Llegando a los 10 días de protestas en Ecuador, aún no se concreta un acuerdo el presidente Guillermo Lazzo y las organizaciones índigenas. Te entregamos las claves para comprender este conflicto desde su origen hasta la actualidad.
(CNN Español) — Ecuador entró este miércoles en su quinto día bajo el estado de excepción, decretado por el presidente Guillermo Lasso debido a la “grave conmoción interna” en varias provincias del país, donde desde hace diez días se registran enfrentamientos y cierres de carreteras en medio de una gran protesta a nivel nacional que lleva más de una semana.
Hasta el momento, el número de fallecidos asciende a cuatro personas desde el inicio de las manifestaciones, luego de que la Policía Nacional de Ecuador informara este miércoles de una nueva muerte en el contexto de las protestas.
Lasso anunció el viernes el estado de excepción para las provincias de Cotopaxi y Pichincha mediante el decreto 455, y este lunes lo derogó y reemplazó con el decreto 459, que también incluye a las provincias de Imbabura, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua y tiene una duración de 30 días. La Asamblea Nacional aun debatía este lunes por la noche el primer decreto.
La medida llega en medio de una gran movilización nacional promovida por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en contra del Gobierno, iniciada el lunes 13 de junio.
“Anoche convoqué al diálogo y la respuesta fue más violencia. No hay intención de buscar soluciones. Dicen que luchan por el costo de la vida, pero cierran carreteras que provocan escasez, alza de precios y especulación. Dicen que quieren mejorar los servicios de salud, pero impiden el paso de ambulancias poniendo en riesgo de muerte a nuestros hermanos enfermos”, dijo Lasso durante su intervención del viernes.
El mandatario insistió en que los hechos de violencia que se han registrado desde el lunes lo han obligado a declarar el estado de excepción “para defender la capital y defender el país”.
“Hay gente buena que está marchando para reclamar causas justas. Demandas que todavía no hemos podido atender”, agregó el presidente.
Mientras tanto, el movimiento indígena puso una serie de condiciones el martes para retornar al diálogo, entre ellas la desmilitarización de ciertos sectores de Quito y la derogación del estado de excepción.
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¿Pero por qué el país está envuelto en protestas? Estas son las claves.
La Conaie, que lidera la movilización nacional desde hace nueve días en algunas provincias, exige al gobierno reducir los precios de los combustibles, atender el problema del desempleo, regular los precios de los productos del campo y combatir el crimen, entre otras demandas.
La dirigencia de la Conaie insistió a lo largo del viernes, el día en el que Lasso anunció el primer estado de excepción, que mantendrá la paralización. Su presidente, Leonidas Iza —detenido el martes durante las protestas y luego liberado—, hizo un llamado a la manifestación pacífica y aseguró que su movilización no tiene tintes vandálicos.
El jueves, Iza había dicho que no aceptará un diálogo donde no exista resultados y aseguró que coordinaría la movilización de bases indígenas a Quito si no hay respuestas a sus pedidos.
El viernes, el quinto día de protestas en varias provincias, estuvo marcado al igual que otros días por cierres de carreteras, sobre todo en las provincias de la Sierra y, al caer la noche, hubo movilizaciones en el centro histórico de Quito que terminaron en enfrentamientos en la Plaza de Santo Domingo entre policías y manifestantes.
La Policía Nacional informó en su cuenta de Twitter que, según los bomberos, tres personas habrían caído a una quebrada en un sector de Guayllabamba, a unos 30 kilómetros al norte de Quito, y una de ellas falleció. Por el momento no ofrecieron más detalles.
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El decreto 455 incluye la movilización de varias instituciones, el despliegue de operaciones coordinadas entre la Policía y las Fuerzas Armadas, limitación de las aglomeraciones, toque de queda que restringe la libertad de tránsito desde las 22:00 a las 05:00 en el Distrito Metropolitano de Quito, para preservar la seguridad ciudadana y el orden público.
