El 7 de septiembre pasado comenzó a funcionar el bitcoin en forma legal como una moneda alternativa a la del país, causando polémica por los reparos de organizaciones sobre su eventual volatilidad en el tiempo. Además, impulsó una medida de la reelección presidencial inmediata y el retiro de los jueces cuando estos cumplan 30 años de servicio, iniciativas con las que no concuerdan ciudadanos del país centroamericano.
(CNN en Español) – Adopción del Bitcoin, reelección inmediata y jubilación obligatoria de jueces. ¿Qué tienen en común estos tres temas? Se trata de algunas de las más recientes y polémicas medidas impulsadas por el presidente en El Salvador, y que llevaron esta semana a cientos de personas a manifestar su rechazo en las calles del país.
“Con el poder total que tiene el gobierno, al haberse tomado la Sala de lo Constitucional y ahora al afectar la independencia judicial, nos va dejando limitados a los ciudadanos para defender nuestros derechos”, dijo a CNN Nelson Brizuela, presidente del Colegio Médico, a CNN durante una manifestación este miércoles, una de las más grandes contra Bukele desde su llegada al poder en 2019.
Un cajero automático para transacciones con bitcoin y un quiosco en el que se asesora sobre la billetera virtual “Chivo Wallet”, lanzada por el gobierno, en el centro de San Salvador fueron quemados por algunos de los manifestantes, en medio de mensajes de rechazo al bitcoin en pancartas y pintadas.
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José Castillo, un hombre que participó de la protesta, dijo a CNN que ésta era “una pequeña expresión del descontento de todos los salvadoreños descontentos con una medida tan impopular como implementar un bitcoin”.
En junio de 2021 Bukele anunció sus intenciones de adoptar al bitcoin, una de las criptomonedas más populares, como moneda de curso legal en El Salvador y envió una ley a la Asamblea Legislativa, donde el presidente tiene una fuerte mayoría de 56 de los 84 escaños desde su victoria en las elecciones legislativas de marzo pasado.
Esta ley dice que todos los “agentes económicos” aceptarán la criptomoneda como forma de pago. También dice que los pagos de impuestos se pueden realizar en bitcoin. El Salvador utiliza actualmente el dólar de Estados Unidos como su moneda oficial, a la cual se suma ahora el bitcoin.
El martes 7 de septiembre el bitcoin finalmente fue adoptado como moneda de curso legal, y ese mismo día Bukele anunció la compra de 150 bitcoins, llevando el total adquirido recientemente por el gobierno a 550, valuados en unos US$ 26,4 millones a la cotización actual.
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Los salvadoreños podrán descargar “Chivo Wallet“, una aplicación creada por el gobierno que entregará US$ 30 en bitcoins a las personas para promover su uso.
El Salvador es el primer país en el mundo en adoptar una criptomoneda como moneda de curso legal.
Las criptomonedas se guardan en billeteras digitales, en lugar de una cuenta bancaria tradicional, lo que significa que las personas en las comunidades más pobres con menos acceso a los bancos podrían usar bitcoin como una forma de obtener un mayor acceso a sus finanzas.
El gobierno de El Salvador apuesta además a que mediante el uso de bitcoin como moneda de curso legal, se puedan atraer nuevas inversiones. Las autoridades también esperan reducir las comisiones pagadas por el envío de remesas desde el exterior.
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Sin embargo, organizaciones sociales han pedido al gobierno salvadoreño que derogue la ley, en gran parte porque temen la extrema volatilidad de la criptomoneda.
El bitcoin ha recuperado parte del terreno perdido tras el dramático desplome de principios de año, pero sigue estando muy por debajo de su máximo histórico de casi US$ 65.000 que alcanzó en abril. Tras la adopción de la criptomoneda por El Salvador ésta cayó un 10% hasta ubicarse en los US$ 43.000, y este jueves su precio era de unos US$ 48.000.
A comienzos de septiembre la Corte Suprema de El Salvador habilitó en un fallo la reelección presidencial inmediata en el país, y el Tribunal Supremo Electoral informó que acatará la decisión.
