Aunque Venezuela ha visto mejoras recientes en su economía, como la salida de la hiperinflación y una mayor disponibilidad en los supermercados, los analistas advierten que aún es prematuro considerar que el país se ha recuperado completamente de la profunda crisis de la última década.
(CNN en Español) – Si bien la economía de Venezuela frenó su hundimiento en los últimos años, salió de la hiperinflación y los supermercados no lucen el vacío que se registró en la etapa de pronunciada escasez, analistas explican que todavía es pronto para considerar que el país se ha recuperado de las enormes pérdidas de la última década.
El presidente Nicolás Maduro afirmó en febrero que la economía venezolana creció 5% en 2023 y proyectó un aumento de al menos 8% para este año.
Estos números del Gobierno son algo optimistas en comparación con la proyección del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que en abril pronosticó un aumento de más de 4% para 2024, pero cualquier avance contrasta con lo que vivió el país en la última década. El propio Banco Central de Venezuela reconoció que entre 2013 y 2018 el producto interno bruto (PIB) del país se contrajo 52,3%, y el descenso continuó con fuerza en 2019.
“Venezuela sufrió una caída que no tiene precedentes para un país latinoamericano o incluso a nivel global para un país que no tuvo una guerra. La contracción económica entre 2014 y 2021 fue de más de 70%, tocó fondo”, graficó Asdrúbal Oliveros, director de la consultora Ecoanalítica, a CNN.
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“A partir de 2022, la economía dio un respiro, manifestó algunas tasas positivas de crecimiento, en las que confluyeron varios factores. El Gobierno fue más pragmático en su relación con el sector privado, permitió una dolarización informal y abrió las fronteras para ayudar al abastecimiento”, explicó.
Por su parte, Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), dijo a CNN que no hay ningún fundamento para considerar que la economía del país se ha recuperado. “La realidad es que no ha seguido retrocediendo, pero estamos lejísimos (de la situación previa a la crisis). Este año, a pesar de haber un aumento del gasto público, no se nota en la calle”, indicó.
Uno de los principales indicadores que marca la distancia con respecto a 2013, cuando asumió Maduro, es la producción de petróleo, principal fuente de divisas del país.
Ese año se extrajo un promedio de 2,4 millones de barriles diarios, mientras que en 2022 la cifra por día fue de 716.000, según registros de la OPEP. En marzo, afirmó el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Pedro Tellechea, la producción fue de 895.000 barriles diarios, poco más de un tercio de la cifra de 2013.
Oliveros apunta que, pese a la caída de la producción petrolera, las exportaciones del sector todavía representan un 87% de los ingresos del Estado, apenas tres puntos menos que hace una década, ya que la economía no se diversificó.
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El Gobierno de Maduro, a su vez, culpa de este deterioro productivo a las sanciones decretadas por Estados Unidos desde 2017 al sector energético de Venezuela, algunas de las cuales fueron levantadas por seis meses entre octubre y abril, antes de ser reimpuestas después de la inhabilitación de la candidatura de María Corina Machado.
Por su parte, la producción industrial privada mostró un avance de 16,9% en el primer trimestre de 2024, en comparación al mismo período de 2023, según una encuesta de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), luego de que el mismo sondeo arrojara 4,3% para el año pasado
“El nivel crítico de la industria ocurrió en 2021, cuando operaba al 21% de su capacidad. Ahora está al 42%. Hay un crecimiento, pero está centrado en pocos sectores, como el agro y la farmacéutica. Cuando Maduro llegó al poder, el uso de la capacidad instalada estaba al 70%. Por fuera de los sectores medulares, la situación es crítica, con algunos signos de recuperación”, repasó Oliveros.
Alarcón, de la UCAB, apuntó que “buena parte de la industria nacional está intervenida (por el Gobierno) y otras empresas cerraron porque la operación se volvió insostenible”, ante el aumento de gastos y de la carga impositiva. Por ello, señaló que en ocasiones es más barato comprar productos importados y en varias áreas no hay una economía de escala. En ese sentido, la apertura económica facilitó el alivió de la escasez de productos básicos que se registraba en supermercados años atrás.
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Además de la capacidad industrial, Venezuela también vio cómo 7,7 millones de personas salieron del país en la última década en busca de mejores oportunidades, de los cuales el 90% está en edad laboral.
“Perdimos lo que llaman bono poblacional. Quedamos con una mayoría en edad no productiva, tenemos gente muy menor o muy mayor. Además, se fue la gente que más consume”, en torno a los 30 años, señaló Alarcón.
