La revista Semana de Colombia reveló que este podría ser el "cementerio del horror", la primera fosa masiva de ejecuciones extrajudiciales y desconocidas con características inéditas en la historia del conflicto armado.
La jurisdicción especial para la Paz (JEP) presentó el 14 de diciembre un informe basado en la exhumación de más de 50 cadáveres en una fosa común en el cementerio Las Mercedes en Dabeiba (Antioquia).
El objetivo de la investigación es determinar si los restos corresponden a los llamados “falsos positivos”, es decir, civiles asesinados por militares que el Ejército posteriormente reportó como guerrilleros muertos en combate.
Según el documento de la JEP, las víctimas serían “hombres entre los 15 y los 56 años, con domicilio en Medellín y entre los que se encontrarían personas en condición de
discapacidad”.
La revista Semana de Colombia reveló que este podría ser el “cementerio del horror”, la primera fosa masiva de ejecuciones extrajudiciales y desconocidas con características inéditas en la historia del conflicto colombiano.
Hasta el momento, los trabajos en el cementerio de Debeida han dejado “la exhumación de siete cadáveres completos de presuntas víctimas de estos hechos”.
El Gobierno colombinano se pronunció al respecto y señaló que “el Ministerio de Defensa está atento a cualquier requerimiento que haga la Justicia Especial para la Paz o la Justicia Ordinaria, a la Justicia Penal Militar, con el fin de prestar la colaboración necesaria para contribuir en el establecimiento de la verdad, justicia, reparación y no repetición”.
Es el nombre que la sociedad civil colombiana le asignó a las ejecuciones extrajudiciales. El asesinato de las Fuerzas Armadas a civiles no combatientes, con el fin de aumentar las cifras de resultados positivos en contra de la insurgencia y la criminalidad. Fue motivada, promovida y posteriormente ocultada por el Ejército Nacional de Colombia.
Según la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ‘falsos positivos’ equivale a un ataque sistemático y a gran escala contra la población civil; afirman es un delito de lesa humanidad.
Según el informe de la Fundación para la Educación y el desarrollo de 2012 , hay dos razones: primero, las presiones militares para que se incrementaran los resultados de su lucha contra las guerrillas; y segundo: la decisión de entregar incentivos económicos y beneficios para los uniformados sin importar si se trataba de capturas o de ‘bajas en combate”. Situación que se oficializó en 2005.
El hecho se descubrió en 2008 con el caso de varios jóvenes de las zonas rurales de la capital que aparecieron como muertos en combate al norte del país. Pasando por la escenificación de la muerte en la que eran uniformados como guerrilleros y se les anulaba su identidad por parte de las Fuerzas Militares. Muchos de estos casos fueron denunciados, según un informe la ONU en 2010.
Según la publicación “Falsos Positivos en Colombia”, durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), más de 5 mil personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en 31 de los 32 departamentos del país, bajo el mandato de la denominada política de Seguridad Democrática.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
