El organismo señaló en su reporte que durante las manifestaciones que siguieron a la destitución del expresidente Pedro Castillo, la respuesta del Estado en las ciudades de Lima, Ica, Arequipa y Cusco estuvo caracterizada por el "uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza". Según datos de la Defensoría del Pueblo de Perú, las manifestaciones dejaron como saldo 66 muertos.
(CNN en Español) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe este miércoles, tras su visita de trabajo a Perú para investigar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
El organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) señala en su reporte que durante las manifestaciones que siguieron a la destitución del expresidente Pedro Castillo, la respuesta del Estado en las ciudades de Lima, Ica, Arequipa y Cusco estuvo caracterizada por el “uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza“.
En el caso de Ayacucho, el informe advierte que se registraron “graves violaciones” de derechos humanos, y las muertes perpetradas por agentes del Estado “podrían constituir ejecuciones extrajudiciales“.
La visita de trabajo de la comisión se realizó del 11 al 13 de enero de 2023. Para la elaboración del informe, que abarca hechos ocurridos entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023, se desplegó por las ciudades de Lima, Ica, Arequipa, Juliaca, Ayacucho y Cusco.
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— CIDH – IACHR (@CIDH) May 3, 2023
Allí mantuvieron más de 60 reuniones con víctimas y sus familiares, autoridades e instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, sindicales y empresariales. La comisión recibió 55 testimonios individuales de personas que indican ser víctimas de violaciones de derechos humanos, de las cuales 21 son de Ayacucho.
Stuardo Ralón, primer vicepresidente de la CIDH y relator para Perú, expresó la importancia de que el Estado tome en serio las recomendaciones del informe y tome medidas para garantizar el respeto de los derechos humanos en el país.
“El Estado en este momento lo que tendría que dar es, digamos, un seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones que el informe está estableciendo, y es ahí donde la comisión está poniendo a disposición cualquier asistencia técnica que el Estado nos requiera. El informe, digamos, no endilga una responsabilidad personal o a título individual a alguna persona específica o funcionario del Estado”, dijo Ralón.
La CIDH recomienda que para superar la crisis en Perú se requiere de un “diálogo amplio, genuino e inclusivo“, en el que todos los sectores de la sociedad sean representados. Asimismo, considera que las violaciones de derechos humanos reportadas en su informe deben ser investigadas y juzgadas.
CNN se comunicó con el Palacio de Gobierno para obtener un comentario sobre este nuevo informe.
Horas después de que se conociera el informe, la presidenta Dina Boluarte dijo que su gobierno respeta, pero no comparte los resultados de la CIDH. De manera especial, la mandataria rechazó las observaciones sobre presuntas “ejecuciones extrajudiciales” y dijo que su gobierno evaluará las recomendaciones y tratará de implementarlas de acuerdo al marco constitucional del Perú.
“Como todo informe hay cuestionamientos que no compartimos, pero respetamos más aún viniendo de un organismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como es la comisión. De hecho, rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aún cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas”, señaló.
EFE
En enero, Boluarte se había comprometido a investigar los presuntos abusos de las autoridades contra los manifestantes en las protestas.
“Si se han cometido excesos en el uso de la fuerza para restablecer el orden interno, se investigará y se procesará a los responsables“, prometió Boluarte en un discurso pronunciado en una reunión de la OEA que se celebró en enero.
En las protestas, los manifestantes exigían la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones generales cuanto antes y una nueva Constitución.
Según datos de la Defensoría del Pueblo de Perú, las manifestaciones dejaron como saldo 66 muertos y miles de heridos en diferentes zonas del país.
Las actividades están enmarcadas en el lema "Salgamos a jugar", por lo que el énfasis estará en los juegos tradicionales y la "transmisión intergeneracional de la riqueza cultural". La jornada se realizará en 16 regiones del país.