En 2017, el 40% de los emigrados recientes tenía nivel universitario alcanzado, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi, de la UCAB), aunque la cifra cayó a 22% en 2022.
La economía venezolana es de base inflacionaria, con un incremento interanual de precios que en los últimos 40 años nunca bajó del 10%, por lo que jamás entró en la categoría de “baja”: en ese período siempre estuvo de moderada hacia arriba.
La crisis más aguda fue la hiperinflación que atravesó el país entre 2017 y 2021, con oleadas de aumentos de precios de tres dígitos porcentuales por mes, lo que motivó dos reconversiones monetarias en las que se eliminaron cinco ceros del Bolívar en 2018 y seis ceros en 2021. Eran épocas en las que comerciantes preferían pesar los billetes antes que contarlos para ahorrar tiempo.
En ese período, y con una fuerte escasez de divisas, el Gobierno decidió levantar los estrictos controles cambiarios, 15 años después de que fueran instalados en 2003 por el fallecido presidente Hugo Chávez. Legalizar las operaciones de dinero sería “una gran oportunidad” y un “nuevo comienzo”, dijo el entonces vicepresidente de Economía de Venezuela, Tareck El Aissami, en un discurso ante la Asamblea Constituyente.
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El aumento de precios menguó considerablemente en los últimos dos años, en parte por una dolarización de facto en el comercio minorista. En los primeros cuatro meses del 2024, la inflación acumulada es del 6,3% en el primer cuatrimestre, la más baja en los últimos 12 años para un período similar”, según informó en mayo el BCV.
“No es una estabilización. La gente hace su presupuesto en dólares, todo lo calcula en base a dólares”, expuso Alarcón. Si bien en los últimos años aumentó el uso de la moneda local, el decano explica que un impuesto colocado por el Gobierno a las transacciones en dólares hizo que la gente evite su uso en operaciones formales. “Todavía se usa mucho efectivo en dólares en las transacciones en las que no se usa factura”, afirmó.
La pobreza multidimensional registrada por la Encovi, vinculada no solo a los ingresos, sino a condiciones como vivienda, servicios públicos, protección social, trabajo y educación, fue del 51,9% en 2023, casi 15 puntos menos que la registrada en 2021, aunque todavía 12 puntos por encima de la registrada en 2014.
El 1 de mayo, Maduro anunció un incremento del “ingreso mínimo integral” hasta unos US$ 130 (pagados en bolívares), aunque el monto es una sumatoria entre el salario mínimo y bonos que no todos los trabajadores reciben. Sectores de la oposición y sindicatos se movilizaron ese Día del Trabajador en rechazo a la bonificación del salario mínimo y con la exigencia de elevarlo a US$ 200 al mes.
Los US$ 130 del ingreso mínimo integral ubican a Venezuela entre los peores pisos salariales de la región, solo por encima de Cuba y Haití.
Alarcón apuntó que quienes cobran principalmente el salario mínimo son trabajadores del sector público, mientras que en el privado los sueldos están muy por encima de esa cifra.
“El ingreso mínimo son unos US$ 4 o US$ 5 por día, con bono incluido. No se puede vivir con eso, la realidad es que la gente termina teniendo actividades paralelas. El empleado público además vende algunas cosas, maneja un taxi, sumando varios ingresos tratando de llegar (a subsistir)”, dijo.
Para cubrir las necesidades alimentarias, sin incluir bienes y servicios, un grupo familiar requirió en abril más de tres de los ingresos mínimos actuales, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), que indicó que la Canasta Alimentaria Familiar alcanzó los US$ 552,29.
En cuanto a los servicios públicos, el episodio más dramático fueron las 140 horas en las que el país quedó a oscuras, sin suministro eléctrico, en marzo de 2019, lo que Nicolás Maduro consideró “una guerra eléctrica anunciada”. Aunque los cortes energéticos no repitieron esa magnitud, continúan ocurriendo. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró en 2023 más de 400 protestas por fallas de electricidad, con denuncias por la intermitencia del servicio.
Oliveros, de Ecoanalítica, consideró sobre las perspectivas al futuro que “el ajuste económico más duro ya lo ha hecho Maduro”, con una eliminación de subsidios y la caída de los salarios. “Sin decretarlo, hay una privatización de los servicios. Si quieres educación o salud de calidad, vas al sector privado. El Estado como proveedor de servicios públicos ha colapsado”, aseguró.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
