Ecuador ha estado sufriendo apagones diarios de hasta ocho horas de duración en distintas zonas, debido a que el embalse de Mazar, el segundo más grande del país, se quedó sin el nivel suficiente de agua.
(EFE) – El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, volvió a decretar este viernes un nuevo estado de excepción a nivel nacional por 60 días, esta vez por causa de la grave crisis energética que atraviesa el país, con apagones de hasta ocho horas de duración al no poder atender la demanda nacional de electricidad.
A través de un decreto, Noboa dispuso “la movilización e intervención de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, debidamente coordinadas, para garantizar la seguridad de las instalaciones críticas de infraestructura energética para prevenir sabotajes, ataques terroristas u otras amenazas que puedan afectar a su funcionamiento”.
La situación
Desde el domingo pasado Ecuador sufre apagones diarios en diferentes zonas de hasta ocho horas de duración, al haberse quedado sin el nivel suficiente de agua el embalse de Mazar, el segundo más grande del país, que permite operar un complejo de tres centrales hidroeléctricas con una potencia 1.757 megavatios, equivalente a alrededor de un tercio de la demanda nacional.
A ello se suma el corte del suministro de electricidad procedente de Colombia, que también afronta una situación de gran sequía que no le permite generar excedentes de electricidad para exportar a Ecuador.
Este nuevo estado de excepción se da en vísperas del referéndum convocado por Noboa para este domingo, donde busca sacar adelante con el apoyo popular una serie de reformas en materia de seguridad, justicia, inversiones y empleo.
También llega menos de tres semanas después de que finalizara el anterior estado de excepción, expedido a inicios de enero para abordar la ola de violencia de las bandas de crimen organizado, tras una serie de atentados y acciones violentas que incluyeron la toma del canal TC Televisión por parte de un grupo de hombres armados durante una emisión en directo.
El anterior estado de excepción vino acompañado de la declaración de “conflicto armado interno”, la misma que se mantiene hasta ahora y que sirve al Gobierno ecuatoriano para considerar veintidós bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales que pueden ser neutralizados por las Fuerzas Armadas.
Así, en la semana del referéndum volvieron los apagones a Ecuador, una situación que los ecuatorianos ya habían vivido a finales del año pasado por otra situación similar de sequía en las principales centrales hidroeléctricas y caída en el suministro de Colombia.
En aquella ocasión los cortes de electricidad fueron de hasta cuatro horas, la mitad que en el actual momento que Noboa atribuyó a un presunto sabotaje, al punto de que su administración presentó una denuncia contra veintidós personas por presuntamente ocultar información y no dar la voz de alerta de manera anticipada.
Entre las personas que forman parte de la acusación presidencial está la exministra de Energía y Minas Andrea Arrobo, a la que Noboa pidió su renuncia en una acto público el martes, después de que el viernes pasado ella hubiera descartado que volvieran los apagones a Ecuador en el corto plazo.
Incluso el secretario de Comunicación de la Presidencia, Roberto Izurieta, llegó a afirmar el jueves que tienen sospechas de que el embalse de Mazar fue vaciado deliberadamente, algo que fue negado desde la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), que opera dicho embalse.
De acuerdo a los datos de esta empresa, el nivel del embalse, situado en la sureña provincia andina de Azuay, cuya capital es Cuenca, ha venido descendiendo paulatinamente desde inicios de este año, y aparentemente no ha llovido lo suficiente en ese tiempo para que se pudiera reabastecer.
Los prolongados cortes de electricidad obligaron al Gobierno a decretar para este jueves y viernes la suspensión de la jornada laboral y de las clases escolares, aunque muchos negocios particulares siguieron funcionando con normalidad, pues en Ecuador sólo tres de cada diez personas en edad de trabajar tiene un empleo formal.