Pero Lasso derogó ese decreto y lo reemplazo por el 459, que amplió el estado de excepción a más provincias, alcanzando en total a Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua.
“Esta declaratoria se da con motivo de las actuaciones violentas que han alterado el orden público, provocando situaciones de violencia manifiesta que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y amenazan el correcto funcionamiento de los sectores estratégicos vitales para la economía del país, así como también la posibilidad de radicalización de las medidas por declaraciones públicas que llaman a la realización de protestas no pacíficas indefinidas”, señala el documento del decreto presidencial.
En tanto, este lunes la Asamblea continuó con la sesión en la que diferentes legisladores se pronunciaron a favor y en contra del estado de excepción en el país.
El asambleísta del bloque correísta del Movimiento Unión por la Esperanza (UNES), Cristóbal Lloret, dijo que la derogación del decreto 455 es “una jugarreta” del Gobierno, mientras la asambleísta Ana Belén Cordero subrayó que no hay necesidad de debatir algo que ya está derogado.
La Policía Nacional rechazó las intenciones de derogar el estado de excepción que promueve toque de queda de 22:00 a 5:00 en las 6 provincias y la coordinación de seguridad entre las Fuerzas Armadas y la Policía.
“Sería una irresponsabilidad levantar el estado de excepción, cuando tenemos antecedentes de graves daños, y no es que sean infiltrados, sino que son parte de grupos articulados, donde existirían algunos actores que podrían estar financiando estas protestas”, precisó la Policía.
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En su cuenta de Twitter, el presidente Guillermo Lasso a través de un video, respondió que no permitirá el desorden en las protestas y apuntó contra quienes, según él, quieren sacarlo del poder.
“Ellos buscan el caos, quieren botar al presidente, yo estoy aquí, yo no voy a escapar”, dijo en un video que publicó en esa red social.
El anuncio del viernes del presidente, cuando reveló el primer decreto de estado de excepción, estuvo acompañado de un pliego de decisiones en materia económica, con el fin de aliviar lo que llamó “la difícil situación de muchas familias”. Las medidas anunciadas son las siguientes:
La Fiscalía General del Estado de Ecuador informó este martes que el edificio de su sede central en Quito se encuentra bajo ataque. En un comunicado publicado en sus redes sociales, la institución señaló que pidió a la Policía y Fuerzas armadas que refuercen la seguridad del lugar para impedir que ocurran nuevos incidentes.
Además, afirmaron que se llevaron a cabo acciones para proteger a los funcionarios y los expedientes e información sensible que manejan para evitar poner en riesgo las investigaciones y procesos en marcha.
“La Fiscalía General del Estado reconoce el derecho de la ciudadanía a protestar, pero rechaza todo acto vandálico, más si pone en riesgo la integridad de los personas y los bienes del Estado, y reitera su compromiso de mantener el acceso a la justicia”, se lee en la nota oficial.
Se han reportado hasta ahora cuatro muertos en total y hasta el momento, cuatro han muerto en el contexto de las protestas, según las autoridades.
En un comunicado, la Policía Nacional señaló que el último fallecimiento ocurrió el martes en la provincia de Pastaza, en la región amazónica, “a consecuencia de la manipulación de un artefacto explosivo”. La Policía aclaró que no usa ese tipo de material para el control del orden público y “menos aún en las marchas y manifestaciones pacíficas ciudadanas”.
La institución dijo que el caso será investigado por autoridades judiciales y que prestará apoyo para esclarecer todos los incidentes violentos, además de señalar que actúa “en el irrestricto respeto a los derechos humanos”.
El Ministerio de Salud informó el martes en un comunicado que dos personas murieron el domingo pasado debido a la obstaculización del paso de ambulancias. Previamente, la Policía había informado este lunes que una persona falleció al caer de una quebrada en un sector de Guayllabamba, a unos 30 kilómetros al norte de Quito.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
