El ex mandatario cumplía detención domiciliaria en su finca El Ubérrimo, en el norte de Colombia. La medida es de inmediato y obligatorio cumplimiento.
(CNN en Español) – La jueza del 30 Penal de Control de Garantías de Bogotá, Clara Salcedo, decidió este sábado dejar en libertad al ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien está siendo investigado por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno, que él rechaza. La medida es de inmediato y obligatorio cumplimiento.
Esta determinación fue tomada en audiencia pública, luego de que el 5 de octubre la Corte Suprema de Justicia conceptuó que la jueza estaba facultada para decidir sobre si Uribe, quien renunció a su fuero como senador, continuaba o no en detención domiciliaria en su finca El Ubérrimo, en el norte de Colombia.
Uribe renunció a su curul en el Senado el 18 de agosto argumentando “falta de garantías” por parte del alto tribunal de justicia, y su defensa pidió que su proceso fuera enviado a la Fiscalía para su conocimiento, lo cual sucedió.
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La medida de restricción de libertad contra el ex mandatario había sido impuesta por el alto tribunal el pasado 3 de agosto en un caso relacionado con la presunta manipulación de testigos contra el senador del partido Polo Democrático, Iván Cepeda, cargos que Uribe rechaza.
La jueza argumentó que, como el proceso pasó de estar en la Corte Suprema a la Fiscalía General de la Nación, es a esta última a la que corresponde realizar una nueva indagatoria y definir la respectiva situación jurídica del investigado.
Paradójicamente, la causa penal contra Uribe se podría resumir como la de un denunciante que terminó denunciado. Todo comenzó en 2014, cuando el ex presidente, del partido de gobierno Centro Democrático, denunció al actual senador Iván Cepeda por supuestamente estar ofreciendo beneficios jurídicos a varios ex paramilitares en las cárceles para que vincularan a Uribe con esos grupos armados de extrema derecha.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
