El Gobierno de Venezuela rechazó las sanciones, afirmando que las “medidas coercitivas unilaterales” anunciadas contra un “grupo de patriotas” representan un “acto desesperado de un Gobierno decadente y errático”.
(EFE) – Este miércoles, Estados Unidos sancionó a 21 altos cargos de Venezuela a los que acusa de “represión” y de intentar “robar las elecciones” presidenciales del 28 de julio, en las que se proclamó la reelección de Nicolás Maduro, un resultado cuestionado por la oposición y parte de la comunidad internacional.
Esta nueva ronda de sanciones llega después de que la Administración de Joe Biden, que el próximo 20 de enero pasará el relevo al republicano Donald Trump, reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como el “presidente electo” de Venezuela.
Dentro de la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro está el ministro de Despacho de la Presidencia, Aníbal Coronado; el de Comunicación, Freddy Ñáñez, y el de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa.
También hay altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), a los que acusa de “reprimir violentamente las manifestaciones pacíficas” tras las elecciones.
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Entre ellos está Alexis Rodríguez Cabello, director del SEBIN y primo del ministro de Interior, Diosdado Cabello, y también el jefe de la DGCIM y de la Guardia de Honor Presidencial, Javier Marcana Tabata.
Bajo esta decisión quedan bloqueadas todas las propiedades de los sancionados en Estados Unidos y se prohíbe llevar a cabo transacciones financieras con esas personas.
Hasta la fecha, el Tesoro estadounidense ha sancionado a 150 venezolanos y a un centenar de entidades del país caribeño por acometer “acciones antidemocráticas”.
El Gobierno de Venezuela rechazó las sanciones impuestas por Estados Unidos. En un comunicado, el Ejecutivo expresó que las “medidas coercitivas unilaterales” anunciadas contra un “grupo de patriotas” representan un “acto desesperado de un Gobierno decadente y errático, que busca ocultar su rotundo fracaso electoral y la grave crisis social en la que deja al país” norteamericano.
“Estas medidas no promueven la democracia en Venezuela, sino que buscan dar un último aliento a un grupo fascista disperso y desprestigiado que no tiene arraigo en la población venezolana, para prolongar así su fracasada política de cambio de régimen”, dijo Caracas, sin precisar a quiénes se refiere.
El Gobierno chavista reiteró que, hace casi cuatro meses, obtuvo una “gran victoria popular” en las elecciones, cuyos resultados aún no han sido publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de manera desglosada, como marca su propio cronograma, lo que ha sido cuestionado por numerosos países, incluso aliados como Colombia y Brasil.
La defensa del mandatario aseguró que él fue víctima de acoso sistemático por parte de la mujer que, 10 años después de enviados los mensajes, presentó la denuncia en su contra.
