El abogado del exmandatario, Vincent Desry, anunció que apelarán al veredicto tras considerarlo "cuestionable", al tiempo que reiteró que su cliente "es inocente" y que "ninguna prueba le implica" en los hechos que se le reprochan.
(EFE) – El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado este miércoles a 6 meses de prisión efectiva y otros tantos exentos de cumplimiento en el juicio en apelación por la financiación ilegal de su campaña presidencial de 2012.
La pena es un poco más inferior que la impuesta en primera instancia en septiembre de 2021, que fue de un año de cárcel, y algo superior a lo que había solicitado la Fiscalía, que era de un año exento de cumplimiento.
El inquilino del Elíseo entre 2007 y 2012, de 69 años, y que en todo momento ha clamado su inocencia, anunció a través de sus abogados que recurrirá al Supremo por la pena, lo que deja en suspenso el cumplimiento de la misma.
Sarkozy es el primer expresidente francés condenado a una pena de prisión desde 1945, acudió al Tribunal de Apelación de París para escuchar la lectura del veredicto, y abandonó el Palacio de Justicia sin hacer declaraciones.
Su abogado, Vincent Desry, anunció el recurso ante el Supremo, al considerar “cuestionable” el veredicto, al tiempo que reiteró que su cliente “es inocente” y que “ninguna prueba le implica” en los hechos que se le reprochan, según dijo en declaraciones a la prensa.
Con esta nueva condena, Sarkozy acumula ya un año y medio de cárcel, ya que en mayo pasado el Tribunal de Apelación confirmó la pena a un año en un caso de tráfico de influencias, aunque ambos casos están ahora en manos del Supremo.
Además, el próximo año será juzgado por la presunta financiación de su campaña de 2007, la que le llevó al Elíseo, con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi. En paralelo a esta última investigación, Sarkozy está procesado por haber tratado de presionar a un testigo clave.
Su nombre también figura en otras investigaciones, como la posible corrupción en la atribución del Mundial de Fútbol de 2022 a Qatar.
En el caso de la financiación ilegal de la campaña de 2012, que Sarkozy perdió contra el socialista François Hollande, los jueces consideraron que se había creado un sistema de falsas facturas a través de una empresa llamada Bygmalion para ocultar los gastos reales y poder así superar los límites impuestos por la ley.
El expresidente gastó cerca de 43 millones de euros, casi el doble de lo permitido, en una carrera desenfrenada por dar la vuelta a los sondeos que le daban perdedor.
Aunque en primera instancia los magistrados no encontraron relación entre Sarkozy y esa trama de falsas facturas, consideraron que no podía desconocerla y que presionó para que se multiplicaran los mítines, pese a las advertencias oficiales sobre el elevado tren de gasto de la campaña.
“Fabulaciones” y “mentiras”, clamó el exmandatario durante el juicio en apelación que se celebró entre el 8 de noviembre y el 7 de diciembre pasados, en el que trató de desviar la responsabilidad a miembros de su campaña y de la empresa Bygmalion, a los que acusa de haberse enriquecido a su costa.
Tras conocer la sentencia, su abogado aseguró que “Sarkozy es inocente” y comparó la condena con la absolución del exministro François Bayrou, aliado centrista del presidente, Emmanuel Macron, por un caso de financiación ilegal de su partido político.
En esa ocasión, pese a considerar que eurodiputados del partido de Bayrou utilizaron a asistentes parlamentarios del Parlamento Europeo en funciones del partido, el tribunal consideró que él no era responsable, pese a ser el presidente del partido.
Ahora, los jueces consideran que Sarkozy sí es responsable de la trama de falsas facturas de las que se benefició, aunque no hay pruebas de que conociera su existencia.
Otras trece personas fueron condenadas en primera instancia por la financiación de la campaña de Sarkozy en 2012 a penas de hasta tres años y medio de cárcel. Entre ellos no figuraba el exdiputado Jérôme Lavrieux, que fue quien sacó a la luz ese sistema de falsas facturas en una entrevista televisiva que permitió abrir las pesquisas.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
