Ministra Rojas reconoce que votación de Dominga podría quedar para el próximo gobierno: “Existen recursos pendientes"
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El Título 42 ha permitido la expulsión en la frontera entre Estados Unidos y México, y este próximo 11 de mayo llega a su fin. En la siguiente nota revisa el debate que se está produciendo ante la preocupación una eventual oleada de migrantes, mientras otro sector está a favor de su derogación.
(CNN en Español) — Este es un vistazo a algunas preguntas y respuestas clave sobre la controvertida política inmigratoria, conocida como Título 42.
En los primeros días de la pandemia de coronavirus, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) emitieron una orden de salud pública —exactamente el 20 de marzo de 2020— que según los funcionarios tenía como objetivo detener la propagación del covid-19.
La orden permitía a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de EE.UU. y se ha extendido varias veces. La política es ampliamente conocida como Título 42, por la parte del código de EE.UU. que permitió que el director de los CDC la emitiera.
Bajo el Título 42, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) prohíbe la entrada de ciertas personas que “potencialmente representan un riesgo para la salud”. Ya sea por las restricciones de viaje previamente anunciadas o por haber ingresado ilegalmente al país con el fin de “eludir las medidas de detección médica”.
Según la CBP, las personas que son detenidas no son retenidas en áreas congregadas para su procesamiento y son expulsadas inmediatamente a su país de último tránsito.
Gracias al Título 42 los funcionarios fronterizos pueden expulsar inmediatamente a los migrantes que ingresan a través de Canadá y México hacia EE.UU. Los menores migrantes no acompañados están exentos de esta medida.
El 1 de abril del 2022, los CDC anunciaron planes para rescindir la orden, afirmando que ya no era necesaria dadas las condiciones de salud pública del momento y la mayor disponibilidad de vacunas y tratamientos para el COVID-19. Sin embargo, la política siguió vigente y recién finalizará el próximo 11 de mayo.
Después de que la administración de Biden anunciara que retiraría la política, estalló un debate sobre si está justificado terminar su aplicación y si los funcionarios están preparados para manejar un aumento esperado de inmigrantes en la frontera.
Los legisladores republicanos que se postulaban para la reelección durante las pasadas elecciones intermedias utilizaron la derogación del Título 42 como tema de conversación para atacar a los demócratas en materia de inmigración. Los republicanos que habían hablado sobre la importancia de terminar con otras restricciones pandémicas comenzaron a describir el terminar con el Título 42 como un error peligroso.
Los demócratas de los estados indecisos que enfrentaban duras batallas de reelección también habían criticado la medida, argumentando que la administración no tenía un plan claro para hacer frente a la oleada de inmigrantes.
En abril del 2022, los estados de Arizona, Louisiana y Missouri llevaron la lucha por el Título 42 a los tribunales, argumentando que no se habían seguido los procedimientos adecuados cuando la administración anunció el fin de la política. Desde entonces, más de una docena de estados, en su mayoría liderados por el Partido Republicano, se han sumado a la demanda.
Pero la controversia sobre el Título 42 no comenzó con el anuncio de planes de la administración Biden para revertir la política.
Las restricciones fronterizas fueron controvertidas desde el momento en que la administración Trump las anunció. Los defensores de los derechos de los inmigrantes argumentaron que los funcionarios estaban usando la salud pública como pretexto para mantener fuera del país a la mayor cantidad posible de inmigrantes. Los expertos en salud pública también criticaron la política y dijeron que no estaba justificada por las circunstancias.
Destacados demócratas como el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, calificaron la política de “draconiana” e “inhumana”.
Muchos defensores esperaban que el presidente Biden levantara la orden cuando asumiera el cargo, dadas las promesas de su campaña de construir un sistema de inmigración más humano. En cambio, su administración extendió la política y la defendió durante meses en los tribunales
Los CDC determinaron en 2021 que la expulsión de ciertos ciudadanos era necesaria para proteger la salud pública. Esto debido a que el DHS “simplemente no puede procesar a todas las familias no ciudadanas de manera segura en las circunstancias actuales, y especialmente en el caso de una afluencia a gran escala”, se lee en una declaración del funcionario de ese departamento David Shahoulian.
El funcionario de Seguridad Nacional indicó también entonces que EE.UU. enfrentaba un número récord de no ciudadanos, incluyendo familias, en la frontera, “provocando que las instalaciones fronterizas se llenen más allá de su capacidad operativa normal” y afectando la capacidad de aplicar medidas contra el COVID-19, como el distanciamiento físico. “También [se] está experimentando un aumento significativo de las tasas de no ciudadanos que dan positivo COVID-19”, indicó.
