El gobierno colombiano pidió reactivar una ley de 2002, la cual castiga a conductores de autos particulares que entreguen servicios de transporte público.
Los conductores de autos particulares que presten servicio de transporte público podrían quedarse sin licencia de conducción hasta por 25 años, según anunció esta semana la ministra de Transportes de Colombia, Ángela María Orozco.
La medida se da debido a una “correlación trágica entre la ilegalidad y la siniestralidad vial”, según la ministra Orozco, por lo que el Gobierno nacional busca “promover la transparencia en todas las actuaciones de los actores viales“.
“Estamos convencidos que con un mayor control ciudadano y sanciones más drásticas a quienes infrinjan la Ley, habrá menos espacios para exista la corrupción”, aseguró la ministra de Transporte esta semana.
Esta decisión no es nueva. Una ley de 2002 ya determinaba la suspensión de la licencia de conducción para los conductores que prestaran el servicio público de transporte con autos particulares “sin justa causa”.
En una circular del Ministerio de Transporte enviada a las autoridades de tránsito, el gobierno recuerda que hay una ley vigente que castiga a conductores de autos particulares que presten servicios de transporte público, por lo que pide que se le dé cumplimiento a lo establecido.
“Vamos a hacer efectiva por primera vez una sanción que existe ya desde el 2002”, les dijo a periodistas la ministra de Transporte.
En primera instancia, si el conductor es sorprendido prestando servicio de transporte público de manera ilegal, su licencia será suspendida por seis meses. Si es reincidente, la sanción llegaría a ser hasta por veinticinco años.
Según una ley de 2002, a los conductores se les cancelará la licencia de conducción cuando presten el servicio de transporte público con autos particulares, a menos que el orden público lo justifique, o haya una autorización de específica de las autoridades.
“El conductor podrá volver a solicitar una nueva licencia de conducción, solamente luego de transcurridos veinticinco (25) años desde la cancelación”, agrega la legislación.
El viceministro de Transporte de Colombia, Juan Camilo Ostos, insistió este viernes que las plataformas tecnológicas que prestan servicio de transporte son ilegales.
“Los servicios de transporte deben ser prestados por empresas constituidas legalmente, que paguen sus impuestos, que paguen sus pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual la cual tiene un efecto ante cualquier siniestro en el vehículo”, le dijo Ostos a Caracol Radio.
Según él, la presente medida se hace para proteger a los trabajadores de la industria del transporte público que genera casi 5 millones de empleos en todas las modalidades de transportes.
“Hay que proteger a esos empresarios legales”, dijo Ostos en Caracol Radio.
La aplicación de esta ley podría afectar a los conductores que estén vinculados con empresas de aplicaciones de transporte compartido como Beat, Cabify y Uber.
Cabify y Uber ya han sido multadas por la Superintendencia de Puertos y Transportes de Colombia por promover servicio público en autos particulares.
En el caso de Cabify, la Superintendencia la sancionó en 2017 con una multa de 162.472 dólares por “facilitar la violación de las normas de transporte al permitir que se preste el servicio público de transporte individual de pasajeros en vehículos de transporte especial o particular”. La empresa alegó que solo es una plataforma tecnológica que sirve de intermediaria entre conductores y usuarios para el servicio del transporte de pasajeros, según dice un comunicado de prensa de la Superintendencia.
Entre tanto, Uber ha sido multada dos veces con más de 250.000 dólares. Una en 2015 por “facilitar la prestación de servicios ilegales” y la otra en 2017 por “por facilitar y promocionar –a través de medios masivos y de publicidad– la prestación de servicios de transporte no autorizado en el país”, de acuerdo con la Superintendencia de Puertos y Transportes.
Uber también ha alegado que es una compañía legalmente establecida en Colombia, que paga impuestos y que son respetuosos de la ley, según dijo Nicolás Pardo, gerente general de Uber en Colombia en una entrevista con la revista Dinero en octubre de este año.
CNN se comunicó con Uber y Cabify para obtener un comentario sobre esta medida pero no fue posible una respuesta inmediata.
La medida podría afectar a miles de conductores que prestan sus servicios a través de estas plataformas en el país. Hasta septiembre de 2018, Uber tenía asociados a más de 90.000 socios conductores en 19 ciudades del país, y una movilidad de 2,2 millones de usuarios por mes, según la compañía.
La legalización de estas plataformas tecnológicas ha sido discutida en el Congreso, pero no ha prosperado. En 2015 fue radicado un proyecto de Ley para crear el servicio privado de transporte mediante plataformas tecnológicas, pero fue archivado en 2016 por cambio de legislatura.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
