Decenas de miles de mujeres se han unido a las protestas en el centro de Seúl bajo el lema "Mi vida no es tu pornografía". Un escuadrón especial de mujeres inspectoras comenzó a supervisar los sanitarios.
Las mujeres jefas de seguridad inspeccionan un baño en Seocho, un distrito de Seúl. La capital de Corea del Sur anunció recientemente planes para realizar patrullas diarias de baños para localizar cámaras ocultas.
La situación es compleja: desde 2011, el número de casos de filmaciones ilegales en Corea del Sur ha aumentado de 1.300 por año a más de 6.000 en 2017.
Las mujeres han sido grabadas en sus hogares, se han tomado fotos bajo sus faldas [fenómeno conocido como ‘upskirt’] en las calles y han sido captadas en cámaras espías ocultas en aseos y vestuarios.
Las imágenes se han compartido ampliamente en línea, se han subido a sitios de transmisión y se han compartido en foros de voyeurismo.
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En los últimos cuatro meses, decenas de miles de mujeres se han unido a las protestas en el centro de Seúl bajo el lema “Mi vida no es tu pornografía“. Con máscaras y pancartas que exigen al gobierno tomar medidas para protegerlas y enjuiciar a los hombres atrapados filmando, la ira y la frustración entre las manifestantes era palpable, agravada por la larga demora en ver incluso una leve acción oficial.
El lunes, un escuadrón especial de mujeres inspectoras comenzó los controles diarios de 20.000 baños públicos en Seúl, y también se buscaron cámaras espías en decenas de miles de baños privados.
Pero aunque este enfoque ha recibido amplia cobertura de prensa y promoción por parte de las autoridades locales, los activistas y las víctimas dicen que no es suficiente, y aún enfrentan una falta de interés y comprensión por parte de la Policía y algunos legisladores.
Miles de mujeres se manifiestan en Seúl contra las grabaciones ilegales en baños públicos o incluso sus hogares.
En Seúl se ha creado una nueva profesión por la creciente frecuencia y conciencia pública por las grabaciones ilegales: “el enterrador digital”.
Lee Ji-soo ejerce como tal. Busca contenido publicado sin el permiso de la protagonista. Cuando lo encuentra, usa un software patentado para buscar todas las copias que haya. A continuación, envían una carta, o un aviso legal si es necesario, a los administradores del sitio web solicitando que se retire.
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Lee Ji-soo trabaja como un “enterrador digital”, ayudando a las víctimas a eliminar fotos y videos ilegales de Internet.
La velocidad con la que se propagan estos videos es especialmente problemática para las víctimas de la pornografía oculta, la mayoría de las cuales ignoran por completo que han sido grabadas y pueden no serlo hasta meses o incluso años después de la primera carga del video. La velocidad de transmisión se ve incrementada por los foros y webs dedicados a compartir videos de upskirt ilegales y venganza porno, muchos de los cuales han resultado difíciles de eliminar.
Al ser preguntada sobre cómo las mujeres pueden defenderse de ser una víctima de este tipo de delitos, Lee se apresuró a señalar que no son remotamente culpables por aparecer en estos videos.
“De alguna manera, esta gente estaba caminando en la calle cuando una piedra inesperadamente aterrizó sobre ellas”, dijo. “Así que no puedo decirle a estas personas que cambien su comportamiento”.
Miles de mujeres protestan contra las filmaciones ilegales el 4 de agosto de 2018 en Seúl, Corea del Sur. (Chung Sung-Jun/Getty Images)
A principios de este año, el Gobierno comenzó a ofrecer servicios similares a la compañía de Lee. El Centro de Apoyo a las Víctimas de Delitos Sexuales Digitales proporciona servicios de consulta y eliminación, y los funcionarios dijeron que en los primeros 50 días de funcionamiento ayudaron a 500 víctimas a eliminar más de 2.200 videos en línea. También proporciona a las víctimas soporte legal para presentar cargos criminales y avisos de eliminación.
El Gobierno también ha dicho que destinará 4,5 millones de dólares en fondos a las autoridades locales para aumentar las patrullas de baños y vestuarios para buscar cámaras espías.
Un escuadrón de búsqueda de cámara oculta, formado por voluntarios estudiantes y ciudadanos, escanea un baño cerca de una piscina pública en Changwon, Corea del Sur, el 25 de julio de 2018.
Si bien las autoridades han mostrado interés en actuar, estimuladas por las protestas masivas en el centro de Seúl, algunas víctimas se quejan de su frustración con el desempeño de la Policía.
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Los datos apoyan las sospechas de algunas de las víctimas sobre las actitudes oficiales. Si bien la ley actual establece que aquellos que graban o distribuyen ilegalmente pueden ser condenados a hasta cinco años de prisión, solo alrededor del 5% de las condenas resultan en encarcelamiento, y la mayoría de los perpetradores reciben multas o sentencias suspendidas, según un estudio del Asociación de Abogados de Mujeres de Corea.
La semana pasada, el legislador Kim Young-ho, del gobernante Partido Demócrata, propuso cambios a la ley para imponer sentencias más duras sobre la filmación ilegal de actos sexuales, incluidos videos debajo de las faldas.
“No te preocupes, madre, tu hija es una soldado”, se lee en un letrero en una manifestación en el centro de Seúl el 4 de agosto. Se esperan más protestas este mes.
“Cuando se difunde un video ilegal, roba a una persona y arruina su vida. Aunque es un crimen grave, la ley y el castigo no han sido estrictos”, dijo a CNN.
– James Griffiths, Ella Ha, Jenni Kim y Stella Ko, de CNN, contribuyeron a este reporte.
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