La mujer, quien fue alcaldesa de Lima de 2011 a 2014, es investigada por la fiscalía por supuestamente haber recibido 3 millones de dólares de Odebrecht y 7 millones de dólares del grupo OAS.
Susana Villarán, exalcaldesa de Lima, pasó su primera noche en prisión preventiva como consecuencia de una investigación de presuntos delitos de lavado de activos y cohecho pasivo relacionados con Odebrecht.
El Poder Judicial dictó el martes 18 meses de prisión preventiva contra Villarán luego de que el Poder Judicial, a pedido de la fiscalía, modificó su situación de comparecencia restringida a prisión preventiva.
Villarán, quien fue alcaldesa de Lima de 2011 a 2014, es investigada por la fiscalía por supuestamente haber recibido 3 millones de dólares de Odebrecht y 7 millones de dólares del grupo OAS.
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Las dos constructoras presuntamente entregaron dinero para la campaña que se llevó a cabo para que Villlarán no fuera revocada de su cargo como alcaldesa de Lima. La campaña del “No”, como se le conoció, respondía a un grupo de ciudadanos que, por el contrario, promovía el “Sí” a la revocatoria pues, sostenían, que la gestión de Villarán como alcaldesa no era eficiente.
Según la fiscalía, OAS también habría entregado dinero para la campaña de Villarán, que promovía su reelección al cargo como máxima autoridad de Lima.
La tesis fiscal sostiene que Villarán benefició a las dos empresas, que eran concesionarias de obras en la ciudad de Lima.
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Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, en declaraciones a la fiscalía peruana en Brasil, reconoció la entrega de dinero a la campaña de Villarán.
Según pudo conocer CNN de una fuente cercana a la la investigación del caso Villarán, OAS también ha aceptado, ante los fiscales peruanos, que le entregó dinero a la exalcaldesa.
De las altas autoridades investigadas por el caso Lava Jato en Perú, Susana Villarán es la única que ha aceptado haber recibido dinero de las empresas brasileñas. El fin de semana dijo a través de sus redes sociales: “Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del No a la revocatoria… cometí un grave error, permitir que empresas que tenían proyectos privados en la ciudad financiaran la campaña. Reafirmo lo que he dicho siempre: Que no hemos recibido coimas, que no hemos hipotecado el interés público a empresas privadas y que jamás se han hecho adendas a la medida de los intereses de estas empresas a cambio del aporte económico dado. Pido perdón a todas las personas a quienes no pude decirles la verdad que estoy diciendo hoy…”.
A través de este pronunciamiento en sus redes, la exalcaldesa habla de “error” y no de delito que es lo que postula la fiscalía.
Sin embargo, Villarán dijo este lunes que estaba preparada para ir a prisión, lo que ocurrió el martes. Ese mismo día, en la audiencia en la que el Poder Judicial decidió sobre su futuro inmediato, Villarán dijo: “No soy de las personas que se fugan o que evaden la justicia, soy de las personas que siempre han dado la cara”.
La exalcaldesa está sujeta a una investigación fiscal. Ni en su caso, ni en el de otras autoridades involucradas en las investigaciones del caso Odebrecht, existe aún un juicio.
Aunque los aportes de campaña no constituyen un delito en Perú sino una falta administrativa, la fiscalía acusa a Villarán y a cuatro expresidentes de la República del delito de lavado de activos pues sostiene que Odebrecht ha reconocido que el dinero entregado a estos políticos proviene de una fuente ilícita.