De esta forma Bukele, que hasta ahora goza de amplia popularidad en las encuestas, podrá presentarse en las próximas elecciones de 2024, algo que la carta magna le impedía hasta ahora.
El artículo 152 de la Constitución de El Salvador establece en su inciso primero que no puede optar a la presidencia quien haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial.
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“La disposición mencionada hace referencia no a prohibiciones para ser presidente, sino a prohibiciones para ser candidato y lo grave de una interpretación que deje este detalle por fuera, radica en que se imposibilita al electorado a reelegir la opción política que más le convenga”, señala la sentencia de los magistrados que fueron electos por la actual Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, tras la destitución de los anteriores magistrados el primero de mayo, el día que los diputados tomaron posesión del cargo.
Bukele no se ha pronunciado públicamente sobre el fallo. CNN solicitó una reacción a través de la Secretaría de Comunicaciones, pero aún no recibió respuesta.
El fallo ha causado revuelo y generado diversas opiniones. Funcionarios y aliados de Bukele aplaudieron la decisión de los magistrados. Otros sectores la califican de inconstitucional.
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“La característica de los sistemas democráticos es la alternancia en el poder. La búsqueda por perpetuarse y la concentración de poder es antesala a una dictadura”, escribió el partido Alianza Republicana Nacionalista, Arena, en el Twitter de su grupo parlamentario.
“Se consuma la dictadura”, escribió en un tuit Óscar Ortiz, secretario general del Frente Farabundo Martī para la Liberación Nacional (FMLN) y exvicepresidente de El Salvador (2014-2019).
Bukele también planea una reforma constitucional más ambiciosa, cuyo proyecto se esperaba que fuera presentado ante la Asamblea Legislativa a mediados de septiembre. Un equipo de juristas encabezado por el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, elaboró la propuesta que contempla cambios como la ampliación del periodo presidencial, la creación de un tribunal constitucional y consultas ciudadanas como el plebiscito y referéndum.
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La tercera gran razón invocada por los manifestantes en San Salvador es el rechazo a la ley aprobada por la Asamblea Legislativa el 1 de septiembre y que establece el retiro obligatorio de jueces.
La reforma a la Ley de la Carrera Judicial establece el retiro obligatorio de jueces que cumplan 60 años o tengan 30 años de servicio, y cambia el procedimiento de traslado a otras áreas. Hasta ahora no había límite de edad para ser juez o fiscal.
El partido oficialista Nuevas Ideas (NI) asegura que las reformas buscan hacer justicia y advierte que promoverá la movilidad en el órgano judicial. “Este día es histórico porque comienza la verdadera justicia en nuestro país”, aseguró la diputada de ese partido Rebeca Santos.
Las reformas fueron calificadas por la oposición, en cambio, como un golpe a la independencia judicial. “Es violar la poca independencia judicial que quedaba en el país”, dijo René Portillo Cuadra, diputado de la conservadora Alianza Republicana Nacionalista.
Bukele aplaudió las reformas y pidió a los diputados no perder la convicción de hacer historia. “Han demostrado tener la valentía de ir, paso a paso, cambiando lo que está mal en nuestro país”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.
La Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, también aprobó una serie de reformas a la Ley de la Carrera Fiscal orientadas a jubilar o trasladar a otras funciones a los fiscales de 60 años de edad o 30 años de servicio.
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Mientras que el 1 de mayo, cuando asumieron los nuevos legisladores de mayoría oficialista, destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y en su lugar nombraron nuevos funcionarios judiciales.
La decisión causó reacciones en la comunidad internacional.
Kamala Harris, vicepresidente de Estados Unidos, dijo tener “profundas preocupaciones” sobre la democracia en El Salvador. “Un poder judicial independiente es clave para una democracia sana… y para una economía fuerte”, dijo en su cuenta de Twitter.
Las autoridades advierten que el número de fallecidos podría aumentar, dado que aún hay muchas personas desaparecidas y las condiciones complicadas para la búsqueda.
