Los restos de las víctimas de la matanza de La Canuta, durante el periodo de Alberto Fujimori, fueron enterrados por sus familiares. "Todo se truncó a raíz del golpe que dio Alberto Fujimori y espero que esto nunca más se vuelva a repetir. Esto debe ser una lección para todos los peruanos que debemos pensar con justicia y paz", afirmó la madre de una de las víctimas.
(EFE) — Los restos de dos de las diez víctimas de la matanza de La Cantuta, cometida por el grupo militar encubierto Colina, fueron enterrados este sábado en Lima por sus familiares, tres décadas después de esos crímenes por los que fue condenado a 25 años de prisión el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
“Estos 31 años son la muestra del amor más grande, porque solo el amor nos ha motivado a buscar verdad y justicia, y hemos logrado que los autores materiales e intelectuales sean condenados, hemos conseguido verdad y justicia“, declaró Carolina Oyague, hermana de Dora Oyaque, una de las víctimas de la matanza.
Carolina participó junto con su madre, Carmen Oyague, en la ceremonia realizada en el cementerio “El Ángel” para enterrar los restos de su hermana junto con los de Amaro Cóndor, identificados plenamente juntos con los de Felipe Flores, Bertila Lozano y Marcelino Rosales.
Durante la ceremonia se indicó que los restos de Lozano, Flores y Rosales serán enterrados en sus regiones de origen.
En mayo pasado se informó que el Instituto de Medicina Legal había identificado, con pruebas de ADN, los restos de Oyague, Rosales, Lozano y Flores, que fueron cuatro de los nueve estudiantes universitarios secuestrados, asesinados y desaparecidos por el grupo Colina junto con el profesor Hugo Muñoz, en julio de 1992.
Cóndor también fue identificado el año pasado con los restos encontrados en una diligencia realizada en las fosas ubicadas en el distrito limeño de Cieneguilla, donde el grupo Colina enterró clandestinamente a sus víctimas.
Los restos de cuatro de las víctimas fueron enviados en 1993 a un laboratorio en Inglaterra, donde permanecieron hasta el año pasado, cuando la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) logró ubicarlos en el archivo del Servicio de Ciencias Forenses de la ciudad de Birmingham y tramitó su repatriación a Perú.
Carmen Oyaque recordó que con su hija planeaba abrir una escuela de educación inicial, la profesión que ella estudiaba en la universidad limeña Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta.
“Todo se truncó a raíz del golpe que dio Alberto Fujimori (el 5 de abril de 1992), y espero que esto nunca más se vuelva a repetir. Esto debe ser una lección para todos los peruanos que debemos pensar con justicia y paz”, remarcó.
Por su parte, Carolina Oyague agradeció “los esfuerzos que se han podido hacer” para que su hermana “pueda regresar finalmente a casa, a ser despedida como el ser humano que es”.
Resaltó que en los procesos judiciales se logró terminar con “todos estos años de estigmatización” que afrontaron y también se condenó “a los responsables de estos atroces crímenes”.
“Creo que nos queda aprender como país la fuerza del poder, decir no a la impunidad, al crimen, a la corrupción, de perseverar siempre en los principios y valores inquebrantables que fortalecen nuestra democracia y que no nos dejarán de hacer soñar en un país mejor para todos”, concluyó.
“La Cantuta” fue uno de los dos casos de violaciones de los derechos humanos por los que fue condenado Fujimori a 25 años de cárcel en 2009, una pena que cumple en la actualidad, junto con la matanza de Barrios Altos, en la que el Grupo Colina asesinó a 15 personas, entre ellas un niño de 8 años, en 1991.
Durante la ceremonia de este sábado se leyó un pronunciamiento en el que se enfatizó que los restos encontrados aún no “representan a las diez víctimas” de La Cantuta y que el Estado peruano tiene “la obligación de seguir buscando” los restos que aún faltan.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aseguró, previamente, que el equipo de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) acompañaría a los familiares “al entierro digno de sus seres queridos en el cementerio El Ángel, en Lima, y en lugares de entierro en otras regiones del país”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
