La medida había sido solicitada por la Fiscalía de Ecuador en el marco del caso de secuestro de un ex legislador ecuatoriano.
Este miércoles se dictó la orden de prisión preventiva para el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, por el caso de intento de secuestro en Colombia de un ex legislador ecuatoriano en 2012.
La medida había sido solicitada por la Fiscalía de Ecuador y la jueza de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, horas más tarde ordenó la medida.
El fiscal general Paúl Pérez solicitó que se notifique a Interpol mediante difusión de alerta roja para su captura y extradición.
El caso Balda se remonta a 2012 cuando el exasambleísta se encontraba en Bogotá y, según su versión ante la fiscalía, cuatro hombres y una mujer lo habrían golpeado y obligado a subirse a un auto que no llegó a su destino pues un grupo de taxistas llamó a la policía que logró liberarlo. A inicios de este año Balda ratificó su denuncia de secuestro y la fiscalía reabrió el caso.
Según la investigación del fiscal general Paúl Pérez, existen suficientes elementos para vincular a Rafael Correa como la “existencia de órdenes dentro de una cadena de mando” y las versiones de tres exfuncionarios del Gobierno de Correa que están detenidos por este caso. A comienzo de junio, el fiscal dijo que este caso podría configurar un “crimen de Estado” porque, entre otras cosas, se utilizaron fondos y funcionarios públicos para su ejecución.
El opositor Fernando Balda constantemente señaló a Rafael Correa como responsable directo de un operación para espiar a sus opositores y a periodistas a través de la Secretaría de Inteligencia que fue creada mediante decreto firmado por el mismo Correa en 2009. La Secretaría se constituyó como una entidad adscrita a la presidencia de la República para tareas de inteligencia y contrainteligencia. Correa ha rechazado los señalamientos de Balda y niega haber participado en tareas de espionaje a opositores.
En 2015, la justicia de Colombia condenó a 5 años de prisión a 4 personas declaradas culpables de ser “autores de secuestro simple atenuado” en este caso.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
