La Unión Europea, la OEA y distintos organismos internacionales estarán pendientes de esta elección, denominada por los analistas como una de las más importantes de la historia democrática del país. Los resultados oficiales estarán listos en un plazo de siete días a partir del 18 de octubre.
(CNN en Español) – Los bolivianos acudirán a las urnas el 18 de octubre en unas elecciones que algunos analistas consideran las más importantes de la historia democrática de Bolivia.
Con el legado de la elección de octubre de 2019, al escenario se suma el desafío de una jornada electoral en medio de la pandemia de coronavirus.
Una elección crucial después de la grave crisis política y social que se desató hace casi un año luego de que los partidos de oposición cuestionaron la interrupción del cómputo rápido de votos y acusaron a Evo Morales de intentar cambiar la tendencia del voto del escrutinio provisional, que perfilaba una segunda vuelta frente al candidato Carlos Mesa.
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Morales negó la posibilidad de un fraude como lo afirmaban los opositores y el 24 de octubre de 2019 anunció que había ganado. «Les traigo una buena noticia», dijo el presidente en conferencia de prensa en La Paz, con un visible buen humor. «Falta 1,5%, puede variar y no es oficial todavía, pero ya ganamos», agregó.
En medio de movilizaciones, cabildos ciudadanos en las diferentes ciudades del país y un paro nacional convocado por las organizaciones cívicas y sectores ciudadanos, el 25 de octubre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció la victoria en primera vuelta de Evo Morales.
Los movimientos cívicos y ciudadanos en las calles radicalizaron sus medidas de presión frente al anuncio del TSE. Y estalló un conflicto que se volvería violento y se cobraría decenas de vidas.
La Organización de los Estados Americanos publicó el 23 de octubre y el 10 de noviembre versiones preliminares del informe de una misión técnica que detectó irregularidades. Luego, el 4 de diciembre el reporte concluiría que hubo «manipulación y parcialidad» en el cómputo de los votos.
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Los resultados de este informe agudizaron la crisis social en las calles. La policía se sumó al movimiento ciudadano y se amotinó en sus unidades. Horas más tarde, el alto mando militar «sugirió» a Morales dar un paso al costado y dejar su cargo.
Morales renunció horas después por televisión tras gobernar al país por 13 años y 9 meses. Dejó el país, sin renunciar formalmente al cargo de presidente y pidió asilo político en México. Desde allí, denunció un golpe de Estado en su contra.
El Congreso aceptaría la renuncia de Morales meses más tarde, pero en ese momento de confusión, Adriana Salvatierra, senadora del MAS, renunció también públicamente a la presidencia del Senado y agravó la vacancia dejada por Morales.
El mecanismo de sucesión constitucional abrió la puerta a quien entonces era la segunda vicepresidenta de esa cámara, Jeanine Áñez.
El 12 de noviembre, Áñez asumió como presidenta interina del país. El Tribunal Constitucional la avaló al interpretar que hubo «abandono definitivo» de la presidencia por parte de Morales. Salvatierra hizo notar que al momento en que Áñez asumió la presidencia interina, el Senado aún no le había aceptado la renuncia, con lo cual el cargo no le correspondía a Áñez sino a ella.
En este contexto, al menos 30 personas perdieron la vida en enfrentamientos entre sectores sociales afines al partido de Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), y las fuerzas policiales. El gobierno de Áñez negó el uso de armas letales en las manifestaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su parte, calificó de masacres las muertes ocurridas.
El 24 de noviembre de 2019, Áñez promulgó la ley llamando a elecciones. Sin embargo, esperaría hasta enero para concretar una convocatoria para el 3 de mayo de 2020.
Cuando esa primera convocatoria fue pospuesta por la emergencia sanitaria del COVID-19, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fijó el 6 de septiembre como nueva fecha de los comicios, pero tampoco podrían concretarse por las complicaciones de salud que trajo la expansión de la pandemia.
Ante el anuncio de la nueva postergación, movimientos sociales afines al MAS bloquearon las principales vías de comunicaciones terrestres exigiendo que se mantuviera la fecha del 6 de septiembre. La tensión electoral agudizó la crisis sanitaria, según afirmó el Ministerio de Salud en un comunicado del 7 de agosto en el que señaba que los bloqueos impedían la llegada de oxígeno a los hospitales del país para los enfermos.
