La propuesta del artículo 553 ha despertado especial polémica ante la posibilidad de que las universidades estatales, gratuitas hasta ahora, cobren un arancel para extranjeros no residentes. Según los últimos datos obtenidos desde la Secretaría de Educación, 104.998 estudiantes no argentinos asistían a universidades públicas y privadas del país trasandino en 2022.
(CNN Español) – El proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que envió el presidente de Argentina, Javier Milei, al Congreso, propone –entre una serie de reformas estructurales en distintas áreas de gobierno– la posibilidad de que las universidades públicas puedan aplicar un arancel para los estudiantes extranjeros no residentes en el país. ¿Cómo y a quiénes afectaría esta iniciativa?
El megaproyecto de ley es la apuesta fuerte del nuevo Gobierno, que consta de 644 artículos y busca avanzar con grandes reformas estructurales en distintos ámbitos, como la economía, los sistemas previsionales y tributarios, y la educación, entre muchos otros.
En este último punto, la propuesta del artículo 553 ha despertado especial polémica. Este introduce la posibilidad de que las universidades estatales, gratuitas hasta ahora, cobren un arancel para extranjeros no residentes en el país.
El proyecto ha generado opiniones a favor y en contra, pero lo cierto es que su alcance sería bastante acotado.
Según los últimos datos obtenidos desde la Secretaría de Educación, 104.998 estudiantes extranjeros asistían a universidades públicas y privadas de Argentina en 2022. Entre ellos, 79.834 acudían a instituciones estatales y los restantes, a privadas.
Esto quiere decir que apenas el 3,9% de los estudiantes del sector estatal eran extranjeros, y en el sector privado el valor ascendía a 4,9%.
En consonancia, en carreras de grado y pregrado, los estudiantes de otras nacionalidades eran 99.693, apenas el 4,1% del total de los estudiantes de este nivel en el país.
Sin embargo, la normativa impulsada por el Ejecutivo no abarca a todo este sector. Solo se aplicaría a aquellos que no tengan residencia permanente en el país.
Si bien no hay datos oficiales sobre cuántas personas cuentan con residencia temporaria en Argentina, Manuel Vidal, exjefe de gabinete del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, explica que, si se considera únicamente a los extranjeros no residentes, el número de personas alcanzadas por la norma se reduce considerablemente.
Ese es el caso de María Jose Tebas, una joven salvadoreña quien estudia la carrera de zoología en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
“Argentina se nos hizo un país un poco más económico que otros a los cuales estábamos aspirando. Estoy muy contenta de mi decisión, ya que es un país hermoso con mucho patrimonio cultural que exponer”, relata Tebas.
El proyecto reafirma la gratuidad de “los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal” para los ciudadanos argentinos y para los extranjeros con residencia permanente en el país. Aún más, insiste en que estará prohibido imponer cualquier tipo de gravamen o arancel en este sentido.
En el texto de la norma aparece otra aclaración clave en relación con sus posibles efectos: “Las instituciones de educación superior de gestión estatal y las universidades nacionales en ejercicio de su autonomía, podrán establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos para aquellos estudiantes que no reúnan los requisitos previstos en el párrafo primero”.
Como especifica Vidal, esto implica que “es posible qué, aun aprobándose este artículo, jamás se vuelva de aplicación práctica. La ley en caso de aprobarse solo “habilita”, no obliga a nada”.
Actualmente, el paquete de medidas se debate en comisiones en el Congreso. Sus artículos únicamente entrarán en vigencia en caso de que sean aprobados por sus dos cámaras.
“Me siento tranquila si el proyecto que quieren llevar a cabo trae beneficios para mejorar la educación. Dado que se apruebe, yo estaría dispuesta a pagarlo, ya que Argentina es uno de los pocos países que mantienen las universidades públicas sin ningún costo para los estudiantes”, afirma María José Tebas.
Tebas no llegó sola al país. Junto a ella viajó su amiga Valeria Tobar, de 20 años, que cursa la carrera de arquitectura en la UNLP y cuenta con una residencia temporaria.
“Pensaba estudiar fuera del país, investigué y me salió la UNLP como una de las mejores universidades”, recuerda.
Los bajos costos de vida y el buen nivel académico también atrajeron a Fernando Cabezas, novio de María José, quien ya obtuvo su residencia permanente tras pasar cinco años estudiando ingeniería civil en Argentina.
Que los extranjeros con su condición no deban pagar el arancel propuesto no es menor. Esto es porque la permanencia puede obtenerse rápidamente, conforme a la actual legislación migratoria.
“En el peor de los casos solo demora dos o tres años la residencia permanente. Mientras que el tiempo teórico promedio de una carrera de grado en nuestra educación superior es de cinco años. Nadie que venga a estudiar una carrera de grado no cumpliría finalmente con esos requisitos”, reflexiona Manuel Vidal.
Para conseguir la residencia permanente se debe ser familiar de un argentino o de un extranjero con esta condición. En su defecto, también puede alcanzarse luego de vivir con una residencia temporaria durante dos años si se es nacional de un país perteneciente al Mercosur. De lo contrario, se necesitan tres años.
“A lo sumo, si solo vino a Argentina a estudiar, tendrá que quedarse dos años más en el país de lo que tenía previsto, o pagar solo el plazo en el que esté incumpliendo este requisito”, agrega el exfuncionario porteño.
Lo cierto es que habrá que esperar para ver de qué manera se aplicará esta normativa en caso de aprobarse, considerando que aún le aguardan largas sesiones de debate legislativo por delante.
Pese a que la propuesta no afectaría su situación, las dudas en torno a su aplicación también alcanzan a Fernando Cabezas: “Me genera incertidumbre con respecto a algunos amigos que sé que serán excluidos de la ley y les tocará pagar un monto, el cual aún se desconoce”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
