El Departamento cree que probablemente Los documentos de Mar-a-lago fueron "ocultados y retirados", ya que querían dificultar la investigación realizada por la FBI hacia Donald Trump y su posible mal manejo de material clasificado. Hasta el momento se han recuperado más de 320 documentos clasificados, dentro de ellos están los más de 100 adquiridos en el allanamiento del FBI a principios de este mes.
(CNN Español) —Documentos del gobierno de EE.UU. “probablemente fueron ocultados y retirados” de una sala de almacenamiento en Mar-a-Lago como parte de un esfuerzo por “obstruir” la investigación del FBI sobre el posible mal manejo de materiales clasificados por parte del expresidente Donald Trump, dijo el Departamento de Justicia en una impactante presentación de la corte el martes por la noche.
Más de 320 documentos clasificados ahora se han recuperado de Mar-a-Lago, dijo el Departamento de Justicia, incluidos más de 100 en el allanamiento del FBI a principios de este mes.
La presentación del martes representa el argumento más sólido del Departamento de Justicia hasta la fecha de que Trump ocultó material clasificado que guardaba en Mar-a-Lago en un intento de obstruir la investigación del FBI sobre el posible mal manejo de material clasificado.
El Departamento de Justicia reveló los sorprendentes nuevos detalles como parte de su movimiento para oponerse al intento de Trump de intervenir en la investigación federal que condujo al allanamiento de su centro vacacional en Florida y su deseo de que se nombre un “perito independiente” para el caso.
Trump ha impulsado una “narrativa incompleta e inexacta” en sus recientes documentos judiciales sobre la búsqueda de Mar-a-Lago, dijo el Departamento de Justicia.
“El gobierno brinda a continuación una enumeración detallada de los hechos relevantes, muchos de los cuales se brindan para corregir la narrativa incompleta e inexacta establecida en las presentaciones del demandante“, escribieron los fiscales.
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Presenta una fuerte refutación de las críticas al registro sin precedentes de la residencia de un expresidente por parte del FBI, y expone claramente cómo Trump no devolvió docenas de documentos clasificados incluso después de que su abogado atestiguó que había proporcionado todo el material clasificado en su poder.
Una imagen en la página final de la presentación que muestra documentos clasificados esparcidos por el piso de la oficina de Trump, llenos de marcas clasificadas como “HCS”, las siglas en inglés de fuentes confidenciales humanas, remarcó cuán sensible era el material que Trump había tomado.
Lo que está en juego es el cumplimiento de Trump con una citación del jurado investigador, emitida en mayo, exigiendo que entregue documentos clasificados de Mar-a-Lago. Los fiscales dijeron el martes que probablemente se sacaron algunos documentos de una sala de almacenamiento antes de que los abogados de Trump examinaran el área, mientras intentaban cumplir con la citación. La línea de tiempo es esencial, porque los abogados de Trump dijeron más tarde a los investigadores que registraron el área de almacenamiento y que se contabilizaron todos los documentos clasificados.
“El gobierno también desarrolló evidencia de que los registros del gobierno probablemente se ocultaron y se retiraron de la sala de almacenamiento y que probablemente se tomaron medidas para obstruir la investigación del gobierno”, escribieron los fiscales. “Esto incluía pruebas que indicaban que las cajas que antes estaban en la sala de almacenamiento no se devolvieron antes de la revisión del abogado”.
En la presentación que se opone a la solicitud de Trump, el Departamento de Justicia argumenta que el expresidente carece de autoridad sobre los registros presidenciales “porque esos registros no le pertenecen”, ya que los registros presidenciales se consideran propiedad del gobierno.
La Ley de Registros Presidenciales deja en claro que “Estados Unidos” tiene “total propiedad, posesión y control de ellos“, afirma la presentación del Departamento de Justicia.
Trump ha argumentado que se han violado sus derechos constitucionales y que algunos de los documentos incautados a principios de este mes contienen material cubierto por el privilegio, particularmente el privilegio ejecutivo.
Quien ordenó al Departamento de Justicia que hiciera la presentación fue la jueza Aileen Cannon, quien ya ha indicado que se inclina a conceder la solicitud de Trump de que un tercero supervise los documentos que el FBI confiscó en Mar-a-Lago.
El papel de un perito independiente es filtrar cualquier material incautado en un allanamiento que no deba estar en manos de los investigadores debido a un privilegio. Los peritos independientes se han utilizado antes en casos de alto perfil, pero generalmente en casos en los que el FBI ha registrado la oficina o el hogar de un abogado y existe la necesidad de filtrar materiales relacionados con el privilegio abogado-cliente. La solicitud de Trump se ha centrado en la necesidad de proteger los documentos relacionados con el privilegio ejecutivo de su conducta como presidente.
