El precandidato presidencial por la Alianza Ciudadana, el economista Arturo Cruz, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Managua a su regreso de Estados Unidos, el 5 de junio pasado, mientras los precandidatos de la Unidad Nacional, el Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro, de la Alianza Ciudadana, fueron detenidos el 8 de junio, los tres investigados, informó la Policía Nacional por supuestas acciones contra la soberanía Nacional.
“Flagrante violación al derecho”
Jared Genser, abogado a nivel internacional de Maradiaga y Chamorro dijo este viernes en un comunicado desde Estados Unidos que su equipo legal en Managua no fue notificado de las supuestas audiencias en el país y de la presentación de estos cargos. Agregó que la forma en que fueron acusados constituye una “flagrante violación al derecho nicaragüense e internacional, violentando el derecho a una audiencia pública, a un poder judicial independiente, y a la presunción de inocencia”.
Los dirigentes opositores José Adán Aguerri, líder empresarial y la dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco Violeta Granera fueron detenidos el 8 de junio, José Pallais Benard, el 9 de junio y Tamara Dávila fue apresada el 12 de junio, todos por bajo investigación por supuestas acciones contra la soberanía nacional.
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Una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 24 de junio de 2021 concedió las medidas provisionales y requirió al Estado de Nicaragua para que “proceda a la liberación inmediata de los señores Juan Sebastián Chamorro García, José Adán Aguerri Chamorro, Félix Alejandro Maradiaga Blandón y Violeta Mercedes Granera Padilla” y “adopte de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, la integridad y libertad personal de los señores Juan Sebastián Chamorro García, José Adán Aguerri Chamorro, Félix Alejandro Maradiaga Blandón y Violeta Mercedes Granera Padilla y de sus núcleos familiares.
La Corte IDH también solicitó la adopción de medidas en favor de Tamara Dávila y su núcleo familiar el 19 de julio pasado. El Estado de Nicaragua aún no se ha pronunciado sobre estas resoluciones del organismo.
Según informó el Ministerio Público, el poder judicial admitió la causa y dictó prisión preventiva para los acusados.