"La visita fue una oportunidad para mantener un diálogo directo con los principales líderes de China sobre derechos humanos para escucharnos mutuamente, plantear nuestras preocupaciones y allanar el camino para que haya interacciones trascendentes de forma más regular en el futuro", dijo la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.
(EFE) – La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, aseguró hoy que su visita a la región noroccidental china de Xinjiang no es una “investigación” sobre los supuestos abusos contra minorías musulmanas de la zona como la uigur.
En una rueda de prensa virtual con motivo del final de su viaje, que comenzó el pasado lunes, la expresidenta chilena quiso aclarar que una visita de “alto nivel” como la suya no permite la “metodología detallada” de un “trabajo de naturaleza de investigación“.
“La visita fue una oportunidad para mantener un diálogo directo con los principales líderes de China sobre derechos humanos para escucharnos mutuamente, plantear nuestras preocupaciones y allanar el camino para que haya interacciones trascendentes de forma más regular en el futuro”, dijo.
Bachelet aseguró que los seis días que ha pasado en el gigante asiático le han servido no solo para “entender mejor la situación en China” sino también para que las autoridades nacionales “entiendan mejor nuestras preocupaciones y, potencialmente, se replanteen políticas que creemos que pueden tener un impacto negativo sobre los derechos humanos”.
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La emisaria de la ONU se trasladó a Kashgar y Urumqi, dos de las ciudades más importantes de Xinjiang, donde visitó, entre otros lugares, uno de los antiguos supuestos centros de detención que, según China, son de “formación profesional” y de internamiento voluntario.
Bachelet reveló que las autoridades locales le aseguraron que el sistema de estos denominados “campos de internamiento para formación profesional” ya ha sido “desmantelado”.
El viaje también le llevó a una prisión masculina, aunque matizó que la mayoría de los presos no estaban allí por delitos relacionados con terrorismo o extremismo.
Mientras China rechaza las acusaciones sobre Xinjiang y asegura que las medidas tomadas en la región entran en el marco de su lucha antiterrorista, Bachelet pidió que las acciones destinadas a combatir el extremismo no desemboquen en violaciones de derechos humanos.
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“La aplicación de las leyes (…) y las medidas impuestas sobre los individuos deben estar sujetas a supervisión judicial independiente, con mayor transparencia”, apuntó la chilena, que destacó las preocupaciones sobre el impacto en ciudadanos de minorías generalmente musulmanas como la uigur.
Todas esas políticas, incidió, deben “cumplir totalmente con los estándares internacionales de derechos humanos y, en particular, no ser aplicadas de forma arbitraria o discriminatoria”.
Aunque prefirió no dar detalles sobre sus identidades para “no hacer daño”, Bachelet afirmó haberse reunido antes de su viaje con “muchas familias” que no saben qué ha sido de sus seres queridos en Xinjiang: “Hemos tratado (con China) muchos casos importantes, y estaremos atentos por posibles presiones o discriminaciones que puedan surgir tras mi visita“.
“En mis conversaciones con las autoridades les he reclamado que tomen medidas para dar información a esas familias como asunto prioritario“, prosiguió.
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Asimismo, la alta comisionada indicó que comparte las preocupaciones de los mecanismos de derechos humanos de la ONU sobre las “penas bajo el marco de la seguridad nacional” a abogados o activistas pro derechos humanos a pesar de que sus actividades sean “legítimas”.
A pesar de que en los últimos días países como EE. UU. y ONG como Human Rights Watch mostraron su preocupación sobre el acceso que China brindaría a Bachelet para evaluar la situación sobre el terreno, la emisaria de la ONU aseguró que las reuniones que pudo mantener durante su visita fueron “sin supervisión” por parte de las autoridades locales.
Eso sí, Bachelet reconoció que no pudo entrevistarse con algunas personas debido a que su visita se efectuó dentro de una “burbuja” por las restricciones chinas ante la COVID-19, lo cual también supuso que en el viaje no hubiera presencia de periodistas.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
