La fiscalía de ese país explicó que la red ofrecía a parejas extranjeras que no podrían concebir, un ‘servicio’ con un valor aproximado de U$S 50.000, y que incluiría “la selección de la persona gestante, la adquisición los embriones a implantar, el tratamiento en sí mismo, los controles regulares del embarazo y el posterior parto”.
(CNN Español) – La justicia argentina lleva adelante una investigación en la que se presume que personas y empresas constituidas en el extranjero ofrecían un “servicio” de subrogación de vientres a parejas que no podían concebir, con un costo de U$S 50.000 mientras reclutaban mujeres en Argentina para gestar bebés, a cambio de un pago de US$ 10.000, según informó el viernes el Ministerio Público Fiscal argentino.
Si bien la gestación subrogada no está regulada en el país, el pago por esta actividad está prohibido.
En enero, la fiscal federal Alejandra Mángano, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), comenzó la investigación tras una presentación de la titular de la Dirección de Contencioso del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, ante la sala de sorteos de la Cámara Federal.
Caso en Alemania
Una mujer alemana de 58 años se había presentado en un hospital de la ciudad de Bonn, en su país de origen, con una bebé de tres meses en “pésimas condiciones de salud” y nacida en Argentina, de acuerdo con el comunicado del Ministerio Público Fiscal argentino.
Cuando solicitó la atención médica, mostró la partida de nacimiento de la niña emitida por el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires y un pasaporte argentino.
Según se desprende de la presentación, una funcionaria alemana advirtió que la salud de la niña se encontraba deteriorada y que la mujer que la llevó a la guardia “no se encontraba en condiciones de brindarle la atención necesaria”. Luego de tomar conocimiento de este caso, avisaron a la policía local y se le otorgó la custodia de la bebé a una familia sustituta de manera provisoria.
Fue la Dirección Provincial de Menores del Estado Federado de Sarre quien dio aviso al Consulado de la República Argentina en la ciudad de Bonn para iniciar la investigación que permitió determinar que el nacimiento de la menor fue inscrito en el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires y que el proceso de fertilización fue realizado en una institución médica privada de la misma ciudad.
De esta manera se pudo identificar a la mujer gestante y desarmar la supuesta trama que incluye la investigación de 147 legajos.
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“El suceso por el que se inició la causa no resulta ser aislado, por el contrario, quedó al descubierto que se trataría de una mecánica empresarial, desarrollada a nivel nacional e internacional, específicamente dedicada a llevar a cabo tratamientos de ‘gestación por sustitución’”, escribió Mángano en su dictamen.
La causa está siendo investigada como delito de trata por el posible “negocio ilícito de características trasnacionales dedicado a la explotación del cuerpo de mujeres gestantes”.
En el marco de esta investigación, el miércoles se allanaron centros de fertilidad en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe, escribanías y estudios jurídicos.
La fiscal Mángano dijo este lunes a CNN que de momento no hay detenidos y que, por ahora, no se pueden precisar más detalles.
En el dictamen donde se piden los allanamientos, la fiscalía explica que las personas que están siendo investigadas “difundían sus servicios a través de distintas vías de comunicación en el extranjero, tomando de ese modo contacto con parejas que deseaban tener hijos pero que no podían llevar adelante un embarazo. A estos les ofrecían un ‘servicio’ con un valor aproximado de U$S 50.000”.
Según se desprende del expediente, ese servicio incluiría “la selección de la persona gestante, la adquisición los embriones a implantar, el tratamiento en sí mismo, los controles regulares del embarazo y el posterior parto”.
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Se dieron a conocer otros detalles de la investigación. Según explican desde el Ministerio Público Fiscal, el sistema de reclutamiento de las personas gestantes consistiría en contactar mujeres con necesidades socioeconómicas, ofrecerles U$S 10.000 por llevar adelante el embarazo y sumar a la oferta entre U$S 1.000 y 2.000 en caso de que el parto fuera por cesárea.
Tras los allanamientos la justicia encontró “147 legajos correspondientes a casos de gestación por sustitución llevados a cabo entre 2018 y abril de este año”. Según informan desde la Fiscalía en al menos 49 expedientes, las características son similares al caso por el que se comenzó la investigación.
CNN está haciendo esfuerzos para contactar a la Embajada de Alemania en Argentina para obtener detalles.