La cifra de fallecidos, principalmente por rivalidades entre bandas criminales, se disparan en diferentes cárceles de todo el país. Tanto las autoridades, como organizaciones internacionales de Derechos Humanos, han convenido que tras el censo se deberán aplicar medidas de prevención y vigilancia, entre otras cosas.
(EFE) – Ecuador inició este lunes el primer censo penitenciario de su historia, con el que busca registrar a las más de 32 mil personas privadas de libertad en las 36 prisiones del país, donde desde 2020 han muerto asesinados más de 400 de ellos, principalmente en diferentes enfrentamientos entre bandas criminales rivales.
El registro tomará unos tres meses, según anticipó el servicio penitenciario nacional (SNAI), encargado de administrar y custodiar las cárceles ecuatorianas. Dos equipos de norte a sur se juntarán en la ciudad de Guayaquil, donde está la Penitenciaria del Litoral, la cárcel más poblada de Ecuador, donde se registraron los episodios más sangrientos y macabros el año pasado.
Del universo de 32 mil privados de libertad, 30.440 eran hombres y 2.065 mujeres, según el último informe publicado por el SNAI, y cerca de 13 mil presos, equivalente a más de una tercera parte, están encarcelados sin sentencia, en régimen de prisión provisional.
Las autoridades han señalado el censo facilitará el levantamiento y actualización de información sociodemográfica de las personas privadas de la libertad para mejorar sus condiciones de habitabilidad y para una mejor administración de las cárceles.
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La secretaria de Derechos Humanos del Gobierno, Paola Flores, reiteró que el compromiso del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, es “transformar el sistema penitenciario” para que los presos tengan condiciones.
Precisamente, la dignidad de las condiciones carcelarias fue una de las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe emitido en marzo sobre la crisis carcelaria de Ecuador.
En ese informe, la CIDH también instó al Estado ecuatoriano a recuperar el control interno de los centros penitenciarios, en manos de bandas criminales, y a elaborar una política de prevención del delito donde la principal estrategia no sea el encarcelamiento como mecanismo disuasorio.
En ese sentido, el Ejecutivo inició desde julio el proceso para contratar a 1.400 nuevos agentes penitenciarios que permitirá casi doblar la plantilla actual y así reforzar la vigilancia de las cárceles, donde las últimas masacres han evidenciado la facilidad con la que los presos introducen machetes o incluso fusiles de asalto.
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También se está llevando a cabo un programa de indultos y conmutaciones de penas con presos condenados por delitos menores que hayan cumplido la mayor parte de la condena, así como la formulación de la primera política pública nacional de derechos humanos para la población penitenciaria.
Esto ha permitido que el hacinamiento del sistema penitenciario ecuatoriano, con capacidad para 30.169 reos, haya descendido del 16,69% al 7,74% en lo que va de año, aunque hay algunas prisiones que se encuentran aún en torno al 50% por su alta sobrepoblación.
Sin embargo, las matanzas entre presos causadas por enfrentamientos entre bandas rivales que se disputan el control interno de las cárceles no han cesado de momento, y la última de ellas se produjo en julio en la prisión de Santo Domingo de los Tsáchilas, donde fueron asesinados 12 convictos. Esta matanza sucedió a otra ocurrida en la misma prisión en mayo, donde fueron asesinados 44 reclusos, con el mismo patrón de extrema crueldad que convirtió la cárcel en un baño de sangre y en una pila de cuerpos decapitados y desmembrados, cuya identificación tomó más de una semana a las autoridades.
Para la organización Human Rights Watch (HRW), los factores que explican esta violencia son el hacinamiento, la falta de control estatal y el poder adquirido por grupos criminales, de acuerdo a un informe publicado por esta organización en julio.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