Datos oficiales de ese ministerio y distintos funcionarios gubernamentales indican que al menos 30 personas habrían fallecido por la falta de oxígeno durante esa coyuntura.
Morales negó que esas protestas fueran responsables de las muertes en los hospitales. En un mensaje en Twitter, citó la denuncia del director de un hospital sobre la falta de oxígeno y las fallas de los respiradores entregados por las autoridades para acusar al «gobierno de facto» de ser «responsable de delitos contra la salud y la vida».
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Ante la presión, y luego de un acuerdo con las diferentes agrupaciones políticas, el TSE finalmente decidió mover para el 18 de octubre la fecha de las elecciones generales. También incluyó la votación para renovar el Poder Legislativo.
Pero antes de que se aclarara el horizonte, la escena política tendría que atravesar meses de desafío en torno del regreso de Evo Morales a un cargo electivo. Tras la primera convocatoria de Áñez, el 4 de febrero los partidos inscribieron ante el TSE las listas de sus candidatos. En las del MAS figuraba el expresidente como candidato a senador por el departamento de Cochabamba.
Los opositores de Morales impugnaron su inscripción. Y el TSE inhabilitó su candidatura, con el argumento de que no cumplía con el requisito de dos años de residencia permanente en la circunscripción, como establece el artículo 149 de la Constitución.
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La disputa jurídica en torno a la candidatura de Morales continuó hasta septiembre, cuando el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz rechazó un amparo constitucional presentado por el MAS. El fallo confirmó la inhabilitación de Morales como candidato a senador por Cochabamba.
Semanas después, el mismo Tribunal Departamental de Justicia de La Paz denegó la tutela de un recurso presentado por la senadora Carmen Eva Gonzales para anular la personería jurídica MAS y sacarlo de las elecciones con el argumento de que su candidato presidencial, Luis Arce, comentó una encuesta interna cuando no estaba permitido por el Tribunal Supremo Electoral.
En este contexto, un informe de Human Rights Watch señaló que el gobierno de Áñez usaba la justicia para perseguir políticamente al expresidente y su partido.
El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, rechazó el informe de HRW. Recordó en conferencia de prensa que supuestamente «el MAS preseleccionó las autoridades judiciales» y que «todo el sistema judicial estaba cooptado por el MAS, partido de Evo Morales, y por tanto es un contrasentido decir que el actual Gobierno ejerce un control sobre la justicia o como arma de persecución».
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Los bolivianos elegirán presidente, vicepresidente, senadores, diputados y representantes supraestatales.
Según la Ley de Régimen Electoral, para proclamarse presidente y vicepresidente, un candidato tendrá que obtener más del 50% de los votos válidos emitidos, o en su defecto un mínimo del 40% de eso votos y una diferencia de al menos el 10% sobre la segunda candidatura más votada.
En estas elecciones generales los bolivianos también votarán a los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, conformada por las cámaras de Diputados y de Senadores.
El Senado tiene 36 miembros, cuatro representantes por cada uno de los nueve departamentos del país. Los senadores son elegidos de listas partidarias, con mandato de cinco años posibilidad de una reelección consecutiva.
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La Cámara de Diputados tiene 130 miembros, 63 de ellos elegidos en cada departamento en circunscripciones uninominales. Los 60 restantes son votados en circunscripciones plurinominales departamentales de las listas encabezadas por los candidatos a presidente, vicepresidente y senadores del Estado.
Los diputados sirven por un periodo de cinco años. Deben tener como mínimo 18 años cumplidos el día de la elección.
Hay 7.332.925 bolivianos habilitados para sufragar el 18 de octubre. Así lo establece el nuevo padrón electoral aprobado por el Tribunal Supremo Electoral. De ese total, 7.031 294 podrán votar en Bolivia y 301.631 desde el extranjero. Hay un incremento de 17.561 votantes respecto del padrón de 2019.
Según lo establece la Ley Electoral, el mismo día de la votación solo se conocerán resultados preliminares del conteo rápido oficial en Bolivia y el exterior.
El TSE utilizará el nuevo sistema de Difusión de Resultados Preliminares (Direpre) para dar a conocer los resultados preliminares o de boca de urna.
