un legrado uterino que demoró 13 horas, contó su experiencia.
(CNN Español) – En febrero de 2022, Colombia despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación y se convirtió en un referente para América Latina en materia de protección de derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes siguen enfrentando barreras para poder acceder a este servicio de salud en el país. ¿Qué obstáculos hay para abortar en Colombia a pesar de que existe el derecho?
“Si estoy embarazada, quiero practicarme una interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Yo no quiero ser mamá, yo no estoy lista para eso”. Eso es lo que Kelly -una joven colombiana cuyo nombre ha sido cambiado para proteger su identidad- le dijo a su médica, quien le ordenó una prueba de embarazo de sangre y le garantizó que para acceder a un aborto ese era el único requisito. Sin embargo, ese fue el inicio de un recorrido extenuante en el que dice que se enfrentó a múltiples obstáculos.
En el primer hospital al que acudió, según cuenta, le exigieron documentos innecesarios y se negaron a brindarle información sobre el proceso que debía seguir. En otra entidad le aplazaron las citas médicas reiteradamente e incluso aseguraron que no había médicos que realizaran una IVE. Además, asegura que le dijeron que en caso de efectuar el procedimiento no le darían incapacidad médica. Una serie de barreras que no solo dilató injustificadamente su acceso al aborto, sino que evidencia el aparente desconocimiento del marco legal por parte de algunos miembros del personal de salud.
Lee también: Ministra Orellana a Urruticoechea: “Las mujeres somos personas, no objetos a los que se les ‘des-hace’ algo”
En Colombia, desde el 21 de febrero, tras un fallo histórico de la Corte Constitucional, se puede abortar hasta las 24 semanas de gestación, según sus propios motivos y sin que sea considerado un delito. Después de este plazo, es legal en tres circunstancias: cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo, si el feto presenta malformaciones que lo hacen inviable o cuando el embarazo es producto de violación o incesto.
“Yo era una de las que decía: ¿Cómo van a aprobar un aborto hasta una edad gestacional tan avanzada? Pero ahora entiendo, después de ver cómo es el sistema de salud en Colombia, especialmente en departamentos como este”, dice Kelly, quien vive en Caquetá, un departamento al suroriente del país, en el que el 87,5% de los municipios tiene bajo acceso a los servicios de salud, según el Observatorio Nacional de Salud.
Kelly solicitó el aborto a las tres semanas de gestación y se lo practicaron finalmente cuando tenía 10 semanas y tres días. Le suministraron medicamentos y después le realizaron un legrado uterino, proceso que se demoró cerca de 13 horas y sobre el que ella señala que los médicos no le brindaron información clara y en el que se enfrentó a tratos discriminatorios por parte del personal de salud.
Lee también: Diputado republicano busca derogar el aborto en 3 causales
“Cuando me desperté de la anestesia, me dijeron que me podía ir. Les dije que era medianoche y me dejaron dormir en una camilla, en un pasillo (…) Cuando salí de allá, lo único que quería era irme a casa a descansar. Realmente no pensé si el proceso había estado bien o mal, solo sentía paz de que por fin se hubiera acabado todo”, dice.
CNN contactó al Ministerio de Salud y a la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología para obtener comentarios sobre casos similares al de Kelly y espera respuesta.
La situación de Kelly es la de decenas de mujeres en Colombia que pese a la obligatoriedad de la sentencia de la Corte no pueden acceder a un aborto de forma oportuna.
Entre el 22 de febrero y el 31 de mayo de 2022, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, un colectivo feminista que defiende los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, acompañó legalmente a 76 mujeres que enfrentaron barreras para acceder a la IVE. El 75% de los casos corresponden a mujeres que estaban en las primeras 24 semanas de gestación. Una cifra importante si se tiene en cuenta que el límite de edad gestacional fue clave en el debate sobre la despenalización del aborto en Colombia.
“La mayoría de mujeres interrumpen su gestación en las primeras semanas de embarazo, pero hay entre un 6 y 8%, que están en situación de mayor vulnerabilidad, y se demoran en darse cuenta de su estado de embarazo o viven en un entorno de violencia que les hace difícil salir a buscar el servicio”, asegura la Dra. Ana Cristina González, médica y una de las pioneras del movimiento Causa Justa, que promueve la eliminación del delito de aborto del Código Penal colombiano. Debido a esa vulnerabilidad, “es relevante que las instituciones de salud entiendan que la interrupción temprana de un embarazo depende de la existencia de servicios de calidad, respetuosos y oportunos”, agrega.
Lee también: Ministerio de la Mujer: “Acceder a métodos de interrupción del embarazo seguros es un asunto de salud pública”
Sin embargo, pese a que las barreras de acceso persisten, en comparación con años anteriores, según un informe sobre la implementación de la sentencia en los primeros 100 días, más pacientes han financiado su IVE a través del sistema de salud nacional. Esto representa un cambio importante porque demuestra que más mujeres pueden acceder a un aborto seguro, incluidas las que están en una situación económica de desventaja.
Abortar en Colombia a través de una entidad privada puede costar aproximadamente entre 360.000 y 990.000 pesos colombianos, es decir, entre US$ 87 y US$ 223, según datos de la fundación Oriéntame, que ofrece servicios de salud sexual y reproductiva. Una cifra elevada, si se tiene en cuenta que el salario mínimo vigente es de 1.000.000 pesos, unos US $225 al cambio actual, según el Ministerio de Trabajo.
Además, el balance de La Mesa y la fundación Oriéntame sugiere que las mujeres y personas gestantes sienten menos temor a ser perseguidas o condenadas por abortar. Desde 2006, cuando se despenalizó el aborto por primera vez, se registraron alrededor de 400 casos de criminalización por año y 346 condenas, según una investigación que analiza datos proporcionados por la Fiscalía General de la Nación. El 81,1% de las condenas son por aborto consetido y solo el 2,9% por abortos no consentidos pese a que las mujeres identifican plenamente a sus agresores.
Lee también: Kansas se convierte en el primer estado de EE.UU. en ratificar el derecho al aborto
Colombia es el país con el modelo de regulación del aborto más amplio de América Latina, seguido por Argentina, que establece como límite la semana 14 de gestación, y Uruguay y Cuba, que fija el límite en 12 semanas. Sin embargo, las organizaciones señalan que el Gobierno colombiano está en deuda con la implementación del fallo y tiene el reto de implementar una política pública integral que garantice los derechos de las mujeres y las personas gestantes.
El gobierno de Gustavo Petro ha expresado en reiteradas ocasiones su compromiso con la implementación del fallo e incluso le ha solicitado al alto tribunal a que niegue demandas que buscan reabrir la discusión sobre la despenalización del aborto. Además, el Ministerio de Salud ha señalado que trabaja en la construcción de un proyecto de reforma que incluye a las entidades prestadores de salud, donde se presentan la mayoría de barreras para acceder al aborto.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
