La mujer, que formaba parte del Partido Conservador de Colombia, está presa desde abril del año pasado como medida cautelar y se habría intentado suicidar dos veces desde el encarcelamiento.
Debido a estar involucrada en una organización criminal de compra de votos, la elección de Aída Merlano Rebolledo como senadora de la República de Colombia durante el período 2018-2022 fue anulada.
Todo comenzó el 11 de marzo de 2018, fecha en la que se concretaron las elecciones legislativas de Colombia para el período 2018-2022. Merlano, parte del Partido Conservador, había conseguido 73.250 votos. Ese mismo día, la fiscalía de ese país realizó un allanamiento de la sede de la campaña política de Merlano, encontrando una presunta “sofisticada red de compra de votantes” en la llamada “Casa Blanca” de un barrio de Barranquilla, con la que se hacía seguimiento a los líderes encargados de comprar votos.
Posteriormente, se procedió a la suspensión de su cargo y, desde mediados de 2018, se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor (Bogotá) como medida cautelar.
El caso de Merlano sigue en curso en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el Consejo del Estado consideró que existían pruebas suficientes para comprobar que la mujer efectivamente dirigía la organización y lo hacía para beneficiarse en las elecciones.
En el fallo se afirma que existía una organización dirigida por la mujer “que tenía como propósito afectar la libertad de los electores, principalmente de Barranquilla, a través de ofrecer y entregar sumas de dinero para que votaran por ella”.
El Consejo consideró “demostrado que existió una organización liderada o dirigida por la señora Aída Merlano Rebolledo que tenía como propósito principal afectar la libertad de los electores, principalmente en Barraquilla, a través del ofrecimiento y entrega de sumas de dinero a cambio de su voto por ella al Senado de la República”.
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Además, añaden que el actuar de representante del Partido Conservador “afectó de manera grave la organización política del país, dada su trascendencia en la legitimación de la conformación del actual Congreso de la República” y por ello, el Consejo del Estado consideró “las prácticas corruptas adelantadas directa o indirectamente por candidatos a cargos de elección que afecten la pureza y libertad del voto de los electores, constituyen una causal de nulidad electoral independiente”.
A fines de febrero pasado, Merlano intentó atentar contra su vida en el recinto penitenciario y fue derivada a urgencias. Ya lo había tratado de hacer en septiembre de 2018, y su abogado, Silvio San Martín, confirmó que fue hospitalizada, pero que no recibió información del motivo del traslado.
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