El país europeo había reconocido a Correa como refugiado político el pasado 15 de marzo "debido a los juicios políticos de los que es víctima en Ecuador", que no se ajustarían "al derecho a un juicio justo". Por esa razón, ahora se negará a cooperar con la justicia ecuatoriana, que el 2020 condenó al ex mandatario a ocho años de cárcel por cohecho.
(EFE) – El Ministerio de Justicia de Bélgica ha rechazado la extradición del ex presidente ecuatoriano Rafael Correa solicitada por Quito, según confirmó este viernes EFE tras hablar con su abogado, Christophe Marchand, después de que el país europeo hubiera concedido el asilo político al antiguo mandatario.
La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador solicitó formalmente el pasado 22 de abril la extradición de Correa, condenado en 2020 a ocho años de cárcel por cohecho y prófugo de la Justicia en Bélgica.
En cambio, Bélgica había reconocido a Correa como refugiado político el 15 de marzo “debido a los juicios políticos de los que es víctima en Ecuador”, explicó en un comunicado la firma de abogados Ius Cogens, que precisó que esa decisión es firme desde el 15 de abril.
Según dijo Cogens, Bélgica ha reconocido que los procesos penales abiertos en su contra fueron “manifiestamente contrarios al derecho a un juicio justo“, y el Ministerio de Justicia ha confirmado ahora “que no solo no dará seguimiento a la solicitud de extradición” de Ecuador, sino que Bélgica “también se negará a cooperar con la justicia ecuatoriana en el marco de procesos políticos”.
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Los juristas que asisten a Correa explicaron además que, a través de la Comisión de Control de Expedientes, Interpol se negó a emitir las notificaciones rojas solicitadas por Ecuador por “la apariencia de flagrante denegación de justicia y del carácter político del caso”.
El relator especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García Sayán, ha denunciado en diversas ocasiones “las graves violaciones de la garantía de la independencia del poder judicial y el carácter injusto” del denominado “caso Sobornos” que afecta a Rafael Correa y otras 20 personas.
Correa, quien gobernó de 2007 a 2017 como uno de los referentes de la izquierda latinoamericana, reside tras el fin de su mandato en el país europeo y sobre él pesa también la inhabilitación política. Sobre el caso, trató de una trama de corrupción en la que se recibieron aportes indebidos en el palacio presidencial para la financiación irregular del movimiento oficialista, Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a diversas empresas, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht.
El pasado 27 de abril, en entrevista con EFE, Correa dijo tener “muy claro” que, “para que acabe esta persecución brutal y la destrucción” de su patria, necesita “ganar las elecciones, y si por eso -dijo- tengo que regresar, ahí estaré“, concluyó. En cualquier caso, reconoció que dada su situación política actual, no podría volver a Ecuador sin ser encarcelado.
