Al menos 24 personas han muerto y cientos han resultado heridas en las masivas manifestaciones contra la reforma tributaria del Gobierno. Iván Duque retiró el proyecto, pero las protestas no han parado, ahora centradas en la represión policial y el rechazo a la situación en la que se encuentra el país.
Al menos 24 muertos deja la primera semana de manifestaciones en Colombia, donde miles de personas han salido a las calles día tras día desde el miércoles 28 de abril para protestar contra el gobierno de Iván Duque, una fallida reforma tributaria y la violencia policial.
Las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos han calado fuerte en Chile, donde al ver las imágenes de las protestas varios recuerdan el estallido social de octubre de 2019.
Todo comenzó con el anuncio de una reforma que buscaba aumentar el impuesto a los productos básicos en plena crisis sanitaria. Pero su retiro no ha podido aplacar el descontento de la población. Durante la madrugada de este miércoles 5 de mayo, al menos 30 civiles y 13 policías resultaron heridos en las protestas de Bogotá, previo a lo que se espera sea una nueva jornada de manifestaciones masivas.
Colombia, al igual que varios países de Latinoamérica y el mundo, atraviesa una de sus peores crisis económicas a raíz de la pandemia del coronavirus. El gobierno ha debido endeudarse para llegar con ayuda a las familias, y fue en ese contexto que el presidente Iván Duque presentó la polémica reforma económica.
El proyecto buscaba aumentar el costo de la gasolina, ampliar la base gravable del impuesto de renta, establecer un impuesto solidario para salarios altos, poner impuesto al patrimonio por dos años, IVA para los servicios funerarios y los servicios de internet, entre otros.
El Gobierno la llamó “Ley de Solidaridad Sostenible”.
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Los colombianos salieron masivamente a las calles por primera vez el 28 de abril. Muchas manifestaciones terminaron en hechos violentos, vandalismo y enfrentamientos con la policía.
El analista internacional Raúl Sohr explicó en CNN Chile que “muchos colombianos sintieron que esto no era ni solidario ni sustentable”, como aseguraba el nombre de la ley.
El entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, argumentó en su momento que la iniciativa fiscal buscaba obtener recursos por el equivalente a US$ 6.000 millones anuales para poder continuar con los programas sociales de asistencia a los más necesitados durante la pandemia de COVID-19.
El domingo 2 de mayo, el presidente Iván Duque retiró el proyecto y dijo que buscaría lograr un consenso alrededor de una nueva iniciativa que permitiera sanear las finanzas del Estado y continuar con las ayudas sociales.
Un día después de ese anuncio, Carrasquilla presentó su renuncia al cargo de ministro de Hacienda.
Duque aceptó su renuncia y designó a José Manuel Restrepo, actual ministro de Comercio, Industria y Turismo, como nuevo encargado de Hacienda.
El sábado, Duque ordenó la militarización de las ciudades “donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos”, es decir, donde los disturbios son más violentos. El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que la “asistencia militar a la Policía” se dará inicialmente en el suroccidente, centro y en Antioquia, “de forma temporal y excepcional”.
Según cálculos de diversas organizaciones, los heridos se cuentan por cientos, incluso después de retirada la controversial iniciativa. Según la Defensoría del Pueblo, al menos 24 personas han muerto hasta este miércoles. La institución ha recibido cerca de 140 quejas por uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.
Las cifras de la ONG Temblores son aún peores: ha denunciado 26 muertes de manifestantes a manos de la policía, 1.100 casos de violencia policial, 61 detenciones arbitrarias, nueve casos de violencia sexual por parte de la fuerza pública y decenas de casos de “desapariciones en el contexto de las movilizaciones”.
El Ministerio de Defensa dice que los primeros seis días de protestas dejaron 540 policías heridos, 306 civiles lesionados y uno fallecido.
Las manifestaciones han sido particularmente multitudinarias y duras en Cali, la tercera ciudad con más habitantes del país. El martes, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero, acusó que miembros de su comisión habían sido amenazados y atacados en esa ciudad mientras mientras investigaban las protestas.
Importantes artistas internacionales han condenado la represión en las manifestaciones. J Balvin y Shakira, dos de los colombianos más famosos, se han sumado a los cuestionamientos. La intérprete de La tortura pidió al gobierno “que tome medidas urgentes, pare ya la violación a los Derechos Humanos y restituya el valor de la vida humana”.
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Las protestas que comenzaron el miércoles pasado recuerdan a las manifestaciones registradas en ese mismo país en noviembre 2019, durante el paro nacional protagonizado por movimientos sociales.
Ya en ese entonces las movilizaciones eran catalogadas de históricas: comenzaba a reactivarse el movimiento social tras casi medio siglo.
Dichas expresiones estaban vinculadas al descontento generalizado por el aumento del desempleo, las reformas económicas y los homicidios de líderes sociales.
Hoy, en medio de la dura crisis sanitaria que ha dejado más de 75 mil muertos en Colombia, los manifestantes continúan rechazando el aumento de la pobreza y del desempleo, que según el propio gobierno cerró cerca del 15,9% en 2020.
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desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
