La Corte Internacional de Justicia llevará el juicio bajo el Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, mientras la junta militar de Birmania continúa sus alegatos contra Gambia, el país africano que ha denunciado los crímenes contra la etnia musulmana. Entre 2016 y 2017 murieron unos 10 mil rohinyás y huyeron más de 700 mil.
(EFE) – La Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó este viernes las objeciones presentadas por Birmania (Myanmar) contra la denuncia de Gambia de presunto genocidio de la minoría rohinyá y se declaró competente para juzgar sobre el fondo del caso.
La presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, leyó la sentencia del tribunal en la que, por 15 votos a favor y uno en contra, se declara “competente” de acuerdo al artículo noveno del Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio para tener en consideración la demanda presentada por Gambia el 11 de noviembre de 2019.
En febrero pasado, en una audiencia oral en la sede de la corte en La Haya, los representantes de Birmania presentaron sus objeciones contra la denuncia de Gambia y pidieron que los jueces se declararan incompetentes en el caso. Una de las principales críticas de Birmania era que Gambia, un pequeño país africano de mayoría musulmana, no se veía afectado por el conflicto, ni a nivel de sus ciudadanos ni de sus intereses.
De hecho, alegó que Gambia ha sido utilizado como un Estado intermediario por la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), un organismo internacional que agrupa a países de confesión musulmana, y recalcó que la CIJ solo resuelve litigios entre Estados individuales. En su primera objeción, Birmania argumentó que la corte carecía de jurisdicción o alternativamente que la solicitud era inadmisible, debido a que, en su opinión, el “verdadero demandante” en el procedimiento era la OCI.
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Según la segunda objeción preliminar, la solicitud era inadmisible porque Gambia “carecía de capacidad” para presentar el caso y, según la tercera, porque el país africano no podía acudir válidamente al la corte a la luz de la reserva de Birmania sobre el artículo VIII de la Convención sobre el Genocidio. Por su parte, Gambia se había basado en la Convención de Ginebra para plantear la denuncia y sus abogados habían presentado informes elaborados por la ONU, que ha documentado la violencia sufrida por esa etnia musulmana.
De acuerdo a esos informes de Naciones Unidas, entre 2016 y 2017 murieron unos 10 mil rohinyás y huyeron más de 700 mil a Bangladés a causa de una campaña militar del Ejército de Birmania. En cambio, ese país ha defendido que actuó contra grupos insurgentes que supuestamente atacaron puestos policiales y fronterizos.
En enero de 2020, la CIJ había aprobado la mayor parte de las medidas cautelares solicitadas por Gambia para que Birmania protegiera a los rohinyás. Representantes de la junta militar que gobierna el país desde febrero de 2021, han sustituido en el proceso a la premio Nobel de la Paz y líder de facto de Myanmar, Aung San Suu Kyi, quien acudió a La Haya en diciembre de 2019 para defender al Ejército y aseguró que el sistema de justicia militar birmano procesará a los sospechosos de los abusos.
La sentencia dada a conocer hoy por la CIJ, el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas, es definitiva y no se puede apelar contra ella. A continuación, se fijarán fechas para las rondas de argumentos escritos y orales sobre el fondo del caso, que sumados al tiempo que lleve la deliberación conllevarán que la CIJ no pronuncie su veredicto final hasta dentro de unos años. Decenas de miles de rohinyás continúan, entre tanto, viviendo en campos de refugiados de la vecina Bangladés.
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