A pesar de que el Tribunal Oral Federal condenó a la vicepresidenta y ex mandataria de Argentina a seis años de cargos y a la inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos, Fernández podría no ir a la cárcel. Debido a su rol como vicepresidenta, tiene inmunidad, lo que la protege tanto legal, como civilmente en un caso criminal y no irá a prisión en caso de ser declarada culpable.
(CNN en Español) – La Fiscalía acusa a Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina, de haber encabezado una asociación para defraudar al Estado cuando era presidenta, entre 2007 y 2015, mediante el supuesto direccionamiento de contratos millonarios de obras viales en la provincia de Santa Cruz.
El fiscal Diego Luciani, al frente de esta causa que se conoce como “Vialidad”, pidió en agosto 12 años de cárcel para Fernández y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Una eventual condena no evitaría que Fernández de Kirchner sea candidata a las próximas elecciones.
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Se espera que este martes reciba el veredicto. Debido a su rol como vicepresidenta, Fernández de Kirchner tiene inmunidad, lo que la protege tanto legal, como civilmente en un caso criminal y no irá a prisión en caso de ser declarada culpable.
La también ex presidenta asegura que esta acusación de corrupción —la única contra la vicepresidenta que ha llegado a la instancia de juicio oral— no tiene fundamentos y que se trata de una persecución en su contra suya y del proyecto político que representa. En sus palabras, afirma que no está “ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial” y que la condena en su contra ya está escrita.
¿De qué acusan a Cristina Fernández de Kirchner?
Fernández está acusada de haber encabezado una asociación ilícita para defraudar a la administración pública durante un período que abarca sus dos presidencias (2007-2011 y 2011-2015), mediante la extracción de fondos del Estado para su beneficio personal o el de un tercero.
La Fiscalía afirma que junto a varios ex funcionarios de su gobierno direccionó contratos millonarios de obras viales que, según la querella, quedaron incompletas, tenían sobreprecio e incluso eran innecesarias. Fernández de Kirchner rechaza esas acusaciones.
La acusación hace referencia, específicamente, a 51 licitaciones en la provincia de Santa Cruz, de la que era oriundo su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner, y donde ambos desarrollaron buena parte de sus carreras profesionales y políticas antes de saltar a la escena nacional.
En esta acusación hay otra figura fundamental, la de Lázaro Báez, ex socio del matrimonio Kirchner y a quien los fiscales señalan como el principal beneficiario de esta supuesta defraudación. En otras palabras, que habría sido él el favorecido con el direccionamiento de las obras, y que luego, por distintas vías, habría beneficiado económicamente a sus supuestos socios.
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El fiscal Luciani —quien fija el inicio de la supuesta defraudación en el Gobierno de Néstor Kirchner— afirma que, para hacer el desvío de fondos, “de la noche a la mañana se convirtió en empresario de la construcción a Lázaro Báez, amigo del entonces presidente de la nación y socio comercial de este y de su esposa“.
Sobre Báez ya pesa una condena a 12 años de prisión, dictada en 2021, por cargos de lavado de dinero entre 2003 y 2015, y que ha sido apelada por su defensa ante la Cámara de Casación. Sobre esta condena, su abogado afirmó que es producto de una supuesta “persecución política y mediática“. En diálogo con CNN, la defensa de Báez negó las acusaciones, alega que las pruebas utilizadas para confirmar la asociación ilícita pertenecen a otro expediente y que durante los alegatos demostrará que la fiscalía miente en sus argumentos.
En la causa están imputadas 13 personas, incluida la vicepresidenta. Otro de los implicados más conocidos es el exministro de Planificación Julio de Vido, cuyos abogados respondieron que las acusaciones en su contra faltan a la verdad y que darán sus respuestas en los alegatos correspondientes.
¿Podría ir a la cárcel?
Fernández de Kirchner está protegida por la misma inmunidad constitucional que el presidente, por lo cual no puede ser arrestada al menos que sea removida por un juicio político. O sea, no iría a la cárcel incluso si el tribunal de justicia da luz verde al pedido de 12 años del fiscal Luciani, al menos que dos tercios de la Cámara de Diputados la acuse y la misma proporción de senadores la halle culpable para que quede a disposición de la justicia sin fuero alguno.
Mientras no resulte condenada, estaría en condiciones de postularse a un cargo electivo en las elecciones de 2023, por ejemplo, a senadora, diputada o nuevamente a la Presidencia del país. En cualquiera de esos nuevos cargos volvería a estar protegida por los fueros constitucionales.
Al respecto, la Constitución establece que “ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva”. (En caso de que la condenaran, no tuviera fueros y se viera obligada a cumplir la pena, también existe la posibilidad de la prisión domiciliaria ya que, la ley define casos en los que el juez puede disponer que la pena se cumpla en la casa y uno de ellos es que la persona condenada sea mayor de 70 años. Cristina Fernández de Kirchner los cumplirá el próximo febrero).
¿Podría ser indultada por Alberto Fernández?
La Constitución establece que el presidente “puede indultar o conmutar la penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal“, salvo en los casos en que la acusación sea de la Cámara de Diputados.
Tras el pedido de cárcel de Luciani, la posibilidad de que Fernández le otorgue un indulto a su vicepresidenta ante una condena volvió al centro de las conversaciones.
Existen visiones contrapuestas en el ámbito jurídico sobre si en este caso en particular podría aplicarse el mecanismo, en virtud de otro artículo de la carta magna que habla sobre delitos de corrupción.
Hay otro punto en discusión y es si el presidente puede indultar a Fernández de Kirchner cuando aún no existe una sentencia, ya que los indultos solo pueden dictarse cuando existe una condena. “El indulto es una facultad que tiene el presidente que, desde el punto de vista constitucional, se aplica en personas condenadas con sentencia firme”, explicó a CNN Radio Argentina el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Sin embargo, durante mucho tiempo se discutió sobre si es posible que una persona que está en proceso, que no ha sido condenada y que se presume inocente pueda ser indultada por un presidente porque, de alguna manera, se estaría desconociendo la presunción de inocencia.
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“Esta discusión se dio en los años 90, cuando Menem dictó un indulto ómnibus para supuestamente pacificar al país“, recordó en diálogo con María Laura Santillán, en referencia a los indultos que dictó el entonces presidente y que beneficiaron a jefes militares y líderes de la guerrilla que en algunos casos aún no tenían condena en firme.
“Luego, la Corte Suprema (con otra composición) determinó que el indulto era una facultad presidencial que perseguía siempre un fin de pacificación social y que procedía tanto para condenados con sentencia firme como para procesados”, relató sobre lo que entonces ocurrió en la instancia judicial tras los beneficios que otorgó Menem.
El presidente Fernández, por su parte, ya se ha referido anteriormente a este punto en particular. En 2019, cuando era candidato, descartó tajantemente la posibilidad de indultarla. “Si algún estúpido está pensando que estoy llegando ahí (la Presidencia) para indultar a alguien es un estúpido (…). De los indultos descreo, porque los indultos son una rémora de las monarquías. Los presidentes no están para perdonar a nadie“, afirmó entonces en una entrevista con Telenoche.
El presidente, no obstante, calificó de persecución judicial la solicitud del fiscal Luciani luego de que se conociera su decisión y, horas después, publicó una declaración con sus pares de México, Colombia y Bolivia en la que aseguraron que la persecución tiene como objetivo “apartar a Cristina Fernández de Kirchner de la vida pública, política y electoral”.