La Patrulla Fronteriza de EE.UU. realizó más de 158.000 detenciones en la frontera sur de EE.UU. en febrero de 2022, según datos de la agencia. Estas cifras incluyen a las personas que intentaron cruzar más de una vez.
Con base en el Título 42, las autoridades expulsaron a migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México más de 1,8 millones de veces en poco más de dos años, según datos de la CBP. El sistema de asilo de EE.UU. se detuvo y los inmigrantes que afirmaron que huían de la persecución no pudieron presentar su caso, algo que las leyes de EE.UU. e internacionales dicen que deberían poder hacer.
La política atrajo renovada atención cuando las autoridades la usaron inicialmente para rechazar a los ucranianos en la frontera, y luego comenzaron a otorgar excepciones que permitían cruzar a miles de ucranianos que buscaban refugio.
Los defensores argumentaron que estaba en juego un doble estándar racista, ya que muchos migrantes de América Central y Haití seguían siendo devueltos bajo la política. Los funcionarios negaron esa acusación y dijeron que cada exención se otorga caso por caso.
Los migrantes encontrados bajo el Título 42 son expulsados a sus países de origen o a México, donde los defensores de los derechos humanos dicen que han documentado muchos abusos. Desde que el presidente Biden asumió el cargo, Human Rights First dijo que ha identificado casi 10.000 casos de secuestro, tortura, violación u otros ataques violentos contra personas bloqueadas o expulsadas a México bajo el Título 42.
Pero los migrantes no han dejado de intentar cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, un detalle que señalan personas de ambos lados del debate, con argumentos muy diferentes sobre lo que muestra. (En el año fiscal 2022, por ejemplo, se registraron dos millones de encuentros con migrantes en la frontera)
Quienes apoyan el Título 42 señalan los arrestos en la frontera mientras argumentan cuán esencial es la política de pandemia para bloquear la inmigración ilegal. Quienes se oponen a la política argumentan que las estadísticas oficiales sobre los encuentros en la frontera inflan la gravedad de la situación, porque los datos incluyen a personas que cruzan la frontera varias veces. Argumentan que el Título 42 en realidad ha causado más cruces fronterizos.
A mediados de diciembre, cuando se acercaba el fin previsto del Título 42, se conoció un plan de seis pilares del DHS para manejar la situación.
La planificación incluía aumentar los recursos en la frontera sur, incrementar la eficiencia en el procesamiento, imponer consecuencias a quienes entren al país de manera ilegal, reforzar las instalaciones de las organizaciones sin fines de lucro, perseguir a los traficantes de personas y colaborar con socios internacionales.
Según el documento, el aumento de recursos a la frontera sur incluye la contratación de casi 1.000 coordinadores de procesamiento de la Patrulla Fronteriza y la adición de 2.500 contratistas y personal de agencias gubernamentales, lo que permite a los agentes federales centrarse en las tareas de aplicación de la ley en el campo.
El DHS proyecta, según cifras de noviembre, que entre 9.000 y 14.000 migrantes podrían intentar cruzar la frontera sur a diario una vez que termine el Título 42, más del doble de las personas que cruzan actualmente.
En abril de este año, el Gobierno de Biden anunció que creará centros regionales de procesamiento en América Latina para que los inmigrantes puedan solicitar ingresar a Estados Unidos. La decisión se tomó debido a que se espera un aumento en el flujo de migrantes a causa de que finaliza la implementación del Título 42 el 11 de mayo.
Los centros, que aún se están creando, estarán ubicados en Colombia y Guatemala, dos países por los que suelen pasar los inmigrantes en su camino hacia la frontera entre Estados Unidos y México, según dijeron a la prensa altos funcionarios del Gobierno. Se está estudiando la posibilidad de ampliar los centros a otros países.
Además, la administración de Biden anunció recientemente que planea enviar 1.500 soldados adicionales a la frontera entre EE.UU. y México para adelantarse a la afluencia de migrantes que se espera cuando expire la implementación del Título 42 la próxima semana, según informaron a CNN fuentes con conocimiento de la planificación.
La secretaria de Estado planteó en CNN Prime que es posible que la discusión del proyecto se postergue hasta un próximo gobierno.