Una inmigrante indocumentada de Honduras sollozó al contarle a un abogado cómo las autoridades federales de Estados Unidos se llevaron a su hija mientras le daba de lactar en un centro de detención.
(CNN) – Una inmigrante indocumentada de Honduras sollozó al contarle, este martes, a un abogado cómo las autoridades federales de Estados Unidos se llevaron a su hija mientras le daba de lactar en un centro de detención, donde esperaba ser procesada por ingresar ilegalmente al país.
Cuando la mujer se resistió, fue esposada, recordó Natalia Cornelio, abogada del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, quien entrevistó a la mujer. La inmigrante había sido detenida bajo la política de cero tolerancia del gobierno de Donald Trump, que cualquier persona atrapada cruzando la frontera ilegalmente afronte un juicio federal.
Desde que se anunció la política en mayo, unos 500 niños han sido separados de sus padres, según Miguel A. Nogueras, un asistente del defensor público federal para el Distrito Sur de Texas en McAllen, citando un recuento no oficial de un abogado en su oficina.
Algunos padres que están bajo arresto dicen a los defensores públicos que no saben lo que sucedió con sus hijos, dijo Nogueras. Algunos padres también afirman que les han respondido que sus hijos están siendo llevados para que los bañen y limpien, y luego no los vuelven a ver.
“El Gobierno esencialmente está torturando a las personas al hacer esto”, dijo Cornelio.
Las autoridades habían separado a Omán Rodríguez-Ávila de su hija de 8 años cuando lo atraparon junto a otros inmigrantes que cruzaron la frontera.
“Le pediría que me diera una sentencia corta porque mi hija está aquí”, le dijo a un juez en español, hablando a través de un traductor.
El juez federal sentenció a Rodríguez-Avila a 15 días de cárcel porque fue condenado por el mismo delito menor en 2012 y deportado.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. no devolvió las llamadas para abordar las reclamaciones de Nogueras.
Esta semana, una vocera del Distrito Sur de Texas del Departamento de Justicia dijo que su oficina no podía comentar sobre el número de padres que habían sido separados de sus hijos o sobre cómo las familias fueron separadas.
En una entrevista con NPR el mes pasado, cuando se le preguntó qué le diría a las personas que dicen que sería “cruel y sin corazón” separar a una madre de sus hijos, el jefe de personal de la Casa Blanca, John Kelly, dijo: “No lo pondría de esa manera. Los niños serán atendidos, puestos en cuidado de crianza o lo que sea. Pero el punto importante es que eligieron venir ilegalmente a los Estados Unidos, y esta es una técnica que nadie espera sea utilizada masivamente“.
El gobierno dijo que busca reunir tantas familias como sea posible después de los procesos judiciales, pero pone la responsabilidad en gran medida en los padres para ubicar a sus hijos dentro de la custodia del gobierno y buscar su regreso.
Quienes apoyan el nuevo programa lo defendieron asegurando que reducirá el número de cruces y reincidentes, mientras que los críticos dijeron que abrumaba a los tribunales y las fiscalías de los EE. UU. Con delitos de bajo nivel que dificultaban el uso de recursos para perseguir delitos graves y peligrosos, como contrabando de drogas y cárteles.
Nogueras dijo que ha visto un cambio en el número de casos. Durante los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama, los defensores públicos en la corte federal en McAllen manejaron de 20 a 30 casos por día involucrando acusados que enfrentan cargos por delitos menores, dijo.
El lunes, los defensores públicos manejaron 170 casos de inmigrantes indocumentados que fueron acusados de ingresar ilegalmente al país y alrededor de 120 el martes. Al menos 60 niños han sido separados de sus padres en los últimos dos días, según los defensores públicos federales en McAllen.
“Estoy indignado por eso. Estoy enojado. Nunca debería suceder”, dijo Nogueras. “No creo que esto represente los valores del pueblo estadounidense”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
