Hasta ahora el aborto en Colombia solo está permitido en tres causales, fuera de ellas, está penado con hasta cuatro años y medio de cárcel. Ahora, dos demandas que acusan a la actual legislación como discriminatoria -entendiendo que 97% de las mujeres denunciadas vienen de zonas rurales- están siendo revisadas por los magistrados quienes, a más tardar el viernes, deben tomar una decisión.
(EFE) – Los magistrados de la Corte Constitucional de Colombia abordan este jueves el debate sobre la despenalización del aborto en una decisión que deberá ser votada a más tardar el viernes y que es decisiva para los derechos de las mujeres.
“La Corte Constitucional tiene en sus manos muchas razones en derecho, que además son potentes desde la perspectiva de salud pública, desde la perspectiva de la protección de derechos humanos de las mujeres”, aseveró a Efe la cofundadora de la Mesa por la Vida, Ana Cristina González y coordinadora de Causa Justa.
Esta plataforma, que aglutina a casi un centenar de organizaciones feministas, fue la que presentó una de las dos demandas que hoy estudian los magistrados, y que argumenta, entre otras cuestiones, que el aborto ahonda la desigualdad entre mujeres y que “no ha sido eficaz ni justo y sí discriminatorio”.
Hasta ahora el aborto en Colombia solo está permitido en tres causales: Cuando está en riesgo la salud o la vida de la madre, cuando es fruto de violación o incesto o si hay malformación del feto, y en el resto de casos está penado hasta con cuatro años y medio de cárcel.
En realidad, la Corte tiene sobre la mesa dos demandas distintas que buscan el mismo fin: Una presentada por un particular que se basa, sobre todo, en que el aborto es el único delito de género que hay en el Código Penal porque solo se le aplica a las mujeres y por tanto atenta contra el principio de igualdad ante la ley.
Y luego la de Causa Justa, que además del argumento de desigualdad entre mujeres -porque el 97 % de las mujeres denunciadas por abortar son de zonas rurales, que es donde también se producen más complicaciones en el procedimiento-, también asegura que las tres causales no son suficientes.
Las barreras para abortar, incluso en los supuestos estipulados, han provocado que los abortos legales sean solo entre el 1 y el 12 % de los que se practican en todo el país (según la estadística a la que se acuda); “Eso quiere decir que las mujeres que abortan lo hacen por fuera de esas causales, lo hacen de manera clandestina, probablemente insegura”, alega González.
La otra demanda, que defenderá el magistrado Alberto Rojas, también ahonda en que la sociedad ha evolucionado tanto que no son suficiente solo tres causales para garantizar los derechos de las mujeres. Otra de las razones que tendrán los magistrados en el debate, es que se usa de forma excesiva el derecho penal cuando se trata del aborto, ya que desde 2008 no han bajado de 400 las denuncias por esta práctica en Colombia, según datos de la Fiscalía.
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“En Colombia se condena más el delito de aborto que los delitos en los que las mujeres son víctimas, creo que esa es una razón de mucho peso y una razón que difícilmente una instancia como la Corte puede desconocer”, recordó González. Por abortar en Colombia, a las mujeres se las condena siete veces más que a los victimarios de violencia doméstica y el doble que a los de violencia sexual, según Causa Justa. Además, el aborto no consentido, es decir, el que se le practica a una mujer sin que lo pida apenas se investiga y de las condenas por aborto menos del 3 % son de este tipo.
La votación debe recaudar cinco votos favorables para que salga adelante, y hasta el momento, según fuentes cercanas al proceso, habría cuatro apoyos y quedaría que alguna de las mujeres magistradas se uniera.
Si finalmente se despenaliza, “por supuesto que es un camino largo, pero es un camino menos tortuoso”, explica González. Acto seguido, quedaría regularlo como práctica, porque la Corte Constitucional muy probablemente no vaya a decidir las semanas en las que se pueda practicar una interrupción voluntaria del embarazo, pero al menos ya no será sancionado.
Eso quiere decir que los más de 5 mil procesos que hay abiertos actualmente en la Justicia por aborto se cerrarían inmediatamente y que incluso las condenas de las mujeres que están en prisión por este delito podrían revisarse.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
