Desde abril de 2018 cuando estallaron las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, organismos internacionales de derechos humanos han reportado al menos la muerte de más de 300 opositores a manos de paramilitares y policía, decenas de heridos, cientos de prisioneros y centenares de personas desaparecidas.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, denunció que su oficina cuenta con “información corroborada” sobre homicidios e intentos de homicidio realizados entre junio y julio pasados contra personas que se habían manifestado contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.
Bachelet se refirió a estos casos durante una presentación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del informe preparado por un equipo de su oficina sobre la situación en Nicaragua, donde detalló que “en al menos tres casos -dos de ellos en el municipio (hondureño) de Trojes- se confirmó que las víctimas habían participado activamente en las protestas de 2018″.
Sobre los asesinatos en zonas alejadas y en la vecina Honduras, Bachelet pidió al gobierno nicaragüense que investigue de forma urgente esos crímenes y sancione a los responsables.
Además agregó que mientras 492 personas detenidas durante las protestas fueron excarceladas, existen más de cien que continúan en prisión por participar en manifestaciones este año.
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Entre los puntos destacados de su informe, Bachelet señaló que el espacio cívico se ha visto reducido considerablemente a raíz de la crisis política y que esta situación no ha mejorado al día de hoy, lo que se evidencia en la severa restricción de la liberad de expresión y de asociación.
En la misma línea, indicó que tampoco ha parado el acoso a los activistas y líderes comunitarios, indígenas y afrodescendientes que tuvieron posiciones críticas hacia el gobierno de Daniel Ortega, quien envió a Ginebra a su ministro asesor de la Presidencia de Nicaragua para las Relaciones Internacionales, Valdrack Jaentschke, para responder a estas denuncias.
En la reunión, Jaentschke defendió al gobierno y afirmó que la recolección de información del reporte del ACNUDH se efectuó con “criterios parcializados” y no incluyó “actos de terrorismo, asesinato, torturas, secuestros, extorsión y otros delitos de crimen organizado”, que atribuyó a quienes participaron en las protestas.
Desde abril de 2018 cuando estallaron las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, organismos internacionales de derechos humanos han reportado al menos la muerte de más de 300 opositores a manos de paramilitares y policía, decenas de heridos, cientos de prisioneros y centenares de personas desaparecidas.
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