El presidente Nayib Bukele ha defendido su política de seguridad porque afirma que ha reducido los niveles de violencia. También ha criticado a los detractores de sus métodos al asegurar que "resguardan los derechos de los delincuentes y no los de la población honrada".
(CNN Español) – El deterioro de los derechos humanos en El Salvador es “alarmante” desde que entró en vigor el régimen de excepción, según un informe de Amnistía Internacional presentado este martes.
El informe, titulado “Detrás del velo de la popularidad: represión y regresión en materia de derechos humanos en El Salvador”, fue elaborado a partir de 83 entrevistas y tres enfoques de investigación.
De acuerdo con Amnistía Internacional, en El Salvador se estableció que hay una profundización de un enfoque punitivo y represivo en materia de seguridad pública, no hay un debido proceso penal debido al debilitamiento de la independencia judicial, y existe tortura y malos tratos hacia las personas privadas de libertad.
“El deterioro en la garantía de los derechos humanos que hemos documentado en El Salvador durante los últimos años es sumamente preocupante. La adopción de un enfoque de seguridad altamente represivo y el debilitamiento del Estado de Derecho han llevado al país a una de sus peores crisis desde el fin del conflicto armado interno”, señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El presidente Nayib Bukele, quien está de licencia para participar como candidato en las elecciones presidenciales de El Salvador, previstas para el 4 de febrero, ha defendido su política de seguridad porque afirma que ha reducido los niveles de violencia. También ha criticado a los detractores de sus métodos al asegurar que resguardan los derechos de los delincuentes y no los de la población honrada.
El régimen de excepción rige desde el 27 de marzo de 2022, como respuesta del Gobierno a un repunte de violencia que en un solo día dejó 62 homicidios. La normativa suspende derechos y garantías contempladas en la Constitución y ha permitido, según las autoridades, la captura de más de 73.000 personas.
Bukele dijo el pasado 20 de noviembre que su Gobierno estaba a punto de “eliminar” a las pandillas y que los remanentes ya no pueden operar, lo que ha permitido reducir, además de los homicidios, otros delitos como la extorsión.
Sin embargo, Amnistía Internacional sostiene que muchas de las detenciones son arbitrarias, basadas en denuncias anónimas, lo que viola derechos humanos. La respuesta del Estado, según el informe, tiende a ocultar, minimizar y deslegitimar estos hechos, negándose a reconocer e investigar diligentemente los abusos.
A partir de los resultados del estudio, Amnistía Internacional alerta sobre lo que considera una gradual sustitución de la violencia causada por las pandillas por violencia estatal, cuyas principales víctimas siguen siendo las comunidades pobres, que en el pasado fueron acosadas por estos grupos delictivos. Además, asegura que existe acoso y estigmatización contra quienes defienden y promueven los derechos humanos y la transparencia.
“Lo que estamos presenciando en El Salvador es una repetición trágica de la historia, donde la violencia del Estado está reemplazando gradualmente la violencia de las pandillas, dejando a las mismas comunidades vulnerables atrapadas en un ciclo interminable de abusos y desesperanza”, indicó Piquer.
Sin embargo, el oficialismo en El Salvador ha dicho que los números revelan una realidad distinta a la de los informes en materia de seguridad. Para 2023, el Gobierno estima que la tasa de homicidios cerrará en 2,3%. En 2022, fue de 7,8% y en 2021 el porcentaje de muertes violentas llegó al 18,1%.
Amnistía Internacional recomienda una vez más al Estado salvadoreño cesar las violaciones de derechos humanos derivadas del régimen de excepción, derogar las reformas legales que vulneran el debido proceso y anulan garantías judiciales. Sin embargo, las autoridades han dicho que continuarán solicitando nuevas prórrogas, mientras consideren que aún falten pandilleros por capturar.
