Este miércoles, el Congreso del Perú aprobó la vacancia de Pedro Castillo por 101, destituyéndolo de su cargo. De esta manera, la vicepresidenta Dina Boluarte, asumió para completar el mandato hasta julio del 2026. En los últimos 20 años y desde la destitución de Alberto Fujimori y Martín Vizcarra, todos los mandatarios que han ocupado la Casa de Pizarro han sido investigados o condenados por corrupción.
(CNN Chile/CNN En Español/EFE) – Este miércoles, el destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, disolvió temporalmente el Congreso e instauró un gobierno de emergencia.
La acción de Castillo, ocurrió horas antes de que el Parlamento debatiera una moción de vacancia (destitución) en su contra. El ex mandatario señaló que lo que pretenden quienes impulsan este juicio político en su contra es “dinamitar la democracia y desconocer el derecho de elegir” de lo peruanos, además que querer “sacar provecho y tomar el poder que en las urnas el pueblo les quitó“.
Más tarde, el Congreso aprobó la vacancia de Pedro Castillo por 101, destituyéndolo de su cargo.
De esta manera, la vicepresidenta Dina Boluarte, asumió el cargo para completar el mandato hasta julio del 2026.
En los últimos 20 años y desde la destitución de Alberto Fujimori y Martín Vizcarra, todos los mandatarios que han ocupado el Palacio de Pizarro han sido investigados o condenados por corrupción.
El Congreso expulsó a Vizcarra tras ser acusado de recibir 2,3 millones de soles (540.000 euros) en sobornos de dos empresas que ganaron un concurso de obras públicas cuando él era gobernador regional en 2014. El ex presidente negó las acusaciones pero fue expulsado del cargo en el marco de un segundo juicio político que lo calificó “moralmente incapaz” de gobernar.
El 15 de abril, la Fiscalía de Perú solicitó prisión preventiva contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, investigado por presunto lavado de activos en el marco del caso Odebrecht. PPK, como se le conoce en Perú, ha negado las acusaciones en su contra.
La investigación contra Kuczynski data de diciembre de 2017, cuando se conoció que supuestamente él había sido socio de la empresa First Capital Partners (FCP), una consultora financiera que habría asesorado al consorcio encabezado por la empresa brasileña Odebrecht. En ese momento, el mandatario negó tal relación.
El ex presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski renunció el pasado 21 de marzo a su cargo. (Crédito: CRIS BOURONCLE/AFP/Getty Images)
En ese entonces Kuczynski reconoció que sí asesoró a H2Olmos S.A., una empresa de Odebrecht que ganó la licitación de un proyecto de irrigación llamado Olmos.
Este escándalo le costó la Presidencia a Kuczynski, que renunció en marzo de 2018. Tras su renuncia, el Poder Judicial le prohibió salir de Perú durante 18 meses.
El 10 de abril de 2019, el Poder Judicial, a pedido de la Fiscalía, dictó una detención preliminar de 10 días contra el ex mandatario, quien desde esa fecha se encuentra en un recinto policial de Lima.
Pero cuando el 16 de abril comenzaba la audiencia de prisión preventiva por un plazo de 36 meses contra el exmandatario, esta tuvo que ser aplazada. Y PPK fue trasladado a la clínica Angloamericana con un cuadro de fibrilación auricular.
El 26 de abril de 2018, un Tribunal Constitucional de Perú falló a favor de que el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, enfrenten el proceso penal que se les sigue en libertad. En julio del año anterior, el juez Concepción Carhuancho había ordenado 18 meses de prisión preventiva contra la pareja, sin que eso significara una condena.
Heredia y Humala fueron acusados de haber cometido los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir pues, según el fiscal, los dineros recibidos para las campañas de Humala, en 2006 y 2011, habrían sido justificados a través de falsos aportantes.
Imagen de archivo. Presidente Ollanta Humala durante su intervención en el COP21. (Crédito: BERTRAND GUAY/AFP/Getty Images)
Esto porque, por un lado, el gobierno del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, supuestamente también apoyó económicamente la candidatura del ex presidente. Y por otro lado, la empresa brasileña Odebrecht, protagonista de un escándalo mayúsculo de corrupción por cuenta de los sobornos que pagó para quedarse con diferentes construcciones de obras públicas, le habría entregado 3 millones de dólares, para financiar su campaña de 2011.
Sin embargo, para el abogado de Humala estas supuestas pruebas no son nuevas. Por su parte, el defensor de Heredia consideró que se trata de un caso en el que ella nada tiene que decir, pues no ostentaba el cargo de la tesorera del partido que llevó a su esposo a la Presidencia. La pareja se pronunció en su momento, vía Twitter, rechazando la decisión de ser enviados a la cárcel alegando “abuso de poder” y “arbitrariedad“.
El 7 de mayo de 2018, la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú confiscó cuentas bancarias y cinco inmuebles propiedad del expresidente Ollanta Humala. Según el fiscal del caso, la vivienda se habría pagado con dinero procedente de enriquecimiento ilícito, algo que Humala rechazó tajantemente diciendo que no se han presentado pruebas de esto.
A Toledo la Fiscalía de Perú lo acusó de haber recibido 20 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht para supuestamente favorecer en la licitación de una obra de infraestructura en Perú durante su periodo presidencial, entre los años 2001 y 2006. A raíz de esto, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para Toledo, quien se encuentra en EE.UU.
El ex presidente negó los cargos en su contra.
Desde el 9 de febrero de 2017, las autoridades peruanas emitieron una orden de captura internacional contra Toledo, y dos días después la Interpol emitió circular roja para efectuar el arresto del ex presidente en cualquiera de los países miembros de Interpol.
