La alta comisionada de la ONU para los DD.HH. presentó un resumen del último informe de su oficina sobre el país caribeño en el que destacó que dichos castigos han acentuado también el impacto de la pandemia.
(EFE) – Este lunes, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a todos los países que tienen sanciones sectoriales contra Venezuela que las levanten debido a que han agravado la precaria situación económica y social de la población.
Bachelet presentó un resumen del último informe de su oficina sobre Venezuela al inaugurarse la 48º sesión del Consejo de Derechos Humanos y en él destacó que esas sanciones han acentuado también el impacto de la pandemia en el país.
“La situación humanitaria y económica preexistente se vio agravada tanto por la pandemia de COVID-19 cuanto por las sanciones sectoriales, limitando aún más el acceso a los servicios básicos. Reitero mi llamado a que se levanten estas sanciones“, señaló.
Las sanciones sectoriales prohíben las transacciones con empresas que se creen que participan en actividades juzgadas ilícitas por cuenta de un gobierno, y en el caso de Venezuela afectan a entidades del sector petrolero y minero, principalmente.
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En el informe de la oficina de Bachelet se pide a los países mantener su ayuda humanitaria a Venezuela, en particular en lo referido a la pandemia, y que para ello se asegure una distribución justa de las vacunas, que han estado ampliamente disponibles en los países ricos en detrimento de los pobres.
Bachelet anunció que el pasado viernes se renovó el acuerdo entre su oficina y el Gobierno venezolano para que personal especializado en derechos humanos de la ONU pueda trabajar en el país.
Gracias a este último entendimiento los observadores de su entidad en Venezuela han pasado de seis a doce.
Por otra parte, la alta comisionada defendió el papel de la sociedad civil para hacer un seguimiento de las políticas públicas y de su impacto en la sociedad, y lanzó un llamamiento para proteger a los activistas y defensores de los derechos humanos de ataques, intimidación o de la criminalización de su trabajo.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
