La revista digital The Intercept ha publicado una serie de conversaciones vía Telegram entre el ex juez Moro -actual ministro de Bolsonaro- y el fiscal Deltan Dallagnol, que pondrían en entredicho la imparcialidad en la mayor operación anti corrupción en la historia de Brasil. ¿Cómo comenzó todo y cómo llegamos a este punto?
El 9 de junio el caso de Lula da Silva dio un vuelco que desde hace tiempo venían advirtiendo sectores de la izquierda latinoamericana. La corrupción en el Poder Judicial brasileño se coló en el caso que mantiene al ex presidente tras las rejas.
Fue el medio digital The Intercept Brasil el que sacó a la luz las irregularidades en la investigación de Lava Jato, particularmente por parte del ex juez Sérgio Moro, actual ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Conversaciones entre Moro y el fiscal Deltan Dallagnol podrían haber perjudicado a Lula y haber ensuciado la investigación.
Se trata de un conflicto que se remonta a marzo de 2014 y que ha salpicado a varios políticos, incluido el fallecido ex presidente de Perú, Alan García. Para entender mejor cómo llegamos desde la Operación Lava Jato a esta nueva trama que complica al ex juez Moro, revisamos 5 claves fundamentales.
Java Jato significa “lavado de presión”. Ese fue el nombre que tomó la operación que inicialmente se dedicó a investigar el lavado de dinero en estaciones de servicio de Brasil.
La operación comenzó en marzo de 2014 con el arresto de un dueño de una estación de bencina, Carlos Habib Chater, acusado de hacer negocios con Alberto Youssef, convicto por lavado de dinero. Cuando Youssef y el ex ejecutivo de la petrolera estatal Petrobras, Paulo Roberto Costa, acordaron colaborar con la investigación, revelaron una compleja trama de corrupción.
A partir de ahí los investigadores encontraron que empresas constructoras como OAS y Odebrecht se coludían para decidir qué empresa se llevaría los millonarios contratos de Petrobras, la empresa petrolera brasileña de propiedad mayoritariamente estatal.
Fue el entonces juez Sérgio Moro el encargado de sacar a la luz los escándalos de sobornos de esas empresas.
Lava Jato es considerada la mayor operación contra la corrupción en la historia de Brasil. Sus alcances fueron tales que afectaron a buena parte de Latinoamérica y a muchos políticos de la zona.
En mayo de 2016 Dilma Rousseff -la heredera política de Lula- fue destituida de la presidencia por presuntos actos de corrupción en Petrobras. Resulta que Petrobras licitaba sus obras a grandes empresas brasileñas como parte de un programa impulsado por Lula y su entonces ministra de Energía, Rousseff. Esto con el fin de estimular la creación de empleos.
A partir de ahí, son varios los políticos que han sido investigados en el marco de la Operación Lava Jato, entre ellos Michel Temer -ex presidente de Brasil-, Edurado Cunha -ex presidente de la Cámara de Diputados- y los ex presidentes de Perú Ollanta Humala y Alan García.
El turno de Lula llegó en 2016 con una denuncia por parte del Ministerio Público por haber recibido un soborno de 3,7 millones de reales -cerca de un millón de dólares- de la constructora OAS. De acuerdo a la denuncia, el ex mandatario habría recibido un lujoso departamento a cambio de favorecer a la empresa en sus contratos con Petrobras entre los años 2006 y 2012.
En primera instancia fue condenado a 9 años y medio de prisión, pero en 2018 un tribunal de segunda instancia (TRF4) la aumentó a 12 años y un mes, condena que comenzó a cumplir el sábado 7 de abril de ese mismo año.
Posteriormente, en abril de 2019, su condena fue reducida a ocho años. El juez Felix Fischer del Superior Tribunal de Justicia (STJ) planteó que “hubo un exceso por parte del TRF4 en la fijación de la pena”.
Esta condena sacó a Lula de la campaña presidencial 2018, para la cual todos los sondeos lo ponían corriendo con ventaja. Incluso sobre Jair Bolsonaro.
El domingo 9 de junio The Intercept Brasil publicó un reportaje que reveló irregularidades en la investigación de Lava Jato. La pruebas presentadas por la revista digital apuntaban a que el ex juez Moro vulneró normas de imparcialidad.