(Crédito: MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)
Toledo ha dicho además que ha habido irregularidades en los procesos en su contra y dijo ser víctima de una persecución política. También aseguró que ha colaborado con las autoridades pero que se rehúsa a ir a la cárcel sin que su versión de los hechos sea escuchada.
Actualmente, Toledo se encuentra en libertad en Estados Unidos.
El 31 de marzo de 2017, la Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar contra Alan García por el caso Odebrecht. El Ministerio Público tenía la lupa puesta sobre este ex presidente por el delito de tráfico de influencias, pues según las autoridades se habrían presentado presiones por parte de García y otros altos funcionarios públicos para que la concesión de la Línea 1 del Metro de Lima quedara en manos el Consorcio Tren Eléctrico: una empresa conformada por Odebrecht Perú y Graña y Montero SA.
“La investigación preliminar tiene por objeto, principalmente, determinar si han tenido lugar los hechos denunciados y su presunta delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión”, aclaró la Fiscalía.
En ese momento, García calificó como “natural” el hecho de que fuera incluido en esta etapa procesal y aseguró que está dispuesto a colaborar en las diferentes diligencias.
El presidente Alan García durante la inauguración de la primera sección del tren eléctrico de Lima, el 11 de julio de 2011. (Crédito: ERNESTO BENAVIDES/AFP/Getty Images/ Foto de archivo)
En mayo de ese año, insistió en que no recibió sobornos de ninguna empresa durante su gobierno y que nadie lo ha podido acusar de estar involucrado en el escándalo de Odebrecht. “Se sabe que (Alejandro) Toledo pidió 35 millones (de dólares) y le entregaron 20, y a (Ollanta) Humala, hasta ahora, 3 millones (de dólares); pero jamás nadie ha mencionado coima ni cuenta corriente para Alan García, nadie ha mencionado que se le pagara nada. Ese es el hecho”, dijo en declaraciones con el medio RPP, citadas por la agencia de noticias peruana Andina. También reiteró en Twitter que recibió a todas las empresas que decían invertir en Perú, pero que “Ninguna me sobornó ni coimeó. A otros sí“.
En la misma red social, García se pronunció este viernes sobre la orden de prisión preventiva contra Humala y Heredia, diciendo que lamenta el espectáculo, aunque “usaron su poder para destruirme“.
En abril de 2019, el ex mandatario falleció tras dispararse en la cabeza cuando la policía iba a detenerlo en el marco de la investigación por el caso Odebrecht.
El ex presidente Alberto Fujimori, de 80 años, paga en prisión una condena de 25 años por los delitos de homicidio, lesiones graves y secuestro agravado, cometidos durante su gobierno. Además, en 2015 recibió otros 8 años de prisión por el delito de peculado. Luego, la Corte Suprema de Chile decidió que ampliar los cargos en la extradición por Fujimori, lo que implicaban nuevos juicios por lesa humanidad y asociación ilícita.
En la víspera de Navidad de 2017, Fujimori volvió a los titulares de prensa cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió el indulto humanitario. Pero en 2019 el condenado ex presidente regresó a prisión tras anularse su indulto humanitario, en octubre de 2018.
En esta imagen aparece el ex presidente de Perú Alberto Fujimori durante un juicio en su contra en 2013. Para ese entonces ya había sido condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos durante su diez años de presidencia. (Crédito: ERNESTO BENAVIDES/AFP/Getty Images)
Cuando el entonces presidente Kuczynski le otorgó el indulto, se refirió a la “enfermedad progresiva, degenerativa e incurable” del ex presidente y agregó que las condiciones carcelarias ponían en “grave riesgo su vida, salud e integridad“.
Al volver a prisión a principios de 2019, Fujimori dijo que el final de su vida “está cerca”.
“Tengo casi 12 años preso y hoy me están llevando de nuevo a la cárcel. ¿No es eso suficiente?“, dijo en una carta escrita a mano publicada en su cuenta de Twitter.
En octubre de 2016, un tribunal de Roma acusó al ex presidente de Perú, Francisco Morales Bermúdez, junto a otros ex militares, de matar y desaparecer a una veintena de ciudadanos ítalo-latinoamericanos en el desarrollo del Plan Cóndor, una operación coordinada por las dictaduras de países del Cono Sur —Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay— durante los años 70 y 80 para perseguir y reprimir opositores.
Morales Bermúdez, quien fue presidente durante la junta militar de Perú de los 70, resultó condenado décadas después por un tribunal fuera del país: una corte en Italia lo sentenció a cadena perpetua en relación en el Plan Cóndor.
En una columna de opinión, publicada el 28 de agosto de 2015 en el diario El Comercio, Morales Bermúdez aseguró que Perú no participó en la Operación Cóndor. “Como gobernante del Perú, de 1975 a 1980, debo exponer que nuestro país no formó parte de la denominada Operación Cóndor“, escribió el ex presidente. El hijo del este ex mandatario, Remigio Morales Bermúdez, señaló que su padre fue sentenciado de manera arbitraria por una decisión política, según fue citado por el canal oficial peruano TV Perú.
Un país puede juzgar crímenes cometidos fuera de su territorio por la nacionalidad de las víctimas (en este caso italianos) y cuando se trata de “graves crímenes internacionales que, de otro modo, quedarían en la impunidad“, explicó la abogada Cristina Blanco, coordinadora académica del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Perú y profesora en dicha institución. De ahí que haya sido Italia el país que profiriera la condena contra Morales.
La periodista de CNN Chile agradeció la distinción y recordó la trayectoria de Correa, quien es recordada como la entrevistadora más importante de la historia de Chile.