Las señales de Cannon, quien fue designada por Trump, de que se está inclinando por nombrar a un perito independiente para el allanamiento de Mar-a-Lago han llamado la atención de los observadores legales. Por un lado, Trump presentó su solicitud de nombramiento dos semanas después del allanamiento de su casa en Florida, arriesgando la posibilidad de que el Departamento de Justicia ya haya terminado con la mayor parte de su revisión. En segundo lugar, tanto Trump como el juez han señalado las normas civiles relativas a los nombramientos de peritos independientes, cuando la orden de allanamiento surge en un contexto penal.
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Desde la búsqueda del 8 de agosto, varios documentos judiciales previamente secretos que presentó el Departamento de Justicia para obtener la orden judicial se han hecho parcialmente públicos, en parte debido a una oferta de transparencia presentada ante el tribunal por varias organizaciones de medios, incluida CNN.
Esos documentos editados han revelado que la búsqueda estaba relacionada con una investigación del Departamento de Justicia sobre presuntas violaciones de la Ley de Espionaje, mal manejo criminal de documentos gubernamentales y obstrucción de la justicia. Según una declaración jurada del FBI que se publicó la semana pasada, una revisión del FBI de 15 cajas recuperadas por los Archivos Nacionales en Mar-a-Lago en enero encontró 184 documentos con marcas de clasificación, algunos de ellos identificados como documentos gubernamentales particularmente sensibles.
Trump, al buscar al perito independiente, ha enfatizado en documentos judiciales la falta de aplicación penal en la Ley de Registros Presidenciales, una ley de la era Watergate que establece el proceso para preservar los registros presidenciales. No mencionó los tres estatutos penales que el Departamento de Justicia citó en sus documentos de orden judicial. Los abogados de Trump también han enfatizado su capacidad supuestamente ilimitada cuando era presidente para desclasificar documentos, aunque los estatutos en cuestión no requieren que los materiales sean clasificados.
Un alto funcionario del Departamento de Justicia sostiene que los investigadores federales estaban limitados en lo que podían ver cuando visitaron el complejo en junio, contrariamente a la narrativa de cooperación total del equipo de Trump.
El abogado de Trump solicitó que el FBI fuera al centro turístico para recoger los documentos después de que el equipo de Trump recibió una citación del jurado investigador en mayo en busca de cualquier material marcado como clasificado, según el Departamento de Justicia.
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El relato del Departamento de Justicia también socavó las afirmaciones de Trump y sus aliados de que el expresidente había desclasificado los materiales en cuestión.
“Al presentar los documentos, ni el abogado ni el custodio afirmaron que el expresidente había desclasificado los documentos ni afirmó ningún reclamo de privilegio ejecutivo”, dice la presentación. “En cambio, el abogado los manejó de una manera que sugería que el abogado creía que los documentos estaban clasificados: la producción incluía un solo sobre Redweld, envuelto con cinta adhesiva, que contenía el documento”.
En el relato del Departamento de Justicia, el abogado de Trump dijo que todos los documentos restantes de la Casa Blanca de Trump se guardaban en el depósito de Mar-a-Lago. “El abogado declaró además que no había otros registros almacenados en ningún espacio de oficina privado u otro lugar en las instalaciones y que se registraron todas las cajas disponibles”, dice la presentación.
Los fiscales confirmaron la afirmación de Trump de que a los funcionarios del Departamento de Justicia y del FBI que hicieron la visita se les permitió ir el área de almacenamiento.
“Sin embargo, de manera crítica, el abogado del expresidente prohibió explícitamente al personal del gobierno abrir o mirar dentro de cualquiera de las cajas que permanecían en la sala de almacenamiento, sin darle oportunidad al gobierno de confirmar que no quedaban documentos con marcas de clasificación”, dijo el Departamento de Justicia.
El Departamento de Justicia confirmó que se habían emitido citaciones del jurado investigador en su investigación y, al hacerlo, los fiscales indicaron que los procedimientos relacionados con la búsqueda también se estaban desarrollando en secreto en el juzgado federal en Washington.
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Refiriéndose a una citación emitida en mayo para “cualquier y todos los documentos o escritos bajo la custodia o control de Donald J. Trump y/o la Oficina de Donald J. Trump que lleven marcas de clasificación lista de marcas de clasificación”, dijo el Departamento de Justicia en una nota al pie de página que había sido autorizada por el juez jefe Beryl Howell en el Tribunal de Distrito de Washington para revelar esas citaciones del jurado investigador. La referencia a ella sugiere que, además del juez magistrado Bruce Reinhart y Cannon en Florida, un tercer juez ahora está involucrado en la investigación del Departamento de Justicia.
“El expresidente reveló esta citación y una citación para imágenes de video en las instalaciones en sus presentaciones ante este Tribunal”, dice la nota al pie. “Después, el 29 de agosto de 2022, el juez presidente Howell en el Distrito de Columbia autorizó al gobierno a divulgar a este Tribunal estas citaciones del jurado investigador y el material discutido en este documento”.
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