Las conversaciones filtradas entre Moro y el fiscal del Ministerio Público, Deltan Dallagnol, probarían que el actual ministro de Justicia de Brasil colaboró indebidamente con el grupo de trabajo de la operación Lava Jato. Además, mensajes a través de Telegram darían cuenta que ambos se pusieron de acuerdo para que Lula no diera una entrevista, esto con el objetivo de impedir que el Partido de los Trabajadores (PT), representado por Fernando Haddad, regresara al poder.
Los documentos presentados por The Intercept mostrarían también que los fiscales dudaban de la solidez de la evidencia del ex juez Moro. Tanto Lula como varios de sus partidarios acusaron desde el comienzo que la investigación estaba corrompida.
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A partir de ahí, el mismo medio comenzó a publicar una serie de reportajes basados en las conversaciones de Telegram entre Moro y Dallagnol que darían cuenta de diversas irregularidades en la forma en que el ex juez se relacionó con el caso. Una publicación del 18 de junio reveló que los fiscales a cargo de la operación Lava Jato fingieron investigar al ex presidente Fernando Henrique Cardoso (Partido de la Social Democracia Brasileña) para dar señales de “imparcialidad”.
“Me parece cuestionable importunar a alguien cuyo apoyo es importante”, apuntó Moro en la conversación del 13 de abril de 2017.
Otro reportaje, publicado el 23 de junio en asociación con el diario Folha de Sao Paulo, señala que los fiscales de Lava Jato actuaron para evitar tensiones entre Moro y la Suprema Corte, ya que las investigaciones corrían el riesgo de paralizarse. El ex juez temía que el entonces magistrado de la Suprema Corte Federal, Teori Zavascki -fallecido en un accidente aéreo en 2017-, repartiera las investigaciones bajo el control de Moro, esto luego de que en marzo de 2016 la Policía Federal adjuntara algunos documentos referentes al caso Odebrecht sin preservar su sigilo, tras lo cual la prensa brasileña divulgó el material.
En el mismo diálogo, Moro dijo a Dallagnol que temía “presiones” para que el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) analizara su conducta, a lo que el fiscal reaccionó expresando su apoyo a Moro y diciéndole que que hablaría con el representante de la Fiscalía en el Consejo.
“Que sepas que no sólo la inmensa mayoría de la sociedad está contigo, pero que nosotros haremos todo lo que sea necesario para defenderte de injustas acusaciones”, le dijo Dallagnol. “Sigue firme, no te desanimes y cuenta con nosotros“, agregó.
Tras la publicación del primer reportaje, tanto el fundador y editor de The Intercept Brasil, Glenn Greenwald, como su marido, David Miranda (diputado federal por el PSOL), han recibido una serie de ataques homofóbicos de gente que, además, pide su deportación.
A esto se suma que O Antagonista publicó que “una denuncia anónima fue formalizada junto al Ministerio Público Federal contra The Intercept”.
En entrevista con Agencia Pública, Greenwald -el mismo periodista tras el caso Snowden- afirmó que “es muy peligroso, obviamente, y soy blanco de esa campaña para expulsarme del país, llamándome enemigo de Brasil, señalándome como amenaza a la seguridad nacional y que debo estar preso“.
Pese a las advertencias, la revista continuó publicando una serie de artículos con la información obtenida a partir de las conversaciones de Telegram.
El miércoles 19 de junio, tras la publicación de los primeros reportajes, Sérgio Moro debió comparecer ante la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado de Brasil, instancia en la que denunció haber sido víctima de un ataque hacker. Además señaló que las relaciones entre jueces y partes “son normales”.
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Moro puso en duda la veracidad de los mensajes de Telegram divulgados por los medios: “Hay algunas cosas que yo eventualmente pude haber dicho. Hay cosas que me extrañan. Esos mensajes poder ser total o parcialmente adulterados“.
“Yo recibí abogados en mi oficina. Conversábamos informalmente. No es adelantar una decisión, no es consejo, sino una interlocución normal en cualquier tribunal. El dato objetivo es que no hay ninguna especie de colusión“, explicó.
El ministro estaba citado para este miércoles 26 de junio ante la Cámara de Diputados de Brasil, sin embargo, canceló su asistencia por un viaje previamente agendado a Estados Unidos en el marco de una visita en materia de Inteligencia y Seguridad.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
