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Diputados de Bolivia aprueban el uso de dióxido de cloro como tratamiento para coronavirus
Por CNN Chile
06.08.2020 / 14:45
El Ejecutivo tiene 10 días hábiles para decidir si promulgará o vetará la norma. Se trata de un elemento que se usa principalmente para desinfectar los suministros de agua potable y, hasta ahora, no estaba autorizado su uso en o sobre el cuerpo humano.
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(CNN) — La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó un proyecto de ley que regula de forma excepcional la elaboración, comercialización, suministro y uso consentido de la solución de dióxido de cloro, de manera preventiva y como tratamiento para pacientes diagnosticados con coronavirus.
El proyecto, aprobado en julio por el Senado, incluye modificaciones que disponen que laboratorios públicos y privados, acreditados y autorizados por el órgano competente, podrán elaborar la solución de dióxido de cloro, “debiendo cumplir con las condiciones de calidad e incluir al producto final prospectos que acrediten la composición, dosificación, precauciones y cuidados a la hora de consumir este compuesto”, según indicó el comunicado oficial de la Cámara.
La Asamblea Legislativa de Bolivia tiene mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales. Los legisladores que impulsaron ese proyecto defienden el uso de esta sustancia como una “alternativa” para enfrentar la pandemia.
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El dióxido de cloro se usa principalmente para desinfectar los suministros de agua potable y hasta ahora no estaba autorizado su uso en o sobre el cuerpo humano.
El Ministerio de Salud señaló que no es un tratamiento eficaz contra el covid-19 y en julio advirtió con procesar a quienes promuevan tratamientos “por atentar a la salud pública de la población”.
La Administración de medicamentos y alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), recomendó evitar la compra o ingesta de productos con dióxido de cloro ya que carece de evidencia científica que respalde su seguridad o eficacia “y presentan riesgos considerables a la salud de los pacientes”. En la misma línea se pronunció la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que además advirtió sobre graves efectos adversos.
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Según la Constitución, el Poder Ejecutivo tiene 10 días hábiles para decidir si promulgará o vetará la norma. Hasta el momento la presidenta interina Jeanine Áñez no ha indicado cuál será su decisión.
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