El vocero presidencial, Manuel Adorni, emplazó a los manifestantes que se hagan cargo del gasto que hizo el Gobierno en el despliegue policial en las manifestaciones, señalando que "se estima que el costo total fue de 60 millones de pesos y esta será la factura que presentaremos a las organizaciones sociales". En CNN Chile revisamos la idea que subyace esta nueva forma de enfrentar las protestas.
“Un país en el que quien corta la calle, violando los derechos de sus conciudadanos, no recibe la asistencia de la sociedad, puesto que en nuestros términos: el que corta, no cobra“, señaló de manera enérgica el presidente Javier Milei en su discurso en la explanada del Congreso tras realizar su juramento ante la Asamblea Legislativa.
Ese sería el primer anuncio de lo que vendría los próximos días, y la primera gran protesta contra el gobierno entrante.
El puntapié inicial fue con una manifestación que se realiza todos los años, para recordar las protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001 que terminaron con la salida del presidente de ese entonces, Fernando De La Rúa.
En ese contexto, el presidente Milei, a través de una cadena nacional, anunció: “He firmado un Decreto de Necesidad y Urgencia para comenzar a destrabar este andamiaje jurídico, institucional y opresor, que ha destruido nuestro país”.
El presidente Milei, acompañado de su gabinete, realizó una cadena nacional para anunciar el Decreto de Necesidad y Emergencia.
En las afueras de la Casa Rosada ya se podían percibir los sonidos de los cacerolazos y el rechazo ante este plan económico.
El decreto contiene más de 300 medidas y declara la emergencia económica por un periodo de dos años. Estos son algunos de los cambios:
• Derogación de la Ley de Alquileres.
• Derogación de la Ley Abastecimiento.
• Derogación del observatorio de precios del Ministerio de Economía, señalando que es “para evitar la persecución de las empresas”.
• Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas.
• Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización.
• Modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino.
La respuesta de las organizaciones fue inmediata y se opusieron al plan de Milei. Por su parte, el Ejecutivo también desplegó sus anuncios ante las protestas.
📌 El secretario General de la #CGT, #PabloMoyano, dijo que se rechaza el DNU y manifestó: "Que @PatoBullrich no se haga la guapa, se ve que extraña la época del 76, Bulrich no te tenemos miedo, estas medidas afectan a un 90 % de la población". pic.twitter.com/z2aYQjNDwj
— infocamioneros (@cgt_camioneros) December 22, 2023
Más allá del hacer efectivo el lema “el que corta, no cobra”, la postura gubernamental de la administración de Milei sobre las manifestaciones públicas también traerían consigo el traspasar la responsabilidad del aparato estatal hacia los que organicen manifestaciones. Al menos en lo que respecta al operativo policial requerido en estas instancias.
“Vamos a requerir a las organizaciones que se hagan cargo de este gasto, el cual no le corresponde a la ciudadanía”, afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni. “Se estima que el costo total fue de 60 millones de pesos y esta será la factura que presentaremos a las organizaciones sociales”, agregó.
Jaime Abedrapo, académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián (USS), explicó a CNN Chile que en un escenario donde Argentina se encuentra carente de reservas monetarias y/o presupuestarias, se han “impulsado lineamientos políticos que buscan restringir la acción de las organizaciones sociales contrarias ideológicamente a las propuestas liberales en lo económico”, y agregó que “la liberalización económica va de la mano con acciones restrictivas en materia de libertades políticas”.
Y la factura no demoraría. En específico, el gobierno busca cobrarle a 14 organizaciones sociales:
— Ministerio Seguridad (@MinSeg) December 22, 2023
“La estrategia impulsada por el Gobierno tiene una dependencia alta de los propios tribunales federales, lo que deberán resolver si dar admisibilidad o no las denuncias y demandas del gobierno”, planteó Abedrapo.
La cartera de Seguridad, a cargo de la excandidata Patricia Bullrich, publicó un protocolo de seguridad previo a las protestas. Se trata de la resolución 943/2023, que faculta al Ministerio de Seguridad, a través de sus servicios jurídicos, demandar judicialmente a las organizaciones, además de las personas individuales que resultasen responsables del “costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos”.
“Asimismo, se remitirán los datos a la jurisdicción pertinente, a los efectos de que las entidades perjudicadas puedan iniciar acciones de resarcimiento por los daños y perjuicios que hubieren sido ocasionados contra el patrimonio público y las personas”, consignó.
En ese contexto, Abedrapo señaló que esto se enmarca dentro de una política motivada en el seno de una “batalla cultural” en contra de la herencia peronista.
“En específico, deconstruir la capacidad de control social que encarnan los piqueteros, quienes han articulado la movilización social callejera desde hace décadas en Argentina, transformándose en actores relevantes de presión política y social que condicionan la gobernabilidad según sus intereses asociados con su capacidad de negociación con los gobiernos de turno”, sostuvo.
Respecto al pago que deberían realizar los manifestantes por el despliegue de las fuerzas de seguridad, el académico de la USS planteó que “seguramente podría ser estimada como inconstitucional, ya que en sí tendría implicaciones jurídicas amplias”.
“El cobro por 60 millones de pesos a 14 organizaciones sociales convocantes a manifestaciones no autorizadas abre una discusión jurídica en la cual serán los tribunales los que resuelvan el mérito de la acción del Gobierno, siendo posible que ello sea inconstitucional”, complementó.
En ese sentido, Abedrapo, explicó que la Constitución desde 1994 y los tratados internacionales han estipulado “que las personas tienen derecho a protestar pacíficamente, y los Estados tienen el deber de respetar, facilitar y proteger este derecho”.
Por otro lado, diversas organizaciones recopilaron más de 1.700 firmas tras la publicación del protocolo, según informó el Centro de Estudios Legales y Sociales. Además, solicitaron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “manifiesten públicamente su preocupación”, ya que esto afectaría los “derechos a la vida, integridad personal y seguridad de quienes ejerzan el derecho a la protesta”.
“Hay una enorme responsabilidad de las instituciones democráticas de nuestro país para evitar que un presidente pueda convertirse en un monarca, pero esto solo podrá ser así si todos ejercen sus responsabilidades democráticas, principalmente en el Congreso de la Nación, ya que a todas las luces este decreto no tiene necesidad ni urgencia”, subrayó Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma.
El protocolo de Bullrich busca limitar la protesta. Con ese mismo objetivo hoy se sumó un operativo policial enorme y la acumulación de mensajes que van reduciendo un derecho que tenemos todos y todas en la sociedad.#ProtestarEsNuestroDerecho
📹@TramasPeriodism pic.twitter.com/St3OKgbXXp— CELS (@CELS_Argentina) December 20, 2023
Todas son restricciones concretas al derecho a manifestarse.
De esta manera van convirtiendo la protesta en un delito y, contra toda legalidad, se despliega un régimen de control que tiene efectos concretos: amedrentar, asustar, renunciar al reclamo. pic.twitter.com/2be2z0kJA1
— CELS (@CELS_Argentina) December 20, 2023
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
