La mujer recibió el premio Goldman en 2015 por su lucha a favor del medio ambiente. Antes de ser asesinada se opuso a la instalación de una hidroeléctrica en el río Gualcarque en su comunidad lenca.
Una terna de jueces del tribunal de sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Honduras declaró culpables este jueves a siete de las ocho personas imputadas por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.
Cuatro de los procesados fueron declarados culpables por los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa y los tres restantes fueron encontrados culpables por el delito de asesinato.
El fallo se da tras más de un mes de haberse iniciado el juicio oral y público.
Berta Cáceres fue asesinada en el interior de su vivienda ubicada en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, al occidente de Tegucigalpa, el 2 de marzo de 2016.
Por este caso guardan prisión nueve personas, entre ellos tres exmilitares; todos se han declarado inocentes.
Como uno de los actores intelectuales del asesinato de la ambientalista se declaró culpable a Sergio Rodríguez, gerente ambiental de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), una compañía a la que Cáceres se opuso por intentar instalar una hidroeléctrica en el río Gualcarque en su comunidad lenca.
Jair López, el abogado defensor de Rodríguez, asegura que su cliente es inocente y expresó y que no tuvo ninguna relación que lo implique con los otros detenidos.
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“Es posible que haya alguna evidencia respecto a los otros imputados, pero no hay ninguna vinculación de nuestro representado con ellos. Sergio Ramón Rodríguez no se comunicó con ninguno de ellos”, aseguró el abogado López.
David Castillo Mejía, presidente de DESA, quien se ha declarado inocente, es otro de los supuestos actores intelectuales.
Por haber sido capturado el 2 de marzo de 2018, su causa aún no llega a la etapa de juicio oral y público, según dijeron las autoridades del poder judicial.
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La empresa Desarrollos Energéticos mediante comunicados ha argumentado la inocencia de sus ejecutivos detenidos y se ha desligado del asesinato de Cáceres.
Amnistía Internacional tuvo durante todo el debate público un observador en el caso de la dirigente indígena asesinada, quien recibió el premio Goldman en 2015 por su lucha a favor del medio ambiente.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
