El ministro Andrés Allamand anunció un plan integral que, entre otras cosas, incluye mesas de trabajo con cancillerías de otras naciones de la región. “Los países deben colaborar para frenar este fenómeno”, apuntó.
En un paso categórico hacia el objetivo del Gobierno de asegurar una migración ordenada, segura y regular, el canciller Andrés Allamand y el Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, anunciaron este sábado una ofensiva para frenar el tráfico de personas.
“Estamos trabajando para lanzar una verdadera ofensiva que frene este tráfico internacional e ilegal de inmigrantes”, aseguró el Canciller.
Allamand recalcó que “el tráfico internacional ilegal de migrantes es un delito que afecta los derechos humanos de las personas. Quienes son parte de este proceso de tráfico, se encuentran permanentemente en una situación expuesta y de alta indefensión”.
En ese sentido, señaló que “los países deben colaborar en el plano judicial, policial y diplomático, para frenar este fenómeno que, en parte muy importante, se ve gatillado por la compleja situación humanitaria, de derechos humanos y de crisis política que existe en Venezuela”.
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Agregó que “el tráfico internacional e ilegal de personas, hay que frenarlo en los puntos en que se origina. Cuando se intenta frenar hacerlo en el punto de destino, habitualmente es tarde”.
Se refirió, de manera especial, a la denuncia mediática realizada esta semana en contra de la empresa colombiana ViveOnline, que realiza tráfico ilícito de migrantes a través de Ecuador, Perú, Bolivia, con Chile como destino final.
De acuerdo con la investigación, la empresa opera desde diciembre de 2017 y ofrece sus servicios como agencia de viajes, y garantiza asistencia a los migrantes en cada paso fronterizo, a fin de evadir los controles policiales y de frontera.
En este sentido, el Canciller presentó las tres acciones que forman parte de esta ofensiva:
1. Se solicitó al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, que el Ministerio Público tome contacto con las fiscalías de los otros países que se ven afectados por el tráfico ilegal de migrantes -Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia- para que en cada uno de ellos se investiguen, se juzguen y sancionen estos delitos transnacionales.
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2. Se solicitó al Director General de la Policía De Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, que su institución inicie un trabajo de coordinación y cooperación con las policías de las naciones mencionadas, a fin de iniciar la persecución de las bandas criminales.
3. En el plano diplomático, el Ministro contactó a sus pares de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, para establecer una mesa de trabajo, a nivel de Cancillerías, que permita adoptar acuerdos operacionales urgentes para combatir este crimen organizado, en conformidad con el Convenio de Palermo (Convenio de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional).
En la misma dirección, hacia el establecimiento de una migración ordenada, segura y regular, Allamand valoró como “un hito la aprobación de la nueva ley de migraciones, que ya está en las etapas finales, previo a su promulgación”.