Los datos preliminares empezarán a difundirse una vez que cierren las mesas de votación en los diferentes recintos electorales. Sin embargo, estos resultados no son jurídicamente vinculantes, a diferencia de los resultados finales. Según lo establece la norma electoral, los resultados finales y oficiales de la jornada electoral se darán a conocer en un plazo de siete días a partir del día de la votación.
Los resultados de la elección serán difundidos oficialmente por el TSE con los candidatos ganadores a la presidencia, vicepresidencia, senadores, diputados y representantes supraestatales, quienes ejercerán sus cargos por los próximos 5 años.
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Por primera vez en la historia de Bolivia, las elecciones presidenciales podrían definirse en segunda vuelta, una modalidad introducida en la Constitución aprobada en 2009 durante la presidencia de Morales.
Según el artículo 16 de la Constitución Política boliviana, habrá segunda vuelta entre las dos candidaturas más votadas si ninguna fórmula obtiene el 50% más uno de los votos válidos o el mínimo del 40% con una ventaja de al menos 10% sobre la segunda candidatura.
Si los resultados llevaran a una segunda vuelta, según el calendario electoral vigente estos comicios se llevarían a cabo el 29 de noviembre y los resultados se darían a conocer también en un plazo de siete días. Ganará esa segunda vuelta la candidatura que haya obtenido la mayoría de los votos válidos.
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Según el artículo 16 de la Constitución Política de Bolivia, en caso de que ninguna candidatura a presidente y vicepresidente logre el 50% más uno de los votos válidos o un mínimo del 40% con una diferencia de al menos 10% en relación con la segunda candidatura, se realizará una segunda vuelta entre las dos candidaturas más votadas, en el plazo de 60 días a partir de la primera votación.
En esa segunda vuelta será proclamada a la presidencia y la vicepresidencia la candidatura con la mayoría de los votos.
Las condiciones que impone la emergencia sanitaria del COVID-19 hará diferentes estos comicios frente a los anteriores. Especialmente durante la jornada electoral. El Tribunal Supremo Electoral ha emitido un protocolo de bioseguridad sanitaria para evitar los contagios, garantizar la salud de los bolivianos y su derecho al voto.
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El protocolo establece, entre otras medidas, una hora adicional a la jornada (de 8 A.M. a 5:00 PM), con franjas horarias según la terminación de la cédula de identidad.
A la vez, solo los ciudadanos de entre 18 y 50 años podrán ser jurados, eso para preservar a los adultos mayores con mayor riesgo de contagio. Además, las actividades comerciales quedarán restringidas en un radio de 100 metros de los recintos electorales. Y el uso de mascarillas y lentes de protección será obligatorio tanto para votantes como para miembros de las mesas.
También habrá alcohol para limpieza de superficies. Los votantes deberán estampar por sí mismos su huella dactilar en la lista de votación.
Las misiones de observadores de la Unión Europea, el Centro Carter, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur y la OEA estarán presentes en las elecciones del 18 de octubre, según confirmó el Tribunal Supremo Electoral.
El TSE garantizó el voto de los bolivianos que residen en los 30 países con representación diplomática de Bolivia.
La cancillería confirmó que, hasta ahora, 27 países han ratificado la realización de los comicios en sus territorios a través de notificaciones oficiales.
Las elecciones se realizarán en el marco de respeto a sus competencias y determinaciones sobre las medidas sanitarias asumidas por cada uno de los países en el tema de bioseguridad frente a la pandemia.
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Según la última encuesta de CiesMori, dos candidatos lideran en la intención de voto: Luis Arce Catacora, del MAS, exministro de Economía y Finanzas del gobierno de Evo Morales, con un 30,6 % encabeza la preferencia entre los entrevistados. Le sigue Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, con un 24,7%.
Según esas proyecciones, ninguno de esos dos principales candidatos lograría superar el 50% de los votos, ni el 40% con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo, para acceder a la presidencia en primera vuelta. Eso hace prever que la contienda podría definirse en segunda vuelta. Una circunstancia inédita en la historia de Bolivia.
De ser así, y según la misma encuesta, Mesa podría ganar en segunda vuelta con el 44,1 % de los votos, frente a un 36,9% de Arce Catacora.
La encuesta nacional de CiesMori se realizó entre el 20 y el 29 de septiembre en un estudio urbano-rural en 469 localidades de los nueve departamentos con un total de 2.401 casos y un margen de error del 1,99%.
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